La Asamblea Nacional trasladó a la Comisión de Garantías Constitucionales la tarea de fiscalizar el VII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades 2022, porque hay la sospecha de que se produjo un posible etnocidio estadístico al pueblo afroecuatoriano.
Así lo advirtió la presidenta de la Comisión de Garantías, Paola Cabezas, quien preguntó cómo es posible que en el 2001 la representación del pueblo afroecuatoriano era del 4,8 %, en el 2010 pasó al 7,2 % y en el censo de 2022 es del 4,9 %. Es decir, volvió al peso poblacional de hace 22 años, afirmó.
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La mesa legislativa, según la resolución del pleno aprobada este 20 de febrero, tendrá la competencia de fiscalizar las inconsistencias técnicas, costos en la implementación, además de verificar y constatar los resultados del Censo Nacional 2022, con la participación activa de los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montuvio. Tras la investigación, la Comisión presentará un informe no vinculante.
Cabezas explicó que en septiembre del año pasado, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Roberto Castillo, al presentar las proyecciones de la población, dijo que éramos 16´900.000 ecuatorianos, pero que este 19 de febrero de 2024 rectificó y señaló que somos 17´700.000. Eso demuestra que el censo fue mal organizado y mal planificado, afirmó.
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La asambleísta recordó que la fiscalización empezó por la preocupación del pueblo afroecuatoriano, que notó una reducción significativa en el censo y que eso se establecería como un posible etnocidio estadístico, y también muchos asambleístas han señalado que no fueron censados. Eso implica, añadió, que el censo del gobierno de Guillermo Lasso fue un fracaso.
La investigación que iniciará la Asamblea Nacional, según la legisladora, tiene por identificar qué pasó con los $ 80 millones para un censo que no obtuvo los resultados que esperaban; luego se realizará un seguimiento poscenso, porque a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, aseguró Cabezas, contrataron una consultoría justamente para validar el censo.
Dijo que saltan las dudas, porque muchos de los técnicos que hicieron esa evaluación son funcionarios del INEC, entonces no pueden ser juez y parte para decir que han hecho bien el trabajo. Para ese proceso de fiscalización pedirán la comparecencia de la Contraloría General del Estado.
Con la fiscalización se determinarán las responsabilidades tanto administrativas como políticas en el proceso del censo.
Cabezas advirtió que es grave lo sucedido en el censo, porque justamente con esos resultados estadísticos se establece también la representación tanto en la Asamblea Nacional como en los concejos cantonales, y que de acuerdo a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral (CNE), en las elecciones de 2025 serían 151 legisladores los electos.
Con ello “estamos hablando de que si el censo está amañado, le están quitando una curul a Esmeraldas o le están quitando una curul y una representación al pueblo afro y esto es grave”, insistió la representante de la Revolución Ciudadana.
La siguiente semana se reunirá la Comisión de Garantías Constitucionales para establecer un cronograma de trabajo y establecer las comparecencias y la primera persona en ser llamada será el contralor general del Estado, que debería tener un informe sobre los recursos que se utilizaron en el censo. (I)