La operadora Conecel-Claro asegura que cumplió con todas las condiciones determinadas por el Estado ecuatoriano en el proceso de ampliación de las frecuencias 4G en el 2015, y que jamás existió glosa alguna contra la empresa. Esa explicación la realizó el asesor externo Jorge Zavala Egas, en rueda de prensa.
Y esta aclaración la realiza porque la Fiscalía investiga en la Contraloría el desvanecimiento de una glosa de $ 112 millones a favor de la empresa de telecomunicaciones Claro.
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Egas indicó que existió una predeterminación de la Contraloría General del Estado contra los funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) y de la ex-Senatel (hoy Arcotel) que lideraron, en 2015, el diseño, proceso y fijación del precio para la ampliación de las frecuencias 4G a las operadoras privadas (Conecel y Otecel).
Mencionó que esta predeterminación se estableció por una presunta omisión metodológica en la fijación del precio para la asignación de frecuencias a Conecel y Otecel; además, que ambas empresas pagaron igual valor por megahercio de espectro asignado.
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Contó que en el proceso de predeterminación se presentaron los informes de tres firmas consultoras internacionales que avalaron el proceso de asignación de frecuencias.
Según el comunicado de Claro, los expertos de tres firmas consultoras internacionales coincidieron en que la metodología empleada por Mintel y Arcotel para la asignación de frecuencias fue la correcta.
“Claro no tuvo injerencia en dicha asignación; se limitó a cumplir los términos definidos por el Estado”, dice el escrito.
El pasado lunes, la fiscal general, Diana Salazar, hizo público el inicio de la investigación en la Contraloría sobre el desvanecimiento de una glosa de $ 112 millones supuestamente a favor de la empresa de telecomunicaciones Claro.
Cinco días después de conocer ese hecho, Claro se pronunció y dijo que no tuvo participación ni injerencia en la determinación de las condiciones económicas, técnicas y legales para la asignación de espectro. Y hoy lo ratificó. (I)