La Comisión de Fiscalización aprobó un plan de trabajo que implica investigar 57 casos planteados por los asambleístas que integran ese organismo legislativo, donde advierten y sospechan de irregularidades administrativas, indicios de corrupción y afectación a los recursos del Estado. Todo este plan debe ejecutarse hasta diciembre del 2021.

A esto se agregarán los temas de coyuntura que se presenten en los próximos siete meses, donde la comisión abrirá las investigaciones necesarias, así como los procesos de juicio político que se presenten. Este plan lo aprobaron ocho de los nueve legisladores; el asambleísta Bruno Segovia (PachakutiK) no estuvo presente.

De la lista de peticiones de investigación la mayoría se concentra en el área de los contratos petroleros suscritos por anteriores gobiernos con empresas chinas; también los legisladores muestran interés por investigar hechos de corrupción sobre sobornos de Odebrecht a cambio de asignación de la obra pública; la concesión para la operación de las empresas eléctricas es otro de los aspectos donde hay interés por indagar desde la Asamblea Nacional.

Un centenar de pedidos de información y datos hizo la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional

El manejo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y un supuesto reparto de hospitales consta en el largo listado de pedido de indagación política, así como los informes emitidos por la Contraloría del Estado; el proceso de inversión de becas para estudios en el exterior; casos de supuesta corrupción cometidos en el gobierno de Lenín Moreno, también constan en la lista aprobada este 7 de junio por los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

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De la acción fiscalizadora no se quedará el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; las concesiones en materia de minería y de carreteras, que también serán sometidas a investigación política.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que para cumplir la agenda trabajaran todos los días, para así cerrar la página oprobiosa de una comisión que era de archivo; por lo tanto, “este plan de trabajo tiene que ser cumplido y fortalecido por cada uno de los integrantes de esta comisión hasta diciembre del 2021”.

Indicó que temas de corrupción en el IESS, así como en los hospitales siguen asomando todas las semanas y que la Comisión de Fiscalización realizará su aporte investigativo para determinar a los responsables, sea por acción u omisión.

En el plan de trabajo también está el trabajo desarrollado por la Contraloría del Estado, donde se indagarán las razones por las cuales se han desvanecido glosas importantes de instituciones públicas y de los gobiernos autónomos descentralizados.

La Comisión de Fiscalización procesará el juicio político en contra del contralor del Estado, Pablo Celi, quien está investigado y guarda prisión preventiva por ser considerado como uno de los autores del delito de delincuencia organizada. Este juicio planteado por el asambleísta reelecto Juan Lloret (UNES) ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa.

En la agenda aprobada hay casos entre los cuales coinciden algunos legisladores, por lo que se recomendó a secretaría que se compendien en un solo proceso para la investigación respectiva.

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El legislador Villavicencio planteó 23 investigaciones; en tanto que Ana Belén Cordero (BAN-CREO) presentó cuatro casos al igual que la socialcristiana Soledad Diab; Marco Troya (BAN-EU) solicitó ocho procesos de investigación; Pedro Velasco (BAN-Avanza), once peticiones; la bancada Unión por la Esperanza (UNES) planteó doce investigaciones; en tanto que Bruno Segovia (Pachakutik) incluyó un pedido general de investigación. De concretarse este plan, los resultados de las investigaciones saldrán a cuenta de ocho casos por mes.

Roberto Cuero, legislador de UNES, indicó que el juicio al contralor Celi requiere de una atención inmediata, y que también no puede quedar en el aire el juicio político al exministro de Finanzas Richard Martínez, acusado de priorizar el pago de deuda externa en medio de la pandemia del COVID-19.

La asambleísta Ana Belén Cordero (BAN-CREO) fue la encargada de proponer la moción de aprobación del plan de trabajo de la Comisión y pidió apoyo en la Comisión para investigar los resultados obtenidos tras la inversión en universidades consideradas emblemáticas.

María Gabriela Molina (UNES) propuso que antes de iniciar las investigaciones se determine cuáles son los procesos que ya se ventilan dentro de la justicia ordinaria, a fin de evitar malentendidos de que la Comisión de Fiscalización se está extralimitando en sus funciones. En su exposición incluyó que se incorpore una investigación sobre la entrega de bombas lacrimógenas por parte del gobierno de Lenín Moreno al Gobierno de Bolivia.

