A la semana de instalada la Asamblea Nacional, las bancadas legislativas de Acción Democrática Nacional (ADN) y el Partido Social Cristiano (PSC) presentaron dos pedidos de juicio político en contra del exministro de Energía Fernando Santos Alvite y de Juan Zapata, exministro del Interior. Ambos tienen el respaldo de 35 firmas.
El juicio político al exministro de Energía y Minas lo presentó la asambleísta Nicole Saca Baldeón, representante del Guayas por ADN; mientras que el juicio al exministro del Interior fue planteado por el legislador Carlos Vera Mora, del PSC. Los dos procesos se presentaron este sábado, 25 de noviembre.
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Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, presidida por Pamela Aguirre, espera un informe del departamento jurídico del Parlamento sobre el estado de las solicitudes de interpelación de los procesos que se ventilaban antes de la aplicación de la muerte cruzada. La lista de solicitudes de interpelación que venían tramitándose en la mesa de Fiscalización dirigida por el asambleísta Fernando Villavicencio involucra a más de una docena de exfuncionarios.
Acusaciones a exministro de Energía
El exministro de Energía Fernando Santos Alvite está acusado de incumplimiento de funciones, pues la interpelante señala que el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud porque conocía la gravedad y la escasez de energía para este año 2023.
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La acusadora indica que Santos Alvite fue advertido en abril de 2023 por el operador nacional de electricidad a través del Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado 2023-2025, en donde indica que “durante el período de sequía, octubre de 2023 a marzo de 2024, para probabilidades de excedencia del 95 %, los márgenes de reservas de energía en el sistema eléctrico ecuatoriano no son adecuados, porque presentan valores inferiores al valor mínimo establecido del 10 %. Por lo tanto, con los recursos de generación existentes y proyectados a incorporar hasta marzo de 2024, no es posible garantizar el abastecimiento de energía eléctrica en el sistema nacional interconectado.”
Es decir que desde el mes de abril de 2023 se advirtió sobre la imposibilidad de garantizar el abastecimiento de energía al sistema nacional interconectado, lo cual no fue puesto entre las prioridades del entonces ministro Santos Alvite, evidenciando “la irresponsabilidad, la ineptitud y, sobre todo, el deber objetivo de atención que como máxima autoridad de energía tenía para atender esta inminencia”.
En el expediente se indica que los mandos medios y bajos de la entidad de energía manifestaron su preocupación por un evidente estiaje y sugirieron algunas acciones:
- Mantener niveles altos en los embalses del sistema nacional interconectado.
- Reparar/rehabilitar el parque térmico generador que se encuentre fuera de servicio.
- Autorizar solamente los mantenimientos que no afecten las reservas de energía y aquellos necesarios para garantizar la integridad y funcionamiento continuo de las plantas generadoras.
Además, se advirtió a la autoridad del ministerio que, en el caso de presentarse un escenario hidrológico seco y no cumplirse con la recuperación del parque termoeléctrico, contar con las interconexiones internacionales, la expansión de la generación, suministro continuo de combustibles líquidos y atención a los problemas de congestión en la red de transmisión, el sistema eléctrico podría enfrentarse a un racionamiento de energía en algunos meses de la época de estiaje.
Por lo tanto, se indica en el expediente, es evidente que la crisis se pudo evitar realizando las acciones necesarias para que esto no sucediera.
La legisladora que acusa al exministro señala que los apagones que hoy vive la familia ecuatoriana son un grave pero prevenible problema, pues atrás de este ataque a la productividad parece estar un nuevo contrato para la llegada de barcazas generadoras a costa del deterioro premeditado del parque generador térmico, así como la ineficiente operación y funcionamiento de grandes obras, como Sopladora, y principalmente a la inoperancia de los funcionarios que se encontraban al frente del sector.
