Caso Villavicencio: Fiscalía solicita los teléfonos celulares de 25 personas

Como parte de las investigaciones por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, la Fiscalía General del Estado dispuso que 25 personas entreguen sus teléfonos celulares, con el fin de explotar la información que contienen. Los señalados deberán atender el pedido en un plazo de 48 horas.

El impulso fiscal fue emitido el martes 3 de octubre y se dio en atención a un requerimiento hecho por Cristina Villavicencio, hija del excandidato presidencial.

Uno de los ciudadanos que tienen que ceder su teléfono es Christian Zurita, periodista y amigo de Villavicencio, quien lo reemplazó en la carrera presidencial como candidato del movimiento Construye, lista 25.

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En la lista también constan de César Gonzaga, escolta y amigo personal de Villavicencio; Víctor Hugo Enríquez; Carlos Figueroa, médico y amigo de Villavicencio; Patricio Carrillo, asambleísta elector por el movimiento Construye; Boanerges Villagómez, asambleísta electo por Construye; Galo Robalino, exdirector del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES); Antonio López Cobeña, gerente de la campaña presidencial de Fernando Villavicencio; Janeth Santos, Selva Osorio Villavicencio, Gloria López, entre otros nombres.

La hija del excandidato, a través de sus abogados, presentó un escrito a la fiscal a cargo con varios pedidos.

Entre otros, solicitó copias certificadas de los estudios de seguridad, incluidos los informes y entrevistas hechas a Fernando Villavicencio entre mayo de 2021 y el 9 de agosto de 2023 (día del crimen), con el fin de determinar si el Estado, a través del Ministerio del Interior, la Comandancia de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Seguridad y Protección, adoptaron las medidas pertinentes para proteger la vida del político.

Así mismo, pidió que se recepte las versiones del ministro del Interior, Juan Zapata; del comandante de la Policía, Fausto Salinas; y del teniente coronel Santiago Martínez, director nacional de Seguridad y Protección.

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Que se ubique el vehículo blindado que conducía César Gonzaga el día del asesinato, para revisar el GPS.

Que se remita el resultado toxicológico practicado al cuerpo de Fernando Villavicencio. También que se informe sobre el avance de la denuncia de amenaza de muerte que el excandidato presentó en la Fiscalía de El Oro, en Machala. Aquella denuncia estuvo dirigida contra José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros. Así mismo, se pidió a la fiscal que copias certificadas de la demanda que Fernando Villavicencio interpuso el 13 de abril, por tentativa de asesinato, contra los exasambleístas Pablo Muentes, Ronny Aleaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez.

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El pasado 18 de agosto, nueve días después del asesinato, Cristina Villavicencio junto a otros familiares presentaron una denuncia en contra del Estado.

La denuncia se ampara en el ampara en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por el delito de asesinato; fue dirigida contra cinco personas: el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro del Interior, Juan Zapata; Fausto Salinas, comandante general de la Policía; Manuel Samaniego, director general de Inteligencia de la Policía Nacional; y el subdirector operativo de seguridad y protección, en la demanda se desconoce el nombre.

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El impulso fiscal para revisar los 25 teléfonos celulares surgió cinco días después que Estados Unidos anunció pagar dos recompensas a cambio de información que ayude a dar con los responsables del crimen de Fernando Villavicencio.

Una de las recompensas asciende a $ 5 millones y se entregará por información que conduzcan al arresto y/o condena de los, todavía desconocidos, co-conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato. La segunda oferta económica es de $ 1 millón por información que conduzca a la identificación y localización de cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio, precisó la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, mediante un comunicado. (I)