Asambleístas entran a fiscalizar si el Gobierno compró o arrendó el ‘software’ Pegasus para espiar a opositores políticos, periodistas y activistas

Este martes, 17 de diciembre, el pleno de la Asamblea Nacional determinará el inicio de un proceso de fiscalización de la presunta compra o arrendamiento por parte del Gobierno nacional del software de espionaje Pegasus como herramienta para espiar a opositores políticos, periodistas, activistas y ciudadanos ecuatorianos.

Las alertas sobre la contratación de este servicio de espionaje fue realizada por los asambleístas de los bloques Construye y Partido Social Cristiano (PSC), quienes motivarán la resolución legislativa para encargar a una de las comisiones especializadas permanentes el proceso de fiscalización.

El debate sobre este tema está contemplado en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional n.º 990 a partir de las 11:00 y consta como primer punto del orden del día.

La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, dijo que dará paso a la petición de las dos organizaciones políticas, que piden investigar una aparente modus operandi “de hacer espionaje a los opositores políticos, interceptar llamadas, redes sociales y los teléfonos, entre otros elementos, y es por ello que se ha solicitado comenzar una fiscalización adecuada para saber si es real o no que el Gobierno ha adquirido el programa Pegasus para hacer espionaje a los opositores políticos y utilizarlo como mecanismo de persecución”.

Veloz indicó que las dos bancadas legislativas han manifestado que, según fuentes humanas, les habrían indicado que el Gobierno ha adquirido el programa Pegasus, por eso el interés en fiscalizar, y será el pleno quien defina la derivación de la investigación a una de las comisiones.

La intención, añadió la presidenta de la Asamblea, es convocar al director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi, y al ministro de Gobierno, José de la Gasca, con quienes se tendrá que investigar si hubo la contratación, a qué costos y los objetivos específicos.

Un borrador del proyecto de resolución también incluye oficiar al embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid, para que en el marco de sus competencias proporcione cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del presunto uso del software Pegasus dentro de territorio ecuatoriano, especialmente en lo que respecta a la presunta implicación de actores estatales o privados en su adquisición y uso.

La intención de la Asamblea es abrir un proceso de fiscalización y designar a una de las comisiones, inicialmente estaba previsto que se encargue a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, pero esa posibilidad está aún por confirmarse; aun así se pretende establecer un plazo de 90 días para que la mesa respectiva presente un informe al pleno que deberá contener las correspondientes conclusiones y recomendaciones.

Los legisladores de las dos bancadas proponentes de la fiscalización consideran que el ordenamiento jurídico ecuatoriano sanciona la violación a la intimidad definida como todo acceso, interceptación, examinación, retención, grabación, reproducción, difusión o publicación de datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, sin contar con el consentimiento o la autorización legal correspondiente.

Sostienen además que estas prácticas no solo vulneran el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también tienen el potencial de poner en riesgo la integridad de personas periodistas y defensoras, a la vez que incrementa la autocensura en la prensa y desincentiva las labores de defensa de los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas dirigidas a asegurar la protección de dicho derecho de las interferencias de autoridades públicas y de personas o instituciones privadas.

Además, señalan que, con base en los antecedentes internacionales, existen precedentes en los que se ha determinado la responsabilidad de las empresas que fabrican y distribuyen softwares de espionaje, y se han impuesto sanciones y reparaciones a los afectados, lo que refuerza la necesidad de un proceso de investigación exhaustivo en Ecuador.

Por lo tanto, a nivel de la legislatura existe la preocupación ante el conocimiento de los fines que aparentemente tiene el software de espionaje sofisticado Pegasus, que se proporcionaría exclusivamente a Gobiernos con el propósito de monitorear actividades de organizaciones criminales y terroristas.

No obstante, según los asambleístas, diversas fuentes y reportes han señalado que, presuntamente, se podría estar utilizando este programa en territorio ecuatoriano para espiar a periodistas, opositores políticos, activistas y otras personas naturales o jurídicas, lo cual constituiría una grave violación a los derechos fundamentales y a las garantías establecidas en la Constitución de la República y en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además de que la presunta compra, arrendamiento o utilización del programa Pegasus para fines de persecución política o control social vulneraría derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el debido proceso. (I)