Las reacciones en contra de que la interrupción del embarazo por violación pueda realizarse hasta las 28 semanas de gestación (siete meses), para las mujeres mayores de 18 años, y sin plazo para las niñas, adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad, motivaron a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional a revisar la decisión que aprobó en el informe final del proyecto de ley.