Por unanimidad, al mediodía de este domingo, 10 de diciembre, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre el proyecto de Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo remitido por el presidente Daniel Noboa. Con ello se cierra la primera parte del tratamiento en la comisión y el documento pasa a ser conocido y debatido por el pleno del Legislativo.
A favor de aprobar el informe elaborado votaron la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN); Blasco Luna, Lenín Lara y Katiuska Miranda, de la Revolución Ciudadana (RC); José Acaiturri, del Partido Social Cristiano (PSC); Nicole Saca, de la alianza oficialista ADN; y Steven Ordóñez, Pedro Velasco y Karina Subía, de Actuemos. La moción para aprobar el documento la hizo la legisladora Subía.
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La comisión recibió en esta primera parte 26 comparecencias en cinco sesiones; se receptaron más de 52 observaciones y aportes de parte de asambleístas y otras organizaciones públicas y privadas. La noche del 27 de noviembre pasado, Noboa envió al Legislativo un documento de 96 páginas con el que planteaba reformas a varios cuerpos legales.
Daniel Noboa envió a la Asamblea su proyecto de reforma tributaria
Al ser un proyecto de ley con el carácter de económico urgente, la Asamblea tiene hasta fin de mes para obtener una decisión del pleno en los dos debates y entregar una respuesta al proyecto entregado.
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En el inicio de la sesión, la presidenta Centeno dejó que los asesores de la comisión Katy Hoyos, Roberto Zurita y Giovanny Bravo explicaran los cambios incorporados en el texto en los temas tributarios, de alianzas público-privadas y de zonas francas. Los cambios incorporados fueron planteamientos hechos por los integrantes de la comisión en reuniones anteriores y en la realizada el sábado 9 de diciembre último.
Una vez concluyeron los asesores su exposición, Centeno hizo un recuento, en términos generales, de cuáles han sido los principales cambios del proyecto de ley ingresado a este primer informe con el nuevo texto de ley.
Dijo que se ha eliminado el impuesto a la renta sobre la enajenación de bienes inmuebles y se ha dejado clara la gratuidad de los servicios públicos de las alianzas público-privadas; es decir, servicios como educación y salud que se realicen a través de alianzas público-privadas jamás pueden costar para el usuario, sino que deben ser gratuitos.
Que se cambió el porcentaje de las autorretenciones a los grandes contribuyentes: ya no existe un porcentaje fijo del 3 %, sino un porcentaje que se regula por el TIE (tipo impositivo efectivo) de acuerdo a cada sector. Será un porcentaje regulado por cada sector, de acuerdo a lo que es publicado anualmente por el Servicio de Rentas Internas (SRI) con relación a las retenciones de cada sector. O sea, no es lo mismo la retención del sector de agricultura y ganadería que la del sector minero y petrolero. Van a variar los porcentajes de acuerdo a las tablas que se publican año a año por parte del SRI, denominado como el TIE promedio.
También refirió que se cambió el incentivo para el empleo joven. Ya no se tendría una tabla progresiva, sino una deducción adicional de un porcentaje fijo para cualquier nueva contratación, respecto de los gastos de sueldos y salarios. Eso quiere decir que se propone que sea el 50 % de deducción adicional de todos los gastos que se hayan realizado en sueldos y salarios, que obviamente hayan aportado a la seguridad social. Sean una, dos, tres o cien plazas nuevas de trabajo verificables, la propuesta es deducir un 50 % adicional respecto a ese gasto en sueldos y salarios, que se puede incrementar a un 75 % en el caso de que sean graduados en universidades públicas, institutos técnicos o bachilleres de colegios fiscales.
Según Centeno, esta deducción aplicará entre los 18 y 29 años, y se incluyó lo que se mencionó en un inicio: que en el caso de que sean contrataciones en proyectos de construcción o proyectos de agricultura se cuenta con un porcentaje adicional del 75 %. Está incluida en el documento una deducción adicional para las contrataciones a privados de la libertad y sus parejas.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo apuntó que se ha cambiado el porcentaje de bienes y servicios que se produzcan en zonas francas y que pueden venderse en territorio nacional. Se propuso, anotó, que sea un 30 %, pero se ha reducido a un 20 %. Eso quiere decir que solo el 20 % de los bienes y servicios que se produzcan en zonas francas pueden ser vendidos en territorio nacional.
Además, en el texto se habrían eliminado las zonas francas uniempresariales, quedando solo las multiempresariales. Explicó que queda claro que no existe una vulneración a la normativa laboral en respeto y cumplimiento del mandato constitucional de que no puedan existir modalidades de contratación distintas a las que están recogidas en el Código del Trabajo y en la Constitución, tanto en las zonas francas como en las APPS. En general, no existe regresión de derechos laborales.
¿Cuánto tiempo durará el trámite del proyecto de ley urgente de Daniel Noboa?
Ante el texto del informe planteado, los asambleístas que conforman la comisión hicieron algunas observaciones y precisiones. Por ejemplo, se pidió que no se tome en cuenta para la deducción por una nueva contratación únicamente a quienes se graduaron en universidades públicas, sino también privadas, así como en unidades fiscomisionales. También se pidió que se tome en cuenta al sector público en el tema de zonas francas y se ponga más énfasis en los principios constitucionales en el tema de conflicto de intereses.
Los legisladores de la Revolución Ciudadana destacaron el ambiente en el que se trabajó y la apertura que existió para dialogar e incorporar las observaciones hechas desde ese bloque durante este primer análisis. Recordaron que tienen la voluntad de apoyar el texto, pero aclararon que es momento de que pase a conocimiento del pleno del Legislativo para ampliar el debate y mejorar el documento que finalmente será entregado al país.
Se dio un receso de diez minutos para incorporar esos aportes al texto final y, al regreso, la asambleísta Centeno manifestó que se había tomado nota de todas las observaciones y que serían consideradas en el debate pertinente.
Ya para el momento de la votación, todos votaron a favor del informe que será entregado al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, autoridad legislativa que deberá hacer, con un mínimo de 48 horas, la convocatoria al pleno para que en sesión conozca y debata el primer informe de este proyecto de ley. De darse la convocatoria esta misma tarde, la sesión del pleno podría definirse para la tarde del próximo martes.
Varios de los integrantes de la Comisión de Desarrollo aclararon que, pese a que no tienen el texto final del informe, votan a favor porque existe en la mesa la voluntad y la predisposición de acoger todo lo que se ha dado en este debate y en los siguientes.