La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y sus regionales Ecuarunari, Confeniae y Conaice denunciaron este viernes, 22 de agosto, un patrón sistemático de persecución y espionaje en contra de Leonidas Iza, expresidente de la organización, y responsabilizaron al Estado ecuatoriano por estas acciones que pretenden “intimidar y debilitar a quienes defienden la justicia indígena”.

El pronunciamiento en redes sociales se da luego de que Iza fuera denunciado el 20 de agosto ante la Fiscalía General del Estado por el delito de secuestro aparentemente cometido en contra de los tres uniformados que estaban retenidos desde el 18 de agosto pasado en la comunidad de San Ignacio, en la parroquia de Toacaso (Cotopaxi).

Según dirigentes indígenas locales, los tres uniformados fueron retenidos por supuestamente intentar atentar contra la vida de Iza mientras le hacían actividades de inteligencia y contrainteligencia.

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Los policías fueron liberados a las 19:10 del jueves, 21 de agosto, luego de ser declarados culpables de “invadir” el territorio indígena, por un tribunal de justicia conformado por los líderes de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc). Para exigir su liberación, la Policía Nacional interpuso un habeas corpus.

En el comunicado, la Conaie denunció que estas prácticas “buscan sembrar miedo, división y debilitamiento del tejido social, generando una imagen de sospecha permanente sobre quienes defienden la vida, los territorios y los derechos colectivos”.

Además, calificó los hechos como “mecanismos de persecución política” que contradicen los principios de un Estado constitucional y que evidencian “una estrategia planificada de amedrentamiento desde el poder”.

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La organización exigió al Gobierno el cese de la persecución, el espionaje y el hostigamiento contra sus dirigentes, y advirtió que el país tiene derecho a conocer si desde las instituciones estatales se está consolidando una oficina de espionaje político.

Asimismo, recordó que la violación de un territorio bajo jurisdicción indígena “altera profundamente la vida colectiva” y que, según el artículo 171 de la Constitución, corresponde la aplicación de la justicia indígena, respaldada también por convenios internacionales.

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“Respetar la justicia indígena es una obligación constitucional y un pilar fundamental para la garantía de la plurinacionalidad”, enfatizó la Conaie.

(I)