Antes de que concluya julio, la Asamblea Nacional espera aprobar en segundo debate el proyecto de reformas constitucionales a los artículos 110 y 115 de la Constitución, cuyo objetivo es eliminar el financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos.
El plazo que tiene la Asamblea para aprobar los dos cambios constitucionales vence el 27 de julio próximo, y la comisión ocasional que trata estas reformas tiene previsto entregar el informe hasta el 23 de julio, según ratificó el presidente de la mesa, Esteban Torres (ADN).
El oficialismo espera aprobar este proyecto y con ello compilarlo a la reforma constitucional aprobada el 3 de junio pasado, con 82 votos, que modificó el artículo 5 de la Constitución, referente a la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador.
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Por el momento, el texto aprobado sobre el artículo 5 de la Constitución permanece en la secretaría general de la Asamblea Nacional, antes de ser remitido a la Corte Constitucional para una revisión, pues la idea es juntar todos estos cambios constitucionales para luego convocar a un solo referéndum a fin de que la ciudadanía se pronuncie en las urnas.
El asambleísta Esteban Torres señaló que la mesa espera entregar al presidente de la Asamblea el informe para segundo debate hasta el 23 de julio y, si es aprobada la reforma, el objetivo es llamar a referéndum sobre la eliminación del financiamiento de las organizaciones políticas y la presencia de bases militares extranjeras en el país.
El legislador nacional agregó que la intención de la comisión es aprobar un informe que recomiende al pleno la aprobación de la reforma y, con ello, quitar el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos.
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La vigencia de los textos constitucionales 110 y 115, referentes al fondo partidista y financiamiento de campaña, significa al menos $ 200 millones desde 2008. Es una cantidad bastante significativa y eso resultará en un ahorro en futuras elecciones si es aprobada la reforma, subrayó Torres.
Indicó que existen topes de gasto electoral, pero que el fenómeno que se observa es que hay campañas descomunales en las que no se refleja en papeles lo que se ve en las calles.
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Aclaró que no se deja abierta la opción de financiamiento externo para las campañas electorales, porque el Código de la Democracia mantiene los topes y hay nuevas responsabilidades para quienes manejan los recursos.
Lo que sí desaparece es el fondo partidista, que —según Torres— ha permitido que en las provincias pequeñas se presenten hasta 20 candidaturas para elegir asambleístas y 16 candidatos a presidentes de la República.
Su coideario Andrés Castillo también comentó que hasta el 27 de julio deben estar aprobadas las reformas constitucionales y eso obedece a un plan de trabajo.
Añadió que se construirá un informe tomando en cuenta todas las observaciones y minimizó las advertencias respecto a posibles financiamientos irregulares para las próximas elecciones, pues expuso que lo importante es tener una norma suficiente que permita regular las actividades proselitistas.
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Debate
Dentro del proceso de construcción del informe para segundo debate, la comisión ocasional este 9 de julio recibió aportes de académicos y expertos en derecho electoral como parte del análisis antes de la redacción del informe para segundo debate.
Nicanor Moscoso, experto en manejo financiero de campaña electorales, precisó que las regulaciones sobre el fondo partidista se aplicaron luego de las elecciones presidenciales de 1998, cuando en la opinión pública se decía que el entonces candidato presidencial, Jamil Mahuad, habría recibido un aporte millonario de un conocido banquero.
Allí se establecieron límites al gasto electoral, los cuales no se ajustan a la realidad del país, dijo, porque se obliga a los responsables del manejo económico a adecuar la contabilidad a esos montos máximos. No es partidario que se elimine el financiamiento estatal, pero sí regular el uso de esos recursos.
La docente universitaria Tatiana Santos planteó a la mesa que sería bueno votar artículo por artículo la reforma, porque esta implica derechos diferentes y están ligados. Agregó que los legisladores deben establecer si es conveniente o no mantener este financiamiento y planteó regular el uso de estos recursos y crear un fondo común para las organizaciones políticas en el que una parte sea producto de donaciones de los ciudadanos y esté administrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Héctor Tapia, catedrático de la Universidad de Otavalo y especialista en derecho electoral, subrayó que el fondo para los partidos políticos, como consta en la actualidad, es inconstitucional, porque beneficia a seis o siete organizaciones nacionales, cuando debería ir a todas.
“Todos o nadie”, este debe ser el principio que marque la entrega del aporte del Estado, anotó Tapia, quien insistió en que el financiamiento de la promoción electoral debería ser un apoyo igualitario y equitativo con estricto control estatal y de la ciudadanía.
La mesa espera reunirse la próxima semana para continuar en el debate antes de elaborar el informe para segundo debate, en el que se harán recomendaciones de aprobación de la reforma, a diferencia de lo que sucedió en el primer debate, en el que hubo un informe de posiciones, indicó el asambleísta Esteban Torres. (I)
