‘Camisetazos’ y legisladores ‘comodines y nómadas’ prevalecieron durante el primer año de gestión de la Asamblea Nacional

Desde que se instaló el actual periodo legislativo, el 14 de mayo de 2021, el desgrane fue constante en cuatro de los cinco bloques legislativos que actúan en la Asamblea Nacional. El único sector que amplió el número de voluntades fue la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), que representa al Gobierno.La Izquierda Democrática (ID) y el movimiento Pachakutik (PK) son los dos sectores que más deserciones registran. En el caso de la ID, en mayo de 2021 tenía 18 asambleístas y hoy son 10; Pachakutik llegó con 27 legisladores y ahora se quedó con 18.Las bajas en el Partido Social Cristiano (PSC) han sido menores: en un año perdió hasta 4 asambleístas, pero un mes antes de llegar al mes de mayo recuperó una curul y hoy posee 15 votos. Y la bancada Unión por la Esperanza (UNES), que era en mayo de 2021 la más numerosa —aunque no mayoritaria—, tuvo 49 voluntades y hoy posee 47 propias y un aliado.En cambio, el movimiento oficialista Creando Oportunidades (CREO), que en mayo de 2021 agrupó a nueve legisladores que representaban a minorías, con las cuales constituyó la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), pasó a 27 integrantes. Aunque en el momento de la votación logra sumar votos de algunos independientes.Todos los sectores políticos coinciden en que hubo una pérdida constante de asambleístas, ya que el Gobierno siempre estuvo al acecho para reunir votos a favor de sus proyectos económicos urgentes a cambio de prebendas, y que algunos que se salieron de sus bancadas originales no necesariamente pasaron a la BAN, sino que se convirtieron en “asambleístas comodines” o en “legisladores nómadas”, que permanecen sueltos y se juntan con determinado grupo para un tema específico.En la bancada de Pachakutik existe más de una lectura sobre las razones que llevaron a su resquebrajamiento. Mario Ruiz Jácome, que articula el sector de Pachakutik Rebelde , considera que el Gobierno “hizo su trabajo”, pues su agenda incluía “quebrar” al movimiento Pachakutik para poder canalizar su proyecto político.Según Ruiz, PK se rompió cuando se puso en evidencia un “acuerdo soterrado” de gobernabilidad que tenían la dirigencia del movimiento y la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con el Gobierno para pasar sus proyectos urgentes.Eso se notó cuando en su discurso inicial Llori agradeció al presidente de la República, Guillermo Lasso, por permitirle llegar a ese puesto; y cuando Marlon Santi y Rafael Lucero expulsaron del bloque a Mireya Pazmiño por no apoyar con su voto al exasambleísta Diego Ordóñez (BAN) para presidente de la Comisión de Régimen Económico. Son hechos que permitieron ver que había acuerdos ocultos del Gobierno con Pachakutik.El resquebrajamiento total se dio en el trámite de la ley tributaria, recuerda Ruiz Jácome, cuando él propuso hacer un informe de minoría como Pachakutik pidiendo el archivo de la propuesta del Ejecutivo, pero Guadalupe Llori y Rafael Lucero no lo aceptaron.Más tarde, afirma el “rebelde”, el Gobierno hizo un acuerdo con UNES para que se abstenga en la moción del archivo de la ley tributaria y pase por ministerio de la ley. “Ahí votaron con los correístas Guadalupe Llori, Rafael Lucero y Consuelo Vega, quienes afirman que los rebeldes hacen el juego al correísmo”, anota. Tras esos resultados, los legisladores Mireya Pazmiño, Fernando Cabascango, Darwin Pereira, Patricia Sánchez, Peter Calo y Ruiz Jácome marcaron distancia .El Gobierno siempre estuvo al acecho de los legisladores de Pachakutik, afirma Ruiz, aunque más tarde el propio presidente de la República “acusó de pedir plata y cargos” a los asambleístas que votaban con él, como “Gissela Molina, que es una asidua defensora del Gobierno a pretexto del anticorreísmo; Édgar Quezada, una pieza clave para el Gobierno en el informe de Pandora Papers; Cristian Yucailla, quien con su voto permitió que el informe de primer debate de la ley tributaria pase al pleno; Rosa Cerda, quien siempre votó conforme Llori le pidió; y Celestino Chumpi, que marcó la agenda en la Comisión de Gobiernos Autónomos, tal cual el Gobierno le ha pedido”. El movimiento está secuestrado, señala