El enredo político derivado de la selección de Raúl González como superintendente de Bancos y Seguros, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entrará a debate en la Asamblea Nacional este jueves, 11 de agosto, con la incorporación de una resolución en la sesión plenaria 791 convocada antes del mediodía.

En el Parlamento existe la tesis, apoyada por más de 70 voluntades, de que se debe proceder a posesionar a González como máxima autoridad de la Superintendencia de Bancos tomando como referencia la notificación que realizó el CPCCS, tras la cual el presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, convocó a la sesión 788 el pasado 29 de julio con el único punto: “Posesión de Raúl Agustín González Carrión, en calidad de superintendente de Bancos, de conformidad con la resolución del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.

Ello significa, para los legisladores de los bloques de UNES, PSC, Pachakutik rebelde y disidentes de la Izquierda Democrática, no acoger la acción de protección que dictó una jueza de Samborondón que conllevó a suspender el acto de posesión de González.

González, de 34 años de edad, fue designado el pasado 20 de julio superintendente con cuatro votos de los consejeros del CPCCS: David Rosero, Juan Dávalos y Francisco Bravo y Sofía Almeida. Votó en contra Hernán Ulloa y se abstuvieron María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán.

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Esa decisión fue notificada a la Asamblea Nacional, pero una jueza de Samborondón aceptó una acción de protección por vulneración de derechos en contra de la decisión del CPCCS, por lo que el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, suspendió el acto de posesión prevista en la sesión 788, del viernes 29 de julio.

Una acción de protección frena la posesión de Raúl González como superintendente de Bancos

El litigio político-jurídico se mantiene desde hace doce días, cuando se suspendió la posesión ante la Asamblea, y luego hubo nuevas diligencias judiciales que dejaron sin efecto la acción de protección y en medio de ese escenario el CPCCS solicitó al Ejecutivo una nueva terna para la designación, y este la envió.

Tras esos hechos, se difundió en redes sociales un audio del consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo, en un diálogo con el seleccionado, Raúl González, en el que se escucha una conversación mantenida en el mes de julio, cuando estaba en curso la selección del superintendente.

El consejero de Gobierno, con tono enérgico, reclama a González por no haber renunciado a la terna que presentó el presidente de la República, Guillermo Lasso; de manera enfática, Caicedo menciona que el mandatario no quería que González siguiera en la lista de candidatos.

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Esos escenarios motivaron a los legisladores de UNES, Pachakutik rebelde y el PSC a consensuar la inclusión de un punto en el orden del día de la sesión 791, con una resolución general en la que se deje claro a la función Judicial que no se va a permitir la intromisión de la justicia en las atribuciones exclusivas de la Asamblea Nacional, reveló el coordinador del PSC, Esteban Torres.

Pero en las discusiones previas sobre la resolución se planteó que en el mismo texto de la resolución se incluya una disposición explícita para que el pleno exhorte al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a que posesione a la nueva autoridad de la Superintendencia de Bancos.

Torres manifestó que existe la decisión política de que más allá de que nadie conoce al funcionario designado, la Asamblea tiene que tomar una decisión. “Los escándalos del consejero de Gobierno, Aparicio Caicedo, obligan al Parlamento a posesionar y cerrar esta novela, nos guste o no”, añadió.

Sin embargo, el asambleísta del grupo rebelde de Pachakutik Mario Ruiz comentó que la posesión del funcionario seleccionado por el CPCCS es un asunto del presidente de la Asamblea, por lo tanto, deberá convocar a la reinstalación de la sesión y posesionar al superintendente de Bancos.

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Ruiz añadió que la Asamblea tiene que salir a hacer respetar la majestuosidad del primer poder del Estado y reclamar la independencia de funciones y no puede la justicia entrometerse en temas eminentemente políticos. “Creemos que el presidente de la Asamblea debe posesionar al designado que remitió el Consejo de Participación Ciudadana”, afirmó el representante de Imbabura.

Marlon Cadena, coordinador de la Izquierda Democrática, anunció que su bloque en este tema actuará con cautela, pues si se certifica que no se levantó la medida cautelar, no se podría posesionar a González.

Lo que preocupa al bloque, añadió Cadena, es que la justicia termine siendo taxativa en las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y defina qué es lo que debe o no hacer; pero que tampoco la ID puede irse en contra de lo que estipula la ley.

Salvador Quishpe, coordinador de Pachakutik, dijo estar preocupado con estos hechos. “Hay una confusión terrible en este caso, primero con la terna del Gobierno, luego las medidas cautelares y posteriormente la decisión de la jueza de dejar sin efecto las medidas, aún esperamos reunirnos para tomar una postura”.

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Quishpe es partidario de respetar si hay una decisión judicial, tomando en cuenta que la Asamblea puede caer en desacato, que es sancionado con la destitución del funcionario por no acoger lo resuelto por autoridad competente.

En cambio, la asambleísta Nathalie Arias de la bancada oficialista Acuerdo Nacional (BAN) advirtió que mal haría la Asamblea en posesionar a González como superintendente, que lo pertinente en este caso es pedir un criterio jurídico dentro del Parlamento.

Dijo que es un tema sumamente sensible porque se está hablando de una terna caída, de un proceso dentro del CPCCS y además se relaciona con las inquietudes que existen en algunos sectores sobre “un potencial asalto a las autoridades del control”. (I)