Bancada de la Revolución Ciudadana denuncia “golpe contra la independencia judicial”, tras designación de Leonardo Alarcón como fiscal subrogante

La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana (RC) denunció que la designación de Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general subrogante, ante la ausencia temporal de Wilson Toainga, es un “descarado golpe contra la independencia judicial”.

A través de su cuenta en la red social X, la RC sostuvo que “en caso de ausencia definitiva del Fiscal General, corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) llevar a cabo el proceso de selección y a la Asamblea Nacional posesionar al elegido”.

“Jamás el Consejo de la Judicatura puede atribuirse la designación de un Fiscal General encargado”, precisó el bloque correísta.

A su vez, la bancada parlamentaria criticó que la Judicatura haya designado a Alarcón, basándose en un pronunciamiento del procurador general del Estado.

“Una vez más se intenta someter a la Fiscalía General del Estado al servicio del poder político (...) ninguna opinión de esa naturaleza puede alterar lo que la normativa establece con absoluta claridad”, dicta la misiva.

Cerca de las 21:40 de este viernes, 3 de octubre, con cinco votos a favor (unanimidad), el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) designó al fiscal Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general del Estado subrogante ante la ausencia temporal de Wilson Toainga, fiscal general encargado, quien viajará a Brasil.

Alarcón Argudo fue designado con los votos de los vocales Mario Godoy Naranjo, Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Fabián Fabara en la sesión extraordinaria n.º 090, convocada por Godoy, titular del CJ.

Previo a la reacción de la RC, la asambleísta de esta bancada, Viviana Veloz, también cuestionó que la decisión de la Judicatura y sostuvo que fue algo “arbitrario”.

Veloz observó que el CJ pretendería arrogarse una competencia que no le corresponde, con la designación de Alarcón, basándose en un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado (PGE).

“No se trata de un debate administrativo, sino de la vigencia del principio de legalidad en un Estado constitucional de derechos y justicia. Saltarse la Constitución, la ley y la institucionalidad solo puede conducir a la arbitrariedad”, dijo.

Alarcón Argudo es fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y ha trabajado en la Fiscalía General del Estado (FGE) durante 23 años. Su nombre tomó relevancia tras asumir procesos como el denominado Caso Nene, en el que se procesó al hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, Francisco Barreiro, por presunta oferta de realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.

Actualmente, tiene a cargo el caso Triple A, en el que se procesa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a 21 personas naturales y jurídicas, acusadas como presuntas autoras y cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo. (I)