Con siete votos a favor, dos en contra y una abstención, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó esta noche el informe para segundo debate de la Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en casos de Violación, el cual fue presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que dispuso a esa institución preparar dicho proyecto de ley.

Este deberá ser tratado aún por el pleno en segundo y definitivo debate, muy posiblemente esta misma semana. La Comisión se instaló hacia las 20:27 y terminó a las 23:44.

En primera instancia se leyó el texto del informe de mayoría, una propuesta de 83 páginas, que había sido modificado el sábado 15 de enero. Es que la Comisión de Justicia aprobó este sábado con seis votos afirmativos, tres en contra y una abstención el texto alternativo al artículo 19, referente a la temporalidad del proyecto de ley.

La moción planteada por la asambleísta Johanna Moreira estableció tres plazos a efectos de garantizar el derecho a tomar una decisión libre y voluntaria de interrumpir el embarazo, considerando las características especiales de cada grupo etario y que merecen atención prioritaria por parte del Estado.

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Así, al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación; para mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 20 semanas.

En el caso de personas con discapacidad mental víctimas de violación, se observará lo dispuesto en la guía de práctica clínica denominada Atención del embarazo terapéutico”, expedida por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

Además, se señalaba que las semanas de gestación serán única y exclusivamente verificadas por el profesional de salud luego de los exámenes correspondientes, y en caso de encontrarse dentro de las semanas autorizadas por esta ley, se procederá a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo por violación.

En la propuesta original se pensaba que el plazo máximo para la interrupción del embarazo en caso de violación podría ser de 28 semanas, es decir, 7 meses.

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Durante la lectura del texto se pudo identificar que la ley se aplicará, además de a las niñas, mujeres y adolescentes que quieran voluntariamente interrumpir el embarazo en caso de violación, también a personas gestantes de la diversidad de sexo genérica.

También se indicó que la persona solicitante se podrá acoger a la ley independientemente de su estado migratorio. Adicionalmente, se indicó que, tras la solicitud de la persona, el personal médico debe atender dicha solicitud en máximo cuatro días. El texto de ley también indica que se respetan los procedimientos ancestrales que se pudieran adoptar para este fin.

La votación de los miembros de la Comisión fue la siguiente:

  • Lina Farinango, a favor.
  • José Agualsaca, a favor.
  • José Chimbo, a favor (sigue sosteniendo temporalidad de doce semanas).
  • Dalton Bacigalupo, abstención.
  • Sofía Espín, en contra (presenta informe de minoría).
  • Gisella Garzón, a favor.
  • Alejandro Jaramillo, a favor.
  • Johana Moreira, a favor.
  • Ricardo Vanegas, en contra.
  • Yahaira Urresta, a favor.

El sábado, el presidente de la República había advertido que vetaría la ley, pues a su criterio el texto estaba yendo más allá de lo que había ordenado la Corte Constitucional.