Desde su génesis, el concurso público para designar al nuevo titular de la Contraloría General del Estado se vio envuelto en críticas por cómo se construyó el reglamento para efectuar la designación, del cual ya se advierte que provocará reclamos.

Al momento, el proceso está en la etapa de conformación de la comisión ciudadana de selección, la que a su vez se encargará de organizar el concurso del que se conocerá al próximo contralor. Sus principales actividades serán la calificación de méritos, tomar el examen de conocimientos y la etapa de impugnación ciudadana para quienes se postulen a dirigir la Contraloría.

Sobre este primer concurso surgió una alerta desde la veeduría ciudadana, cuya labor es vigilar que los procedimientos se realicen con transparencia.

El coordinador de esta veeduría, Guido Egas Tello, envió al CPCCS un oficio alertando de actos y omisiones que afectan la transparencia del concurso, alegando que no le respondían pedidos de información sobre los avances del proceso, cronograma, presupuesto fijado, entre otros aspectos.

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En su ejercicio de observación, los veedores constataron que no existían criterios uniformes para la revisión del cumplimiento de requisitos de admisibilidad a 156 ciudadanos que buscan ser comisionados, que realiza un equipo técnico.

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El efecto fue que 63 concursantes consten por el momento como inadmitidos porque dicho equipo -integrado por delegados de los cuatro consejeros que hacen la mayoría en el Consejo- detectaron criterios subjetivos para aplicar la Ley del Consejo de Participación Ciudadana.

Ello se constata en el informe que elaboraron y que refieren que los numerales 4, 5 y 6 del artículo 20 del texto legal contiene “términos subjetivos” para su verificación.

La norma determina que los ciudadanos que quieren ser comisionados deben cumplir los mismos requisitos para ser consejero del CPCCS. El numeral 4 dispone que deben acreditar “probidad notoria reconocida en el manejo adecuado y transparente de fondos públicos para aquellas personas que los hayan manejado; desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones”.

El 5, tener trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. Y el 6, poseer título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación superior.

Como parte de las reformas a la ley vigentes desde 2018, se hizo un alcance a estos numerales, para lo que la trayectoria en organizaciones sociales consiste en haber sido miembro o socio durante los últimos cinco años.

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Mientras que la trayectoria en participación ciudadana consiste en acreditar al menos tres o más iniciativas, realizadas durante los últimos cinco años.

El equipo técnico resolvió que para verificar la trayectoria en grupos sociales, los aspirantes debían presentar documentos que lo sustenten sean estos certificados o cartas de recomendación.

Justificaron que se trató de “eliminar cualquier margen de subjetividad”; y recomendaron al pleno inadmitir a los 63 aspirantes.

Ante esto, los consejeros resolvieron pedir una ampliación de este informe, para evitar una posible afectación a los derechos de participación.

Egas advirtió que en esta fase el equipo técnico tenía dudas para resolver si los postulantes cumplían o no con los cinco años en gestión en colectivos sociales. Ello, porque en el instructivo para la conformación de comisiones ciudadanas, el desempeño en funciones de responsabilidad de dirección o gestión en organizaciones sociales se menciona un tiempo mínimo de desempeño por un año.

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“Si la ley dice que deben cumplir los mismos requisitos que un consejero que señala cinco años, ¿por qué en el instructivo se señala un año?”, cuestionó el veedor.

Otro hecho que inquieta es que con el concurso en marcha, una vez que el CPCCS convocó a la ciudadanía a postularse para ser comisionado, resolvió modificar con una fe de erratas el puntaje que constaba en el instructivo.

En el Registro Oficial del 27 de octubre de 2021 se publicó un “alcance a una fe de erratas” a una primera fe de erratas divulgada el 28 de septiembre al instructivo al reglamento para el concurso para la designación de la autoridad de la Contraloría General del Estado.

En esta última se pidió que se cambie con una fe de erratas el cuadro de valoración de méritos del numeral 3.1 sobre Liderazgo para que conste: “Se reconocerá cada actividad por dos puntos”.

Pero el pleno aprobó la norma con el texto “se reconocerá cada actividad por un (2) punto”.

El artículo dispone que se calificará el liderazgo con un acumulable de hasta ocho puntos por haber liderado o participado en actividades o iniciativas relacionadas con derecho, economía, control gubernamental, ética pública, entre otras.

“Esto fue como que cuando está empezando el partido, cambian las reglas del juego, lo que ha causado malestar en las personas que están participando en el concurso”, aseveró Egas.

El pasado 1 de diciembre, durante una plenaria, el consejero Hernán Ulloa mocionó que se reciba a este veedor para escuchar sus preocupaciones sobre el desarrollo del proceso. Pero bloquearon su pedido los vocales de mayoría: Sofía Almeida, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Javier Dávalos.

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Luego, Rosero mocionó que se lo convoque para la siguiente plenaria, la que se aprobó con el voto de sus otros tres colegas de la mayoría y el suyo. Los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira se abstuvieron porque aspiraban a que ese miércoles sea recibido.

La presidenta Sofía Almeida detallaba justificaciones respecto de las alertas de este veedor. Como que había solicitado información personal que era reservada; que no había personal que gestione los pedidos; y que estaba pidiendo información como el presupuesto para realizar el concurso que lo podía leer en los medios de comunicación.

Detalló que hay otros observadores que tienen una postura diferente a la de Egas, al tiempo que advirtió que (los veedores) están prohibidos de dar declaraciones a la prensa. Sin embargo, lo que impide el reglamento para el ejercicio de las veedurías es divulgar información reservada o falsa sobre el proceso.

El nuevo contralor debería estar designado en marzo del 2022, cuando concluye el periodo para el cual fue electo Carlos Pólit Faggioni, prófugo de la justicia, tras ser procesado por concusión en el caso Odebrecht.

Ese periodo lo terminaría Carlos Riofrío González, que también remplazó a Pablo Celi, procesado en el caso Las Torres. (I)

Sofía Almeida dispone que toda solicitud de información pase por su despacho

El pasado 28 de octubre, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, decidió que “toda solicitud de información que ingrese a los despachos o áreas”, deberá ser puesta en su conocimiento.

El objetivo es realizar una “revisión previa respuesta” y será ella la que suscriba la documentación.

La autoridad argumentó en un oficio remitido al personal del CPCCS, que la finalidad es “dar respuesta oportuna” a las solicitudes de información que hagan los ciudadanos y autoridades del sector público.

En ese sentido, dispuso que todo documento que sea reasignado a las diferentes áreas por el despacho de su presidencia para elaborar la respuesta deberá ser reasignado a la misma presidencia con anexos o documentos de soporte, con base en el Sistema de Gestión Documental-Quipux.

Uno de los consejeros que cuestionó esta decisión fue Hernán Ulloa que pidió a Almeida considerar que al ser autoridades también pueden solicitar y acceder a la información que requieran para el cumplimiento de sus funciones. (I)