A la interpelante le “cuesta trabajo pensar que a su edad y con su experiencia profesional se trate solamente de inoperancia; podría tratarse de un negocio infame que generó la necesidad de declarar una emergencia”, el 18 de octubre de 2023, para contratar energía eléctrica de barcazas extranjeras y a cargo de la Empresa Eléctrica Quito, es decir, de Marcelo Jaramillo, que pasó de ser viceministro de Electricidad a gerente de la Empresa Eléctrica Quito, quien lanzó el proceso para la contratación de una solución para “abastecimiento de energía eléctrica adicional que se requiera para satisfacer la demanda de energía a nivel del periodo de estiaje 2023-2024, con un presupuesto de $ 163 millones”.
Juicio a exministro del Interior
El legislador del PSC Carlos Vera Mora acusa a Juan Zapata Silva de incumplimiento de funciones y afirma que desde el 26 de septiembre de 2022, cuando fue nombrado ministro del Interior, la inseguridad en todo el territorio nacional aumentó y se agravó, sin que el funcionario en ejercicio de sus funciones ejecutara las medidas necesarias para combatir la delincuencia y retomar el control de la seguridad interna del país.
Además sostiene que el interpelado tenía conocimiento de la falta de equipamiento y personal de la Policía Nacional a su cargo para combatir la criminalidad, pero que tampoco accionó en el ejercicio del cargo, porque el Ministerio de Economía asignó para el 2023 un presupuesto de $ 96,9 millones, del cual de enero a junio de 2023 solo utilizó $ 8,6 millones.
En el expediente del juicio se señala que, hasta el mes de octubre de 2023, el exministro Juan Zapata, pese a la gran ola de criminalidad e inseguridad que vive el país, solo ejecutó el 29 % del presupuesto asignado a la cartera de Estado que dirigía.
Por lo tanto, señala el interpelante, pese a los grandes problemas de inseguridad y criminalidad que atraviesa el Ecuador, el exministro del Interior incumplió su principal función, que es la de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos.
Como consecuencia de la falta de ejecución presupuestaria debilitó el accionar de la Policía Nacional, ya que, al no contar con el equipamiento y personal necesario para combatir la inseguridad, los índices de criminalidad subieron y las muertes violentas, atentados, secuestros, violaciones, ‘vacunas’, narcotráfico, extorsiones, entre muchos otros delitos, se realizan a plena luz del día.
El asambleísta Carlos Vera Mora sostiene que el acusado no implementó mecanismos y planes de seguridad para mantener el orden público y garantizar la seguridad interna en todo el territorio nacional, lo que provocó como nunca antes un aumento del accionar delincuencial. Entre estos, menciona los siguientes:
- Asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia de la República, que se encontraba bajo protección de la Policía Nacional a cargo del interpelado.
- Asesinato de testigos protegidos que se encontraban bajo la custodia de la Policía Nacional.
- Asesinato de Charbel Rouhana, concejal del cantón Yaguachi.
- Asesinato de Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía de Puerto López.
- Asesinato de Bolívar Vera, concejal del cantón Durán.
- Asesinato de Rider Sánchez, candidato a asambleísta.
- Asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta.
- Asesinato de Julio Farachio, candidato a la Alcaldía de Salinas.
- Muchos más asesinatos de ecuatorianos víctimas de la falta de acción del interpelado.
Se suma esto la falta de reacción oportuna de la Policía Nacional a cargo del exministro Juan Zapata, que no cuenta con los mecanismos, equipamiento ni personal suficiente para combatir la delincuencia, denota la falta de accionar y liderazgo del principal responsable de garantizar la seguridad interna de los ecuatorianos y el incumplimiento de las obligaciones que constitucional y legalmente le competen, señala el interpelante socialcristiano.
Procedimiento
Estos dos expedientes pasarán a conocimiento del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien en un plazo máximo de cinco días pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) la solicitud de enjuiciamiento político.
Una vez conocida la solicitud, el Consejo de Administración Legislativa requerirá un informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad Técnica Legislativa, la cual remitirá dicho informe en el plazo máximo de tres días.
Luego, el CAL, en un plazo máximo de diez días, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite. (I)