Se lo conocía como el “Banco del Ecuador”. Filanbanco llegó a ser el más grande del país con el 14 % de la clientela del sistema financiero nacional en sus mejores épocas, allá por los años 90. Pero el 2 de diciembre de 1998 pasó a manos del Estado, a través de la naciente Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), bajo la figura de restructuración abierta. Finalmente, la institución cerró totalmente el 17 de julio de 2001.

Veintitrés años después de su traspaso a la AGD, se mantiene la discusión técnico-política respecto a quiénes lo quebraron. Discusión que se ventiló en decenas de litigios penales, civiles y administrativos, en cortes nacionales e internacionales.

El más reciente se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte de Justicia del Guayas desde diciembre pasado. Se trata de una demanda de los exaccionistas privados del banco, los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, contra el Estado en la que reclaman reparaciones por las incautaciones de sus bienes en el 2008.

Por una parte, los Isaías han dicho que lo entregaron “saneado” y que además dejaron bienes en garantía por cualquier eventualidad. Que la entidad quebró a causa de la mala decisión del Gobierno de la época, el de Gustavo Noboa Bejarano, de fusionarla con La Previsora, que sí presentaba grandes pérdidas.

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Pero desde las autoridades económicas se ha dicho que el ‘hueco’ que estos dejaron en el banco por sus presuntos manejos dolosos era tan grande que no pudo mantenerse a flote pese a la continua inyección de recursos públicos.

El comienzo

Para contar la historia del banco, el editor de investigación de revista Vistazo, Cecilio Moreno, quien ha seguido el tema por años, sugiere empezar muchos meses antes de su paso a la AGD.

En la transitoria número 42 de la Constitución de 1998, que se aprobó en junio de ese año pero entró en vigor el 10 de agosto siguiente, se permitía al Banco Central del Ecuador (BCE) entregar préstamos llamados “subordinados” para darle liquidez a las instituciones financieras.

Moreno señala que nunca se halló el acta de registro del debate de ese artículo que dice: “Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.

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Ya en septiembre de ese año, el BCE hizo el primer desembolso al Filanbanco.

Por las mismas fechas, se tramitaba en el desaparecido Congreso Nacional la Ley de Reordenamiento en Materia Económica y Tributaria que creó la AGD, entidad que había sido un pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) para precautelar los dineros de los clientes de los bancos con problemas. La entidad se alimentaría con aportes del mismo sistema financiero y la garantía de depósitos tendría límites. Finalmente se aprobó que sea ilimitada.

La Ley se publicó en el Registro Oficial el 1 de diciembre de 1998. Al día siguiente, los Isaías entregaron el banco a la AGD, que no tenía ni oficinas, peor fondos. Y el 3 de diciembre recibió más dineros del Central.

El exsuperintendente de Bancos Juan Falconi Puig ha hecho un cálculo a grosso modo de los dineros que recibió el Filanbanco hasta el 2002, con base en documentos que recopiló en varios años y que publicó en un libro de dos tomos.

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El exsuperintendente de Bancos Juan Falconi Puig firmó la fusión entre Filanbanco y La Previsora en julio del 2000. Foto Gisella Ronquillo

Así, entre agosto y diciembre de 1998, cuando aún era de los Isaías, el Central le dio $ 309 millones; y bajo el control estatal, el 3 de diciembre, $ 140 millones; el 28 de diciembre, $ 400 millones; el 2 de febrero de 1999, $ 100 millones y $ 176 millones, en dos momentos del día; y en junio del 2002, $ 300 millones. En total sumaron $ 1.116 millones.

Esto, explica Falconi Puig, sin contar el hueco que ya arrastraba la institución y que llegaba a $ 654 millones, según una auditoría de la firma Deloitte & Touche cortada al 31 de diciembre de 1998 que se entregó a la Superintendencia en el 2001 y que se hizo pública recién en el 2008; otras operaciones financieras que no están muy claras entre Roberto Isaías y Filanbanco Trust & Banking Corp., la sucursal en Panamá; y las restructuraciones de créditos vinculados, es decir, a sus empresas.

Para el exfuncionario, las pérdidas para el Estado estarían entre los $ 3.000 y $ 5.000 millones.

El abogado de los Isaías, Jorge Zavala Egas, niega todas estas acusaciones. Según él, cuando sus clientes entregaron el Filanbanco estaba solvente. “Le dieron préstamos de liquidez, los pagaron enteramente y decidieron entregarlo al Estado sin pérdidas y sin perjudicados. En el 2000, el Estado dispone la fusión con La Previsora, que sí tenía pasivos, deudas y acreedores, y esto arrastró al banco y por eso cierra. Pero eso fue años después”, señala el jurista.

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El proceso penal

La fusión de Filanbanco y La Previsora se dio el 5 de julio de 2000, cuando Falconi Puig era superintendente. Pero ya unos meses antes se había suscrito un acuerdo de asociación.

Un año antes se había dado la peor crisis financiera de la historia del país con un feriado bancario decretado por el gobierno de Jamil Mahuad, y la caída, en seguidilla, de 16 bancos.

Uno de ellos fue La Previsora, pues su situación era, en efecto, crítica. Incluso recibió créditos de liquidez a través de Filanbanco antes de la fusión, pero continuó deteriorándose.

Falconi Puig asegura que detrás de esta operación de fusión hubo influencias de los Isaías para tapar sus “huecos” y “echarle la culpa de la quiebra”.

