La Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador (CNJE), este 24 de noviembre de 2025, presentó una acción de inconstitucionalidad de la ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia del IESS y el BIESS.
La presidenta de la Confederación, Ángela Muñoz, explicó que la acción se fundamenta en la necesidad de proteger derechos adquiridos, garantizar la estabilidad del sistema de pensiones y evitar retrocesos que afecten directamente la vida y dignidad de los jubilados en el país, debido a que la ley contiene disposiciones que vulneran principios constitucionales vinculados a la progresividad de derechos, la autonomía de la seguridad social y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Publicidad
La ley aprobada por la Asamblea Nacional fue publicada en el Registro Oficial el 1 de octubre de 2025, cuyo objetivo es asegurar la solidez financiera tanto del IESS como del BIESS y fortalecer el sistema crediticio del país. Se establece el retorno de fondos complementarios previsionales cerrados, gestión técnica de fideicomisos y fija mecanismos de control para garantizar la estabilidad de los recursos de afiliados y jubilados.
Según los accionantes la ley presenta disposiciones que contradicen principios constitucionales, especialmente aquellos vinculados a la seguridad social, la progresividad de derechos y la sostenibilidad del sistema de pensiones del IESS y la autonomía del sistema frente a posibles interferencias estatales.
Publicidad
Santiago Machuca, abogado constitucionalista que representa a la Confederación en este caso, explicó que laley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia del IESS y el BIESS, vulnera y restringe el ejercicio del derecho a la seguridad social. La ley está comprometiendo seriamente la sostenibilidad, la rentabilidad de todo el patrimonio del BIESS porque va a permitir que la cartera del BIESS, de los créditos, pueda ser vendida a la banca privada o que se utilice la cartera del portafolio de inversiones de esta entidad financiera en créditos que pueda obtener con otras entidades, bien sean nacionales o extranjeras.
Machuca agregó que si el BIESS prácticamente no cancelaría esos créditos, esa prenda sería ejecutada poniendo en riesgo en todo el patrimonio de esta entidad financiera que es el sostén de los fondos y las reservas de los afiliados y en este caso también de los jubilados.
La constitución, añadió, establece que los fondos, los recursos y el sistema de seguridad social no puede ser privatizado. Si se traslada los fondos, los recursos del IESS, bien sea como prenda, bien sea como venta, es una forma de privatización.
Dijo que es de interés de los jubilados que el BIESS sea rentable para que se puedan dar una serie de prestaciones en salud, las prestaciones a los jubilados, los beneficios sociales que se brindan a los jubilados, pero también sobre todo la prestación en salud que es fundamental. Si no existe esa sostenibilidad, no podrá haber las prestaciones.
Machuca afirmó que el gobierno está buscando privatizar el BIESS y ese es el primer paso para privatizar todo el sistema de seguridad social y sobre todo está jugando con los fondos y con las reservas del BIESS para poder hacer negocios con la banca privada, lo cual es intolerable, apuntó.
Reiteró que hay una prohibición expresa que el gobierno pueda utilizar los fondos del BIESS y del IESS, por esa razón la acción de inconstitucionalidad contra la ley vigente desde el 1 de octubre pasado, es por la forma y por el fondo.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad tiene sus dueños y estos son los afiliados y los jubilados, recalcó la presidenta del Consejo Nacional de Jubilados y Pensionistas, Ángela Muñoz, quien señaló que la ley cuestionada atenta contra la seguridad y la salud del jubilado, y más aún, cuando en el Consejo Directivo del IESS no existe el representante de los afiliados y jubilados. Dijo que la Confederación envió una carta al presidente Daniel Noboa, y no ha recibido respuesta. (I)