El proceso judicial en el que se sentenció al exgerente de Seguros Sucre José Luis Romo Rosales Castillo y a su esposa, Verónica Haro, por el delito de lavado de activos, comprendió 40.000 documentos, reunió a 77 testigos e incluyó 123 informes, policiales, del Servicio de Rentas Internas, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Todos estos informes y testimonios, presentados por Fiscalía, fueron unívocos y concordantes entre sí, para establecer que los Romo no habían realizado ni recibido transferencias de dinero ni de bienes provenientes del delito cometido en Estados Unidos por otras personas”, afirmó Joaquín Flor Morla, abogado defensor de la pareja de sentenciados, a quienes la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aceptó un recurso de habeas corpus, por estar detenido más de un año, y dejó en libertad.

En una comunicación dirigida a este Diario el miércoles pasado, el abogado Flor replicó la entrevista del 18 de febrero dada por Abraham Cheing, uno de los jueces del tribunal penal de Durán, que sentenció a Romo y a su esposa a diez años de prisión. En dicha entrevista, Cheing afirmó que enfrentaba un “sicariato judicial”, pues por el tiempo que tomó la elaboración de la sentencia escrita el Consejo de la Judicatura le inició un sumario administrativo que podría derivar en su destitución del cargo.

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“La audiencia de juicio tomó 284 días. Debió tomar 30 días a lo mucho. Las audiencias fueron sistemáticamente suspendidas por el mismo tribunal aduciendo que tenían otras audiencias, las suspensiones fueron de 158 días. Al 20 de mayo de 2021 había caducado la prisión preventiva, la sentencia fue notificada en noviembre del mismo año, seis meses después de la caducidad”, replicó el abogado Flor Morla.

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En la sentencia –recalca Flor– hubo un voto salvado de minoría de la jueza Martha Gavilanes. “Los jueces Armas y Cheing desconocieron la verdad procesal probatoria, ocultaron las graves falencias de la investigación fiscal y sin fundamento alguno condenaron a los esposos Romo”.

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Además, destaca el defensor, la sentencia debía notificarse diez días después de finalizada la audiencia, con el fin de que las partes puedan presentar los recursos que consideren necesarios.

Los jueces Armas y Cheing, que pronunciaron el voto de mayoría, se tomaron 96 días en reducir a escrito la sentencia, mientras que mis defendidos se encontraban privados de libertad injustamente y en medio de una de las peores crisis carcelarias que ha tenido el país, sin poder tener su derecho a un acceso libre y rápido a la justicia

Joaquín Flor Morla, defensor del exgerente de Seguros Sucre y de su esposa.

Por ello, asegura Flor, se presentó el recurso de habeas corpus, concedido en segunda instancia el 18 de noviembre de 2021, antes de que se emita la sentencia escrita. En dicha resolución de habeas corpus, enfatiza el abogado, se dispone la libertad de los procesados y además el inicio del sumario administrativo para los jueces que emitieron el fallo. (I)