Audiencia de recusación planteada por Pablo Romero no se instala en la Corte Nacional

Debido a que el líder de la desaparecida Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, y la jueza nacional Daniella Camacho no asistieron a la audiencia de recusación en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la diligencia se difirió la mañana de este miércoles.

La demanda de recusación fue planteada por Romero dentro del proceso judicial que investiga el delito de peculado que habría ocurrido dentro de la operación de inteligencia denominada Caminito.

Tribunal de la Corte Nacional no instala audiencia de juicio por recusación presentada contra jueza por Pablo Romero, exlíder de la Senain

Según Juan Carlos Perea, abogado del exsecretario Romero, su cliente ha asegurado que la jueza Daniella Camacho, desde el caso Balda, ha actuado contra él al momento de no excluir pruebas que él solicitó, de no dar nulidad y de inclusive validar un proceso que está ya prescrito. “Estas cuestiones tiene él sobre ella y para sentirse tranquilo está haciendo todo lo que la ley le permite”.

La jueza Camacho es parte del Tribunal de Juzgamiento del caso Caminito junto con la conjueza Mercedes Caicedo, quien reemplaza en la ponencia de la Sala al juez Marco Rodríguez y al juez nacional Byron Guillén. Justamente la audiencia de recusación debía ser llevada por Caicedo y Guillén.

La recusación interpuesta contra Camacho impidió que el 25 de mayo pasado se instale la audiencia de juzgamiento contra las cinco personas que fueron llamadas a juicio por el delito de peculado.

El Tribunal en ese momento explicó que si bien la recusación no suspende el seguimiento de la causa principal y que solamente una vez citada la recusación es que se suspende la competencia del juez recusado, se reconocía que la audiencia será extensa y el Tribunal no desea que la audiencia se declare sin efecto, por cuanto alguno de los miembros del Tribunal salga.

Pablo Romero, exfuncionario de Senain, es llamado a juicio por el delito de peculado

El 21 de octubre de 2019, el conjuez de la CNJ Richard Villagómez señaló, en su análisis para llamar a juicio a los cinco procesados en el caso Caminito, que “los actos ejecutados por los funcionarios de la desaparecida Senain procesados: Pablo Romero, Cecilia Santillán, Fernando Garzón, Walter Olalla y Juan de Dios Lozano, permiten establecer indicios de responsabilidad penal que derivan de la inobservancia de los procedimientos establecidos en la Ley”.

Romero, Santillán, Garzón y Lozano recibieron llamamiento a juicio en calidad de autores, mientras que Olalla es visto como cómplice.

Un informe con indicios de responsabilidad penal, de septiembre de 2014, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), dio origen a la investigación en la Fiscalía. El examen especial de la CGE fue realizado al uso de fondos públicos de gastos permanentes de la Senain, en el periodo del 1 de junio al 31 de agosto de 2013, fecha en la que se dio la operación denominada Caminito.

En esta operación las autoridades establecieron la inexistencia de documentos de soporte de la operación y la inconsistencia de tales documentos que han sido suministrados para el examen especial.

Las operaciones realizadas por la Senain en el periodo examinado sumaron $ 13,3 millones de los cuales se destinaron a la operación Caminito $ 110.984. En el análisis se estableció la existencia de pagos por montos de $ 10.000 hasta $ 63.621 para cancelar al informante con el alias el Ruso, ciudadano español llamado Edward Soler.

Los jueces que tratarán la recusación indicaron que se señalará nueva hora y día para que se lleve a cabo la audiencia y se notificará al Centro de Privación de Libertad de El Inca, en Quito, para que Pablo Romero pueda comparecer a la diligencia por medios telemáticos. (I)