Ruiz . Rafael Lucero y Salvador Quishpe alegan que no son gobiernistas. Lucero reconoce que hubo un acuerdo con el Gobierno, pero exclusivamente para la presidencia de Llori, quien llegó con una mayoría débil y con el error de no incluir al PSC y a UNES en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Esto generó malestares y se armó una nueva mayoría vendiendo la idea de que desde el “sector rebelde” se podría remplazar a Llori.La reconciliación con los seis rebeldes es muy difícil, anota Lucero. A la separación de los seis la califica como “camisetazos”, ya que pasaron a ser “comodines políticos” de intereses más grandes, que se acomodan de acuerdo a la circunstancia que se presente en el pleno.Quishpe afirma que el pacto del Gobierno es con los correístas cuando se abstuvieron de votar por el archivo de la reforma tributaria, aunque reconoce que algunos de Pachakutik también se abstuvieron. El socialcristiano Esteban Torres considera que la integración de la Asamblea obligó al Gobierno a establecer, en mayo de 2021, una mayoría débil usando la vía del “camisetazo”, que afectó al PSC, Pachakutik, UNES y a la ID. Una mayoría débil y muy costosa que duró pocos meses.Haber sumado votos a favor del BAN no es gratuito, dice Torres. “Muchas veces están de por medio la influencia provincial, cargos a nivel estatal; sin duda, es ingenuo pensar que es gratuito. Algunos de esos legisladores se convierten en nómadas legislativos, porque en algunos temas se suman, en otros dejan pasar las cosas; muchos de ellos no responden a realidades partidistas provinciales por las que llegaron. Es decir, están al vaivén de las circunstancias”, agrega.Torres asegura que el Gobierno buscaba a los legisladores del PSC, fundamentalmente cuando se tramitaron los proyectos económicos urgentes, pues en el tema de impuestos “empezó un acoso por parte del Ministerio de Gobierno de ese entonces de contactar a cada legislador presionándoles, especialmente a aquellos que tenían alguna conexión local, como prefectos o alcaldes, y llegando incluso a chantajear que no se iban a transferir los recursos para obras que correspondían por la ley si no se sumaban no solo a la posición del Gobierno, sino a la bancada de Gobierno”. La ID también experimentó “camisetazos”, afirma la legisladora Wilma Andrade . Dice que al inicio el Gobierno buscaba injerencia en los bloques para armar su mayoría. Pero luego, indica, desde la práctica política, surgen problemas por las personas sin mayor experiencia que no dimensionan lo que significa estar en una bancada, y a veces los intereses personales sobrepasan esta perspectiva de tener un bloque fuerte.Andrade considera que en el actual ambiente político que vive la Asamblea, en que se prevé que habrá una reconformación, surgen muchos intereses y comienzan a hacer “buena letra”, a coincidir en votaciones y a tratar de alinearse a esa nueva mayoría, con lo cual siempre se muestra que priman intereses personales. Xavier Santos, que tomó distancia de la ID junto con Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira, Lucía Placencia y Amparo Guanoluisa, considera que la crisis del bloque se debió a la falta de perspectiva de poder administrar un bloque amplio. Si bien había discrepancias internas, al inicio se discutían y consensuaban, pero esto se agudizó cuando se perdió el norte de lo que se ofreció en campaña en temas como aborto y ley tributaria. Juan Cristóbal Lloret (UNES) considera que en mayo del 2021 la Asamblea Nacional asumió sus funciones atomizada a causa del método de asignación de escaños, pero que ahora existe una nueva atomización dada por la coyuntura política dentro de bancadas como Pachakutik e Izquierda Democrática, y eso hace que surjan cada vez mayorías móviles, pues nadie la tiene por su cuenta .En el caso de la bancada de UNES, está consolidada, no ha tenido acercamientos con el Gobierno y todo se canaliza con la coordinación del bloque. Lo único que se ha planteado es la conformación de una Comisión de la Verdad que investigue al “trujillato”.Lloret indica que habrá que ver qué sucede en un año con la renovación a mitad del periodo, que podría cambiar el escenario si se arma una nueva mayoría. (I)

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