La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social inició la fiscalización a los contratos que el Gobierno nacional suscribió con la empresa estadounidense Progen, para la generación de energía eléctrica.
La mesa legislativa, presidida por la asambleísta del oficialismo Diana Jácome (ADN), convocó este 2 de julio a comparecer al viceministro de Electricidad, Fabián Calero; al exgerente de la Unidad de Negocio Termopichincha Byron Orozco; y al exgerente de la Unidad de Negocios Electroguayas Manuel Barberán.
Antes de que se instale la sesión, el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Guido Mendoza pidió un cambio de orden del día, para que en el proceso de fiscalización se incluya el contrato adjudicado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur para la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo por un monto de $ 20 millones.
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“Este fue el primero que se adjudicó a Progen en el país. Todos los contratos que se han dado a Progen dan un total de $ 179 millones”, dijo el legislador.
El cambio de orden no fue aprobado. En la comisión hubo siete votos en abstención y tres a favor.
Sin embargo, el legislador Jorge Chamba (ADN) presentó una moción para que este contrato sea fiscalizado en un nuevo proceso en la misma comisión. La propuesta se aprobó con diez votos a favor.
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El proceso de fiscalización se deriva de dos contratos que el Gobierno contrajo con Progen, por $ 149 millones en agosto de 2024, para instalar 150 megavatios para Quevedo y El Salitral.
El problema es porque la compañía estadounidense habría entregado generadores usados.
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Incluso, Progen presentó un pedido de medidas cautelares, que el árbitro de emergencia designado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana (Amcham) rechazó el 2 de julio de 2025.
En la Asamblea Nacional hubo una pugna por la fiscalización de los contratos de Progen, debido a que la Comisión de Garantías Constitucionales, conformada por asambleístas del correísmo, y la de Transparencia anunciaron la investigación de este caso.
Sin embargo, tras una resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), el proceso de fiscalización fue enviado a la Comisión de Transparencia, presidida por Jácome. (I)
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