CIDH examina solicitud de protección presentada por el Frente Parlamentario tras protestas en Imbabura
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un expediente sobre la petición que hizo el Frente Parlamentario por los Derechos Humanos de que se garantice el derecho a la vida, la integridad física, la libertad de expresión y la no persecución a líderes indígenas y de organizaciones sociales, en el marco de las protestas por la eliminación del subsidio al diésel.
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El asambleísta Luis Molina, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), destacó que con la apertura del expediente se ha cumplido con el primer paso de la solicitud de medidas cautelares que presentaron como Frente Parlamentario que los integran asambleístas de la bancada RC, y reveló que la CIDH concedió diez días hábiles para incorporar información adicional de considerarlo necesario; es decir, ampliar información por cada uno de los casos y en eso el Frente Parlamentario trabajará en estos días.
El legislador dijo que en la petición se incorporaron temas de libertad de expresión por los periodistas agredidos, por las radios cerradas y adicionalmente lo que tiene que ver con el bloqueo de cuentas bancarias y la persecución a líderes de organizaciones sociales y movimientos.
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Molina comentó que se incorporará toda la información y denuncias que se presentaron en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea donde hubo testimonios de los familiares de las doce personas que fueron detenidas en las protestas. Existen narrativas de como se dieron los hechos en los primeros días del paro y por ejemplo, la presencia del convoy humanitario.
Toda esa información permitirá a la CIDH tener mayores elementos en el procesamiento de la petición, anotó.
El representante de Pichincha por la RC señaló que los diez días de término será la oportunidad para que, por ejemplo, las radios que fueron cerradas en Imbabura como Ilumán e Intipacha, tengan la posibilidad como afectados directos presentar también su expediente, sus relatos y todos estos temas puedan sumar al expediente de petición de medidas cautelares.
El pasado 15 de octubre, la bancada Revolución Ciudadana anunció la creación del Frente Parlamentario por los Derechos Humanos, con el propósito de establecer mecanismos de vigilancia permanente sobre el respeto y la garantía de los derechos humanos en el país.
Cinco días después de su conformación el Frente presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una acción de protección con medidas cautelares por violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la comunidad de San Miguel del Común, parroquia de Calderón, en Pichincha, en el marco de las protestas derivadas por la eliminación de subsidio al diésel.
La denuncia, según el escrito, es por graves violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con responsabilidad del Estado, durante los operativos ejecutados en la comunidad de San Miguel del Común, del cantón Quito, entre el 8 y 19 de octubre de 2025, en el contexto de las protestas sociales derivadas del paro nacional.
Este Frente Parlamentario está integrado por los siguientes asambleístas que pertenecen a la bancada RC: Verónica Íñiguez, Viviana Veloz, Fernando Cedeño, Roque Ordóñez, Franklin Samaniego, Liliana Durán Aguilar, Paola Cabezas, Gustavo Mateus, Luis Fernando Molina, Jaime Estrada, Patricia Núñez, Jahiren Noriega, Héctor Rodríguez, Gabriela Molina, Comps Córdova, Héctor Valladares y Cristina Jácome. (I)