La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, este 13 de abril, hizo la entrega simbólica a un grupo de maestros de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que entre otras cosas establece un salario básico de $ 1.000 para los docentes.
Las reformas determinan que el presupuesto del Estado y la programación presupuestaria cuatrianual incluirán una asignación para el sector educación equivalente al 6% del Producto Interno Bruto; y que la asignación presupuestaria para el sector educación no podrá ser disminuida durante el ejercicio fiscal y sus recursos deberán estar permanentemente disponibles.
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Ejecutivo remite al Registro Oficial las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional a la LOEI
Crea además un sistema de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin importar sus circunstancias económicas, físicas, psicológicas, origen y otra condición de discriminación. Las instituciones educativas, autoridades, docentes y servidores a escuchar, respetar, valorar e incorporar en las decisiones que se toman, las opiniones de niños, niñas y adolescentes; se brindará atención prioritaria y especializada en casos de violencia, acoso escolar u otras formas de vulneración de sus derechos.
Además, las instituciones educativas están obligadas a establecer programas y actividades de sensibilización contra la violencia y el acoso escolar, promover el respeto a la vida y a la integridad física de las y los estudiantes, difundir información entre estudiantes, sus padres y personas a cargo de su cuidado, los maestros y personal que trabaja con niños y niñas sobre los mecanismos de denuncia y remediación en casos de acoso, abuso y violencia en el entorno escolar. Se mapearán los riesgos de violencia en las instituciones educativas.
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Respecto a las remuneraciones de los maestros y profesionales de la educación pública, se establece que el piso de la escala salarial no será inferior al equivalente a 2,5 salarios básicos unificados. De momento, el salario se ubica en $ 400, por esa razón, el piso del salario de los maestros será de $ 1.000.
La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Jeannine Cruz (CREO), destacó que la ley es fruto de una lucha de más de trece años de maestros y estudiantes, quienes resistieron a la vulneración de sus derechos, como la precarización laboral, división del magisterio y persecución a los maestros; así como la lucha de muchas madres y padres de familia que vieron destruida la vida de niños, niñas y adolescentes que fueron violentados sexualmente.
Respecto al nuevo salario que tendrán los maestros por aplicación de esta ley, la legisladora señaló que antes era una utopía hablar de un incremento salarial a los maestros, pero que las reformas permiten reivindicar ese derecho. El salario de un maestro no supera los $ 700, y con ello tiene que mantener una familia y seguir preparándose para el ascenso en la recategorización.
Recordó que en el actual Gobierno se redujo $ 1.000 millones al sector educativo y que existe una alerta por parte de la Corte Constitucional que observó que hubo un retroceso en este derecho constitucional, por ello, dijo que tiene que retornar ese presupuesto.
Indicó que el actual Gobierno debe adelantar la elaboración del reglamento para la aplicación de las reformas a la LOEI, para que el nuevo Gobierno lo analice y ejecute. Que la ley está ahí y tiene que ser respetada, que espera que haya voluntad política para continuar con la defensa de este derecho y mejorar el sistema educativo.
De la Red de Maestros, Agustín Lindao, calificó de históricas las reformas aprobadas y señaló que eso permitirá que muchos maestros puedan de forma voluntaria acogerse a la jubilación con 30 años de servicio y sin límite de edad. Además destacó que existe una disposición transitoria que obliga al Estado a la restitución de aquellos docentes que fueron desvinculados durante la pandemia del COVID-19.
En cambio, Aracely Puetate, de la Federación de Educadores Populares, destacó la incorporación de los maestros comunitarios a la seguridad social y más derechos laborales, un reclamo postergado por más de 40 años. (I)