La Asamblea Nacional, presidida por el oficialista Niels Olsen, propone crear 18 nuevas leyes y reformar 34 normativas vigentes en materia de seguridad, salud, seguridad social, economía, agua y leyes que beneficien a los pueblos y nacionalidades indígenas.
La agenda presentada por Olsen, el 2 de julio, contiene un listado de 52 normativas, agrupadas en cinco ejes: seguridad, desarrollo económico, desarrollo social, medioambiente y lucha contra la corrupción.
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En el listado de las propuestas nuevas hay leyes que se refieren a temas de seguridad, eutanasia, reproducción humana asistida, prevención y control del cáncer, producción, ley de comunas y pueblos, y otros. Son las siguientes:
- Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria
- Código Orgánico de Seguridad del Estado
- Ley Orgánica de Ciberseguridad.
- Ley que regula los procedimientos eutanásicos
- Ley orgánica que regula el derecho a la reproducción humana asistida en el Ecuador
- Ley orgánica para la prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer en el Ecuador.
- Ley orgánica de régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas
- Ley orgánica de régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional.
- Ley orgánica de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos montuvios y afroecuatorianos.
- Ley para el fortalecimiento y desarrollo de las industrias culturales y creativas.
- Ley Orgánica de Producción, Comercio e Inversiones.
- Ley de protección y defensa de personas consumidoras y usuarias.
- Ley de Inteligencia Artificial.
- Ley de Fomento de la Agricultura.
- Ley orgánica plurinacional para la gestión integral e intercultural del agua, sus usos y aprovechamiento.
- Ley orgánica que regula el derecho a la consulta ambiental.
- Ley Orgánica de Aviación Civil.
- Ley para la Prevención de Conflicto de Intereses.
Reproducción humana asistida
Una de las novedades de esta lista es la Ley orgánica que regula el derecho a la reproducción humana asistida en el Ecuador, cuya iniciativa la presentó la Defensoría del Pueblo el año pasado.
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La entidad proponente señala que la creación de esta ley es esencial para garantizar el derecho de las personas a tomar decisiones libres y responsables sobre su vida reproductiva. Que todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, estado civil o situación económica, puedan acceder a estas tecnologías en igualdad de condiciones.
Considera que la regulación de la reproducción humana asistida en el Ecuador debe estar alineada con estándares internacionales de derechos humanos.
A nivel nacional, añade, existe un precedente relevante con la sentencia n.º 184-18-SEP-CC de la Corte Constitucional, en el caso de Satya, en el que se reconoció el derecho de una niña nacida mediante reproducción humana asistida a ser inscrita con los apellidos de sus dos madres.
Este fallo subraya la importancia de garantizar los derechos de familias diversas y de proteger a los niños y niñas nacidos a través de estas técnicas, asegurando el principio de interés superior del niño, su derecho a la identidad y su reconocimiento legal sin discriminación.
La Defensoría del Pueblo explica que el proyecto de ley debe incluir disposiciones que aseguren la tutela judicial efectiva y el debido proceso, garantizando que cualquier vulneración de derechos en este ámbito pueda ser abordada por el sistema judicial de manera rápida y efectiva.
La ley debe garantizar, indica, que las niñas y niños tengan acceso a la información sobre su origen si así lo desean, y asegurar que sean registrados y reconocidos como ciudadanos ecuatorianos desde el momento de su nacimiento, sin importar las circunstancias de su concepción.
El proyecto de ley, según la Defensoría del Pueblo, debe también reconocer y proteger la diversidad de estructuras familiares que existen en la sociedad ecuatoriana, asegurando que familias monoparentales, homoparentales y aquellas formadas mediante técnicas de reproducción asistida reciban el mismo nivel de protección y reconocimiento legal.
Fiscalización
El tema de fiscalización y control político no está contenido como parte de los ejes de la agenda parlamentaria.
El presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez (ADN), aclara que no se incluyó porque la fiscalización es dinámica y va de acuerdo a lo que ocurra en el país. “Ese dinamismo de la comisión provoca que el trabajo sea también muy acelerado”, anotó.
Alvarez explica que el plan de la Comisión de Fiscalización está centrado en dar justicia y verdad al país, y por ello, empezó la investigación sobre la actuación de los jueces y fiscales respecto a la liberación de detenidos por actos de delincuencia organizada en el marco de la declaración del conflicto armado interno.
Para continuar con este proceso de fiscalización, la próxima semana deberán acudir el contralor general del Estado y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y luego se hará una socialización del sector de abogados en libre ejercicio. Finalmente habrá un informe de recomendaciones para conocimiento del pleno. (I)