El esquema de piramidación de Biscayne Capital, denunciado por los fiscales de Estados Unidos y que se hizo público el pasado viernes, se relaciona también con las empresas Madison Asset LLC y Sentinel Madate & Escrow Ltd., receptoras del dinero de los sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos dentro de los casos Petroecuador y Odebrecht. Tanto así que uno de los ejecutivos de Biscayne pensaba que lo iban a acusar de lavado de dinero en Ecuador.

En el único documento público hasta el momento sobre el esquema de piramidación, los fiscales de Nueva York acusaron a los ecuatorianos Roberto Cortés Ripalda y Ernesto Weisson Pazmiño y al argentino Roberto Haberer Bergson de supuestamente cometer fraude electrónico, estafar a inversionistas y a instituciones bancarias, y transferir fondos desde y hacia Estados Unidos para promover acciones ilegales.

Los tres están detenidos, pero solo Weisson se encuentra en Florida y se esperaba su comparecencia ante las autoridades. Los fiscales calculan que la estafa superaría los $ 150 millones a varias víctimas.

En la acusación se mencionó además a Gustavo Trujillo Franco y a un “Cómplice 1”, “pariente cercano” de Cortés Ripalda, que sería Frank Chatburn Ripalda, pues este era intermediario financiero de Biscayne Capital.

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Chatburn ya fue sentenciado en Florida por lavado de dinero a 42 meses de cárcel y debía ingresar a partir del 2 de julio pasado. La sentencia de Trujillo, acusado de fraude y lavado de productos financieros, aún no se ha determinado. Este ya confesó en Estados Unidos su participación en un esquema de piramidación. El miércoles pasado, los fiscales neoyorquinos informaron a la jueza del caso que habían levantado el sigilo de una acusación relacionada con el ecuatoriano.

Condenan en Miami con tres años y medio de prisión a Frank Chatburn por sobornos en Petroecuador

Una historia de supuesto éxito

Hace poco menos de diez años, el nombre de Biscayne Capital sonaba por lo alto en Miami. Se vendía como una asesora de inversiones con “objetividad, independencia y no hay conflicto de intereses”. Operaba en Uruguay y Suiza y servía a una clientela latinoamericana de alto poder adquisitivo. En declaraciones dadas a inicios de 2013 al portal especializado Funds Society, Cortés y Weisson aseguraron, además, que Biscayne Capital había logrado captar $ 1.000 millones de inversiones en 2012 y que ese año aspiraban a $ 2.000 millones.

Sin embargo, según han determinado los fiscales neoyorquinos, para entonces la empresa ya estaba en problemas. La razón era su relación con South Bay Holdings LLC, de Florida, que desarrollaba proyectos inmobiliarios y que era la accionista mayoritaria de Biscayne Capital.

Retrasos por permisos y cambios en los proyectos de construcción, más la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, afectaron a South Bay, que no podía generar suficientes ingresos para sostener sus operaciones, según un reporte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

A partir de entonces, Biscayne formó varias empresas fuera de Estados Unidos y desarrolló emisiones de productos de inversión privados, es decir, no pasan por las bolsas de valores, para financiar a South Bay, pero sin explicar a sus clientes la real situación del negocio. Por ello, la SEC les impuso sanciones administrativas en mayo de 2016. Además de Cortés y Weisson se sancionó a Juan Carlos Cortés (hermano de Roberto) y a Chatburn. Los tres primeros debieron pagar $ 50.000 y Chatburn $ 100.000.

De acuerdo con los fiscales de Nueva York, para fines de 2012, South Bay Capital acumulaba pasivos por $ 130 millones y no podía generar suficientes ganancias para que Biscayne pagara los intereses a sus inversionistas. South Bay era accionista mayoritario de Biscayne.

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“Como resultado, Biscayne Capital dependía básica y mayoritariamente de obtener nuevas inversiones en productos financieros privados, de los que los acusados Cortés, Haberer y Weisson y sus cómplices malversaban regularmente para repagar a los inversionistas”, aseguraron los fiscales, quizás como una explicación para la piramidación.

En la acusación, que tiene fecha 1 de septiembre de 2021, las autoridades estadounidenses relataron los casos de siete clientes, sin mencionar sus nombres, que invirtieron en Biscayne hasta su colapso en 2018. Solo seis de estos acumularon inversiones por $ 40 millones.

¿Cómo funcionaba?

Certificado de registro de Biscayne Capital en Islas Vírgenes Británicas, tramitado por Mossack Fonseca en 2015.

Las inversiones se realizaban en productos financieros emitidos en Islas Caimán e Irlanda, y en las que participaban otras firmas. Algunas de estas compañías o fondos aparecen también en el juicio contra Trujillo en Nueva York (iniciado en 2019) y en otro proceso de acreedores por la bancarrota de Biscayne en Florida (2018). Una tercera demanda de acreedores se presentó en Florida el año pasado.

Las empresas del entramado citadas en los distintos procesos son Biscayne Capital (B.V.I.) Ltd., Biscayne Capital Holdings Limited, North Pointe Holdings (BVI) Ltd., Vanguardia Holdings Ltd., Vanguardia Group Inc., Spyglass Investment Management Ltd., Sports Aficionados Ltd., SG Strategic Income Ltd., Diversified Real Estate Development Ltd., Preferred Income Collateralized Interest Ltd., Sentinel Investment Fund SPC, ORC Senior Secured Limited (ORC), GMS Global Step Up Note Limited (GMS) y la IA Capital Structures (AI Capital).

