Las reacciones en contra de que la interrupción del embarazo por violación pueda realizarse hasta las 28 semanas de gestación (siete meses), para las mujeres mayores de 18 años, y sin plazo para las niñas, adolescentes menores de 18 años y mujeres con discapacidad, motivaron a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional a revisar la decisión que aprobó en el informe final del proyecto de ley.

La mesa legislativa retomará el tema el viernes, 14 de enero, con la participación de expertos médicos que aportarán con criterios científicos y técnicos. Este será el único punto que se volverá a avaluar, pese a que obtuvo una votación favorable con seis votos positivos.

Los demás artículos y disposiciones de la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación ya fueron sometidos a votación y no se tocarán.

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Así lo resolvieron los diez asambleístas que integran la mesa al aceptar el pedido del legislador Alejandro Jaramillo (ID), presidente de la Comisión, durante la sesión 066, que se llevó a cabo el 12 de enero, en una extensa jornada de trabajo que terminó a las 22:30.

“Podríamos plantear un nuevo plazo, un poco más argumentado y fundamentado, que logre una mayor convergencia de las bancadas políticas”, sugirió Jaramillo.

Después de la sesión del viernes se dará tiempo a que el equipo técnico de la Comisión pula la redacción del documento. De esa manera, el informe del proyecto de ley se someterá a votación en la mesa el lunes, 17 enero. Posteriormente, pasará a discutirse en el pleno de la Asamblea.

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La asambleísta Johanna Moreira (ID) dijo que es importante llegar a un consenso mayoritario con los legisladores de las demás bancadas, no solo dentro de la mesa, que sintonizan con la línea “de defender los derechos de niñas, mujeres y adolescentes que han sido violentadas y que hayan quedado embarazadas”.

Moreira enfatizó que se deben discutir los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Se debe cuidar que “no se cruce la línea” y no se confunda a la ciudadanía, agregó.

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La legisladora por UNES Jhajaira Urresta dijo que hay que evitar el mecanismo que se defina debe ser una “herramienta de derecho, dignidad y sobre todo de cuidado”.

Sofía Espín (UNES) mencionó que entregó a los miembros de la Comisión un informe de minoría, el cual será expuesto en los siguientes días. Y recordó a su compañera Urrestra que en la bancada de la Revolución Ciudadana “hay libertad para tomar diferentes posiciones, según los principios que uno tenga”.

“Esperemos que realmente escuchen a los criterios científicos técnicos y que esta Comisión respete la sentencia de la Corte Constitucional que sí manda a poner tiempo”, comentó Espín.

El parlamentario Ricardo Vanegas (PK) participó con Espín en la elaboración del informe de minoría. Estuvo de acuerdo con reconsiderar la decisión inicial de la Comisión, a la cual se opone.

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“Es algo totalmente fuera de lugar, pretender extender a siete meses el plazo para poder interrumpir el embarazo. Y en el caso de las menores y adolescentes, a nueve meses. Eso, para mí, es abominable y criminal”, repitió Vanegas.

El legislador por Pachakutik recordó que la mesa ya recibió en su momento a especialistas médicos, psicólogos, abogados. “Ya nosotros sabemos realmente lo que se puede poner como plazo, pero si usted (Alejandro Jaramillo) quiere seguir alargando esto, espero que luego de los debates se proceda con la reconsideración de ese artículo que ya fue aprobado”, dijo.

Los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación están en el artículo 19 del proyecto de ley. (I)