La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) reiteraron su llamado al Estado ecuatoriano para establecer canales de diálogo efectivos que prevengan nuevas violaciones a los derechos humanos en el marco del paro nacional que se mantiene activo en el país desde hace veintitrés días.
El organismo expresó su preocupación por los reportes de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así como por actos de violencia registrados durante las protestas contra el recorte del subsidio al diésel.
En su comunicado, la CIDH lamentó la muerte del comunero quichua Efraín Fuerez, ocurrida el 28 de septiembre en Cotacachi, e instó a la Fiscalía a investigar de manera imparcial los hechos.
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Según organizaciones sociales, las movilizaciones han dejado al menos 100 heridos, 100 detenidos, 12 personas desaparecidas y 12 procesadas por presuntos actos de terrorismo. Paralelamente, el Gobierno reportó ataques contra agentes estatales, entre ellos un convoy humanitario, y la retención de 17 militares durante los disturbios. También denunció que el crimen organizado se habría infiltrado en las protestas.
El Estado ecuatoriano defendió sus actuaciones bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, asegurando que las fuerzas del orden actúan conforme a protocolos institucionales y que toda denuncia de abuso es investigada.
Sin embargo, organizaciones indígenas denunciaron el congelamiento de cuentas bancarias de diez dirigentes y la apertura de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra 50 personas, lo que —según la CIDH— podría implicar un uso indebido de la Ley de Transparencia Social para obstaculizar la acción de los movimientos sociales.
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La RELE también registró 21 agresiones contra periodistas y trabajadoras de medios, cometidas tanto por manifestantes como por agentes del Estado, y alertó sobre la suspensión por 15 días del canal comunitario indígena TV MICC, dispuesta por la Arcotel. El organismo advirtió que estas acciones pueden generar un “efecto inhibitorio” en la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
La CIDH recordó que la protesta pacífica es un pilar fundamental de la democracia y que el uso de la fuerza debe ser excepcional, sujeto a rendición de cuentas y sin recurrir a armas de fuego. Enfatizó que la violencia aislada de algunos grupos no puede justificar la restricción de derechos a quienes se manifiestan pacíficamente.
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Finalmente, el organismo instó al Gobierno ecuatoriano a promover un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con los sectores sociales y organizaciones indígenas para atender sus demandas y resolver los conflictos por la vía democrática.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), recordó que su mandato es promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y que sus siete miembros actúan de manera independiente, sin representar a sus países de origen.
(I)
