La fiscal general del Estado, Diana Salazar, salió al paso de las críticas por su actuación en torno a varias investigaciones y en especial del caso Sinohydro, en el que se indaga una presunta red de corrupción alrededor de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en el cual son sospechosos el expresidente Lenín Moreno y su círculo cercano.
“Desde ciertos sectores -que manejan sus propios intereses y agendas- se me acusa de criminalizar a la profesión”, dice un comunicado firmado por la fiscal, que fue publicado en su cuenta de Twitter el lunes 6 de marzo, un día después de que se formularon cargos por el presunto delito de cohecho en contra de Moreno, su esposa Rocío González, Conto Patiño y otras 34 personas.
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Salazar se defendió diciendo que la Fiscalía busca la verdad procesal y persigue delitos a través de una investigación penal, que debe sustentar todas sus aseveraciones con indicios, elementos de convicción y pruebas.
”La acción penal pública no se desarrolla de oídas ni a partir de rumores, sino sobre la base de documentación, de testimonios y pericias que deben ser valoradas por un juez competente”, aclaró.
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En esa línea, la fiscal general hizo un llamado a los medios de comunicación, a sus colegas abogados y a la ciudadanía “para que se informen más a fondo” sobre las indagaciones que lleva adelante el Ministerio Público, sobre todo el caso Sinohydro porque el monto de las presuntas coimas supera los $ 76 millones, “el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país”.
Invitó a revisar el expediente de este caso, con el fin de que se comprenda la magnitud de las supuestas irregularidades.
Según Salazar, ciertos procesados han tratado de engañar a la población y han invocado un “espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con ley”.
“Más allá de presiones económicas, mediáticas, políticas y de cualquier otra índole, mi compromiso estará siempre con el Estado de derecho, la justicia y las víctimas”, enfatizó la fiscal.
El último domingo el conjuez nacional Luis Adrián Rojas emitió su resolución para procesar a los 37 sospechosos del caso Sinohydro, por su presunta relación con una estructura criminal, entre 2009 y 2018, alrededor de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, construida por la empresa china Sinohydro, una de las obras más emblemáticas del gobierno de Rafael Correa.
De acuerdo con la teoría fiscal, para el pago y cobro de coimas se habrían configurado cambios de objetos sociales de empresas, con el fin de aparentar contrataciones con Sinohydro; se crearon cuentas offshore en paraísos fiscales como Panamá, desde donde se repartió el dinero de los supuestos sobornos.
Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el viernes 3 de marzo, la Fiscalía presentó 225 elementos de convicción y detalló las cantidades de dinero con que se habría beneficiado cada implicado.
El conjuez Rojas ordenó que el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González, quienes viven en Paraguay, deben cumplir la medida cautelar de presentación periódica cada 15 días en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito. (I)