Pedidos de investigación aprobados

Fernando Villavicencio (Concertación-PSE)

  • Petrochina, investigar el convenio de Alianza Estratégica entre Ecuador y China en el 2009, donde Ecuador comprometió hasta el 2024 un total de 1.300 millones de barriles de crudo a precios descontados y con libre destino.
  • Gunvor, en este caso se investigarán pagos de sobornos realizados a través de consultores a altos funcionarios de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno; según el denunciante Gunvor revendía el crudo de Petroecuador a precios del mercado a través de intermediarios.
  • Worley Parsons, la empresa demandó al Estado por $ 100 millones por incumplimientos contractuales; tiene varios informes de la Contraloría General del Estado con responsabilidad administrativa y penal que suman millonarias glosas.
  • PetroTailandia, se investigarán los términos de los contratos petroleros, el asambleísta señala que se usó el mismo mecanismo de Petrochina.
  • Refinería de Esmeraldas, se indagará un sobreprecio de 1.156% del proceso de repotenciación de la refinería y se determinará qué autoridades de Petroecuador recibieron sobornos.
  • Manduriacu, proyecto hidroeléctrico adjudicado a Odebrecht tendría un sobreprecio del 82% de la obra, cuyo precio inicial fue de $ 121,8 millones.
  • Refinería del Pacífico, se investigará el contrato de construcción de esa obra por $ 1.523 millones, en la actualidad no hay infraestructura para su operación, tampoco el financiamiento para continuar con la obra.
  • Poliducto Pascuales-Cuenca, se determinará un supuesto sobreprecio del 150% en la adjudicación de la obra Odebrecht.
  • PDVSA-Ancap, investigar los contratos de intercambio de crudo por derivados suscritos entre Petroecuador y Ancap, en el que se manejó un monto superior a los $ 4.900 millones.
  • Toachi-Pilatón, la investigación estará enfocada en el costo de la obra adjudicada a Odebrecht; pago de sobornos.
  • Coca Codo Sinclair, se investigará la construcción de la obra realizada por Sinohydro a un costo de $2.300, en la cual la Contraloría detectó una cadena de irregularidades.
  • Ina Papers, investigaciones periodísticas revelaron que empresas offshore constituidas por Edwin Moreno Garcés, Conto Patiño Martínez, Xavier Macías Carmigniani y María Auxiliadora Patiño, compraron varios bienes muebles y muebles para el presidente Lenín Moreno Garcés, su esposa e hijas.
  • Minería, se investigará la explotación del yacimiento de cobre en Llurimagua en Imbabura; el proyecto Mirador asignado a Ecuacorriente; y, el proyecto minero en Intag.
  • Contratos de servicios específicos, investigar la entrega de los campos petroleros Auca, Singue, Armadillo y Bloque 31.
  • Carreteras, investigar incrementos injustificados de entre el 6% y el 270% en proyectos viales a través de contratos complementarios. Se revisará la asignación de contratos de la ruta Collas; ruta Viva; y, la prolongación de la Simón Bolívar, que según investigaciones periodísticas Odebrecht pagó coimas.
  • Sucre, investigar un supuesto sistema de lavado de dinero entre Ecuador y Venezuela; que se habrían lavado unos $ 2.000 millones a través de los bancos centrales de ambos países.
  • Reconstrucción de Manabí, indagar el manejo irregular de los fondos de la reconstrucción por el terremoto de Manabí y Esmeraldas.
  • Complejo Legislativo, la construcción del Complejo Legislativo arrancó en la administración de Fernando Cordero (AP), con un costo de $ 24 millones, pero nueve años más tarde solo hay un avance del 44% y el precio alcanzó a $ 77,8 millones.
  • Hospitales, investigar el supuesto reparto de los hospitales como cuotas políticas a cambio de conseguir mayoría parlamentaria en favor de los proyectos legislativos del Gobierno.
  • Puertos, investigar la concesión de los puertos de Manta, Posorja y Bolívar, con base en informes de la Contraloría que determinó irregularidades en los procesos de licitación y adjudicación.
  • Tranvía de Cuenca, indagar la construcción de este medio de transporte en la ciudad de Cuenca en la administración de Paúl Granda; un borrador del examen de la Contraloría determinó 15 observaciones.
  • Contratos petroleros, renegociación de contratos de prestación de servicios y de servicios específicos para la exploración y explotación petrolera.
  • Laudos arbitrales, solicitar información e investigar todos los laudos arbitrales y costo de la defensa del Estado, caso Ciadi Uncitral.

Ana Belén Cordero (BAN-CREO)

  • Fiscalización de becas, investigar el proceso de administración y control de las becas asignadas a estudiantes de las universidades como UNAE, IAEN, Yachay, Ikiam y Universidad de las Artes; se determinarán los presupuestos destinados para educación frente a los gastos administrativos.
  • IFTH, se indagarán en el Instituto de Fomento de Talento Humano (IFTH) las becas y asignación de presupuesto para estudiantes en el extranjero, por lo que se investigará el cumplimiento de los contratos, se analizará la situación estudiantil real.
  • DGAC, investigar en la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) la asignación y reasignación de frecuencias, otorgamiento de permisos de operación, control de cumplimiento de frecuencias y administración de aeropuertos sin concesión.
  • TAME, investigar todo el proceso de liquidación de la empresa.