El banco fusionado quebró en julio del 2001. Óscar Ayerve, quien era el presidente de la Junta de Acreedores del Filanbanco, recuerda que se enteró del cierre de la institución por las noticias de la televisión que mostraban a cientos de afectados en las puertas de las sucursales del país.

Trabajadores y ahorristas del Filanbanco se instalaron afuera de la institución bancaria, la cual no abrió sus puertas en la mañana del 18 de julio de 2001. Foto de Archivo Foto: JERRY DROUET

Ayerve calcula que al momento del cierre de la institución esta tenía unos 750.000 clientes con depósitos e inversiones por $ 1.400 millones.

Afirma que el grueso de esas acreencias se pagó con un bono del Estado de $ 300 millones, que él dice que encontró en la bóveda del banco. Hasta el 2013, dice, la AGD atendió a unos 500.000 clientes. Al final quedaron, asegura, unos 30.000 a los que no se les pagó “ni un centavo”.

Con base en un informe de las irregularidades en el manejo del banco por parte de los exaccionistas privados elaborado por Falconi Puig como superintendente, la entonces fiscal general, Mariana Yépez, formuló el 16 de junio de 2000 una excitativa fiscal para investigar el uso de préstamos del Banco Central; seis días más tarde el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Galo Pico Mantilla, dictó el auto cabeza de proceso contra los Isaías y otros funcionarios del banco y estatales por el presunto manejo fraudulento de los créditos del Central y dictó una orden de prisión preventiva. En septiembre suscribió el pedido de extradición para los exbanqueros, que ya se asentaron en Miami, Estados Unidos.

Tres años más tarde, Armando Bermeo, también presidente de la CSJ, dictó auto de llamamiento a juicio plenario por peculado contra los Isaías y otros. Y confirmó la prisión preventiva.

La sentencia en primera instancia por peculado por malversación de fondos llegó, finalmente, el 10 de abril de 2012. El juez nacional Wilson Merino los declaró culpables y los condenó a ocho años de prisión.

Los Isaías presentaron un recurso de apelación, que fue negado el 13 de marzo de 2014; luego uno de casación (revisión del fallo) en el que también se ratificó la sentencia, en octubre del mismo año, pero se cambió la figura penal a peculado bancario. Entonces quedó en firme.

Pero en el 2018, Zavala Egas planteó un recurso de revisión. Este fue resuelto el 19 de mayo de 2021, declarando el estado de inocencia de los exbanqueros.

Bienes incautados

En el gobierno de Rafael Correa se dispuso la incautación de los bienes de los hermanos Isaías con base en el informe de Deloitte ya citado que había sido aprobado por la Superintendencia de Bancos en marzo del 2008. Correa dijo que lo hacía para recuperar algo del perjuicio ocasionado al Estado con la quiebra del Filanbanco, algo que debió hacerse “diez años atrás”.

El entonces ministro de Economía, Fausto Ortiz, cuenta que el 4 de julio de ese año se realizó una reunión del directorio de la AGD en la que se designó a Carlos Bravo como gerente. El 7 de julio por la mañana él firmó el acta de la reunión y viajó de Quito a Guayaquil.

Por la tarde, Correa lo convocó a una reunión en Palacio. Al llegar se enteró de que en ella se estaban definiendo detalles del operativo de incautación que se realizó en la madrugada del 8 de julio.

En un momento de la reunión le pidieron que vuelva a firmar el acta de la reunión del 4, pero su contenido estaba cambiado pues decía que en ella se habían resuelto las incautaciones, lo cual era falso. No la firmó. El mandatario le dijo: “Firmas o te vas”. Y renunció.

La AGD incautó, según reportes periodísticos de la fecha, 195 empresas. Pero a lo largo de varias semanas e incluso años se emitieron unas cien resoluciones de incautaciones, comenta la defensa de los hermanos Isaías. A lo largo de los últimos 13 años, estos bienes han pasado por al menos una decena de entidades y no hay información actualizada de su estado.

La Agencia de Garantía de Depósitos incautó bienes a los exdueños de Filanbanco, los hermanos Isaías, en el 2008. Uno de ellos era el canal TC Televisión. Foto de Archivo

Al día siguiente, la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi emitió el Mandato 13, en el que se blindó la decisión de la AGD ya que se les prohibió a los exaccionistas del banco presentar acciones constitucionales para detener la medida.

Por todo este proceso, que los Isaías consideran que fue ilegal, pusieron una demanda en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, que el 30 de marzo de 2016 declaró que “los derechos de los Isaías fueron vulnerados” y que, por tanto, todo “es nulo”, dice Zavala Egas. Ahí mismo se indica que el Estado ecuatoriano debe establecer medidas de reparación a favor de los Isaías.

Según la Procuraduría General del Estado, este dictamen no es vinculante.

Y justamente la demanda de los $ 2.000 millones se deriva de una serie de litigios civiles alrededor de las incautaciones, que van desde coactivas hasta demandas de insolvencia puestas por la AGD. La mayoría de estos han sido resueltos a favor de los Isaías.

Según Ricardo Noboa, abogado de los empresarios en este caso, la cifra se obtiene de sumar tres rubros: la lista de activos incautados, que fueron valorados por peritos en $ 1.548 millones dentro de los juicios de insolvencia contra los saías; los intereses que esos bienes han dejado de producir desde el 2008; y los honorarios pagados a los abogados americanos en los últimos quince años, que ascienden a $ 25 millones. (I)