Con acciones de protesta de grupos feministas, la Asamblea Nacional instaló, este 25 de enero, la sesión 758 para conocer y resolver sobre el informe para segundo y definitivo debate sobre el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.

A pesar de que la sesión es virtual, organizaciones feministas se concentraron en las inmediaciones del Parlamento para manifestarse frente al trámite de este proyecto, cuyo punto polémico está en el artículo 19 que tiene relación con el plazo en que se podría realizar la interrupción del embarazo por violación.

La comisión legislativa de Justicia recomendó al pleno de la Asamblea un texto donde se determina que las niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, víctimas de violación, pueden libre y voluntariamente interrumpir el embarazo hasta las 22 semanas de gestación (cinco meses y medio); en tanto que las mujeres mayores de 18 años de edad pueden interrumpir el embarazo por violación a las 20 semanas (cinco meses de gestación); para el caso de personas con discapacidad víctimas de violación se observará la Guía de Práctica Clínica denominada Atención del Aborto Terapéutico.

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Una vez instalada la sesión legislativa, la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, dio paso a una comisión general para recibir a grupos a favor y en contra del proyecto de ley en discusión, que en total suman 21 representantes.

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Desde el sector de feministas, Cristina Cachaguay, presidenta nacional de mujeres por el cambio, señaló que acudieron al Parlamento para acompañar a sus voceras que darán a conocer su propósito que es aprobar una ley justa y reparadora.

Este sector, dijo Cachaguay, permanecerán vigilantes del debate legislativo respecto a la ley de la interrupción de embarazo por violación y que esperan que el Parlamento apruebe una normativa que pueda dignificar la vida de las niñas que diariamente son violadas en el país.

En cambio, 33 organizaciones provida emitieron un comunicado donde solicitan a los legisladores rechazar el proyecto de Ley que a su criterio atenta contra los principios constitucionales del país.

Que se suman a todas las iniciativas que permitan el derecho a una vida libre de violencia, tanto antes como después de nacer, aunando esfuerzos para que incluso a través de una consulta popular se brinden estos derechos, protegiendo a todos los niños desde la concepción y previniendo la violencia durante su vida, siendo muy necesario revisar las atribuciones que la Corte Constitucional ha demostrado en los últimos años, en su extralimitado actuar. (I)