Soledad Diab (PSC)

  • Energía eléctrica, investigar la afectación a la población por las constantes alzas injustificadas en los cobros de consumo de energía eléctrica domiciliaria, además del sometimiento con un pliego tarifario que sería inconstitucional por ser discriminatorio y selectivo.
  • Banca nacional, determinar responsabilidades y formas de resarcimiento e información púbica sobre sanciones a la banca nacional para evitar que sus acciones afecten a la economía de los ecuatorianos.
  • Telefonía celular, indagar la información entregada por ciudadanos, que en los últimos meses han sido víctimas de la vulneración de sus derechos por las compañías encargadas de suministrar el servicio de telefonía celular en las modalidades prepago y pospago.
  • Sistema de provisión de agua cruda en Manabí, investigar un supuesto mal uso del sistema de provisión de agua cruda para los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó.

Marco Troya (BAN-EU)

  • Caso Gea Internacional, investigar los débitos indebidos y no autorizados a los cuentacorrentistas para solventar seguros de crédito e implementación de medidas que garanticen la devolución del dinero a todas las personas que fueron afectadas por estos cobros ilegales. Esta retención fue ejecutada a través de la empresa GEA Internacional, inobservando lo previsto en el Código Orgánico Monetario Financiero.
  • Celec EP, solicitar la información a Celec EP sobre el funcionamiento de las centrales térmicas, capacidad, presupuesto y operación.
  • Inversiones IESS, fiscalizar todas las inversiones realizadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, determinando el tipo de proyecto, ubicación y montos.
  • Costos de gastos médicos en UCI, investigar los costos que asumen los usuarios por emergencias en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por contagios del COVID-19.
  • Radiografía sobre el Estado y situación de las empresas incautadas a los grupos económicos.
  • Petroecuador, corrupción y comercialización de crudo.
  • Evaluación de la gestión de las empresas públicas, auditoría de sus liquidaciones interminables con la generación de ingentes gastos para el Estado ecuatoriano.
  • Contraloría, investigar del desvanecimiento de glosas.

Pedro Velasco (BAN-AVANZA)

  • Adquisiciones IESS, fiscalizar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social respecto a los procesos de adquisición y distribución de medicamentos para hospitales y dispensarios del IESS.
  • Desvanecimiento de glosas, fiscalizar la gestión de la Contraloría General del Estado durante el período de funciones del doctor Pablo Celi; en especial sobre los informes de desvanecimiento de glosas a empresas contratistas del Estado.
  • Concesión de frecuencias de transporte, fiscalizar el proceso de concesión de frecuencias a empresas y cooperativas de transporte interprovincial de pasajeros, a cargo de la Agencia Nacional de Tránsito.
  • Mercaderías incautadas en la Senae, fiscalizar el uso, destino y los procesos de incautación.
  • Contraloría General del Estado, seguimiento a los informes emitidos por la Contraloría General del Estado, relacionados con procesos de control a entidades seccionales.

Bancada Unión por la Esperanza (UNES)

Los asambleístas Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdova presentaron a la Comisión de Fiscalización una lista de casos que a su criterio deben tener prioridad en la fiscalización.

  • Enjuiciamiento político a los exministros de Finanzas Richard Martínez y de Energía René Ortiz y al contralor del Estado, Pablo Celi.
  • Seguimiento a denuncias presentadas sobre el caso INA Papers.
  • Fiscalización sobre informe de la Comisión de la Verdad integrada por Defensoría del Pueblo, respecto a los hechos de octubre del 2019.
  • Fiscalización respecto al plan de vacunación COVID-19, compra de vacunas y plan de inmunización.
  • Fiscalización al cumplimiento de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Especial Territorial Amazónica.
  • Fiscalización al fortalecimiento del Sistema de Educación Superior en la Amazonía y creación de universidades.
  • Fiscalización de los compromisos presidenciales suscritos con la provincia de Sucumbíos en agosto del 2019.
  • Fiscalización a la remediación ambiental y pasivos ambientales de la industria petrolera.
  • Fiscalización sobre las obras viales, montos de inversión y avances en la ejecución de la red vial amazónica, durante el periodo 2017-2021.
  • Solicitar información y fiscalizar a CNEL EP, a la entidad reguladora, a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables ARC, por el excesivo cobro en las planillas de energía eléctrica.
  • Solicitar información a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, sobre las acciones realizadas, luego de que la Asamblea Nacional en agosto del 2020 resolvió exigir que la Fiscalía investigue y procese a todos los involucrados en el Gobierno nacional, la Asamblea Nacional, demás instituciones públicas y sector privado, sobre los escándalos en salud pública.
  • Investigar sobre la entrega de bombas lacrimógenas por parte del gobierno de Lenín Moreno al Gobierno de Bolivia de Jeanine Áñez.

Bruno Segovia (Pachakutik)

  • Revisión exhaustiva de todos los años, solicitar y verificar los casos represados dentro de la Comisión de Fiscalización en periodos anteriores, impulsar la revisión de los mismos y atender de manera eficiente y oportuna todos los casos que se presenten en el ejercicio de las funciones de la Comisión. (I)