Los clientes que se tomaron como ejemplo en esta acusación invirtieron en las tres últimas firmas. En general los fondos se depositaban luego en Madison Asset LLC, firma registrada en Islas Caimán en 2014 y con cuentas bancarias en Estados Unidos y Europa. En diciembre de 2015, Gustavo Trujillo asumió la representación y el control de Madison.

Se mencionó también a dos instituciones financieras sin revelar su identidad. Sin embargo, el caso es tan grande que se conoce que una es Deutsche Bank. Los acreedores de Madison Asset, en su afán de recuperar algo de sus inversiones, demandaron a este banco en Nueva York porque consideraron que se hizo de la vista gorda frente al millonario manejo de fondos sin los debidos respaldos. Bajo la misma estrategia, otros acreedores de Biscayne también han demandado a este banco, según informó la agencia Bloomberg.

“Como hemos asegurado, estas demandas no tienen sustento y nosotros continuaremos defendiéndonos vigorosamente”, declaró a la agencia un portavoz del Deutsche Bank. Este Diario pidió una reacción a la institución financiera, pero no ha recibido respuesta.

En uno de los ejemplos citados, Biscayne aseguraba el pago de una tasa fija trimestral de 6,5 % a un plazo de tres años. Informaba a sus clientes que la inversión se usaría para proyectos inmobiliarios por parte de South Bay, que luego se podrían vender. La garantía era la primera hipoteca sobre los bienes raíces. Sin embargo, según aseguraron los fiscales, esos bienes ya estaban hipotecados.

Además, señalaron, los acusados presentaban balances falsos o alterados de los estados de cuenta de las instituciones financieras y para evitar que los clientes confirmaran con el banco borraban la información de contacto. Incluso movían dinero de las cuentas de sus clientes, al parecer falsificando firmas.

Los cinco implicados manejaban una cuenta compartida de correo de Gmail en la que mantenían una hoja de cálculo con las inversiones recibidas. Según los fiscales, entre agosto de 2015 y julio de 2016, el archivo refleja ingresos por $ 107 millones, de los cuales $ 51,7 millones son inversiones de clientes y $ 34 millones préstamos bancarios obtenidos fraudulentamente desde las cuentas de sus clientes. A su vez, los egresos sumaron $ 109 millones, de los cuales $ 53,9 millones se destinaron a pagar a los inversionistas y $ 28 millones a los bancos para cubrir los sobregiros de los clientes. En ese periodo, Cortés, Weisson y Haberer se pagaron $ 1,8 millones en salarios.

Este Diario pidió una entrevista con los abogados de Trujillo y de los acreedores de Madison, pero no obtuvo respuesta.

Los sobornos

La acusación contiene además algunas traducciones al inglés de chats entre los acusados, en las que también participaron Trujillo y Chatburn. En una de ellas se reseña una conversación del lunes 13 de marzo de 2017 en la que discutían sobre la situación de Biscayne y los problemas en Ecuador, derivados posiblemente por las denuncias que los relacionaban con los sobornos de Petroecuador.

Cortés alude al tema cuando le escribe a Haberer: “Entiende que entre ahora y el viernes me van a vincular personalmente a Biscayne [una de las firmas emisoras] y South Bay por lavado de dinero en Ecuador… Y me estás diciendo que no tienen los 20 mil que te he estado pidiendo desde hace semanas????”.

Para inicios de 2017 ya se conocían los nombres de Madison Asset LLC y Sentinel Mandate & Escrow Ltd., porque habían enviado giros a las empresas del entonces gerente de Petroecuador Álex Bravo Panchano. Sentinel pagó en 2013 en varios depósitos $ 796.000 a la firma panameña de Bravo Girbra S. A.; en tanto que Madison Asset envió $ 750.000 a Girbra y Gevabra S. A. en 2015. La punta del ovillo se encontraba en los papeles de Panamá, la filtración de archivos del estudio Mossack Fonseca, publicada por Diario EL UNIVERSO en 2016.

Parte de ese dinero fueron sobornos del empresario Ramiro Luque Flores, de Galileo Energy, contratista de Petroecuador, el primero en ser acusado en Nueva York por pago de coimas y lavado de activos. Posteriormente Luque viajó a Miami y grabó sus conversaciones con Chatburn, como parte de su colaboración con las autoridades estadounidenses, que sirvieron luego como pruebas contra el intermediario financiero.

Lo que no se conocía a inicios de 2017 fueron las transferencias de las empresas que usaba Odebrecht para pagar sobornos a Sentinel Mandate & Escrow Ltd. por un total de $ 4,6 millones entre septiembre de 2012 y 2014. Los depósitos se hicieron en el DMS Bank & Trust Ltd. y en el Cayman Institucional Bank, de acuerdo con la confesión de José Conceição Santos, director de la constructora en Ecuador.

Santos y su jefe, Luiz Mameri, confirmaron en sus confesiones que Sentinel recibió las coimas relacionadas con la obtención del contrato del Trasvase Daule Vinces con la Secretaría Nacional del Agua (Senagua).

Finalmente en Ecuador, ninguno de los ejecutivos de Biscayne Capital ha sido vinculado a los procesos de pago de sobornos a funcionarios públicos. (I)