Asamblea Nacional debate enjuiciamiento político a Lenin Moreno por incumplimiento de funciones

La Asamblea Nacional definirá, este 8 de julio, si lleva o no a juicio político al exmandatario Lenín Moreno, por incumplir funciones al eludir lo ofrecido en su plan de gobierno; por presentar un informe de gestión de su último año fuera de tiempo, sin rigurosidad y por estar incurso en falsedad ideológica.El informe no vinculante elaborado por la Comisión de Régimen Económico y aprobado con cinco votos que vinieron de UNES, PSC y Pachakutik, también recomienda remitir el expediente a la Contraloría General del Estado para que inicie los exámenes y audite la administración de Moreno, así como a la Fiscalía General del Estado para que inicie una investigación fiscal porque el texto presentado por el exmandatario contiene afirmaciones que carecen de veracidad.La Bancada Acuerdo Nacional (BAN), integrada por legisladores oficialistas de CREO y del sector de minorías, se abstuvo en la votación del informe elaborado por la comisión, y que hoy conocerá el pleno de la Asamblea, que podrá aprobarlo o negarlo con una mayoría absoluta de votos.El asambleísta Pabel Muñoz (UNES) considera que el problema del informe del exmandatario se centra en la falta de cuidado en la elaboración técnica, a más de estar incompleto; por ello, es fundamental determinar si Lenín Moreno cumplió o no su propia planificación.Sin sesgo y con objetividad, se puede determinar que Moreno cumplió el 11,4 % de sus metas, eso habla de un claro incumplimiento de funciones, añade Muñoz, quien participó en la elaboración del informe no vinculante para conocimiento del pleno.Frente a este incumplimiento, anticipa que el pleno tiene que determinar si cabe un juicio político, aunque una interpelación depende mucho de la voluntad de un legislador que consolide un expediente, consiga las firmas y lo presente.Muñoz comenta que en su bloque hay voluntad política y los argumentos para enjuiciar a Moreno, pero la pregunta es “merece la pena dedicarle tiempo a esto”, cuando el país tiene preocupaciones más serias como la crisis institucional alrededor de la Contraloría del Estado; o las reformas legales que seguramente vendrán del Gobierno para enfrentar la pandemia.“El debate es si Lenín Moreno llega a tener la importancia que tienen otros temas en el país como para iniciar un juicio político, cuando el país sabe que el exmandatario le falló al país”, esa tesis llevará a reflexionar a la bancada de UNES.El asambleísta Diego Ordóñez (CREO) dice que se abstuvo de votar por un informe que no fue elaborado por la subcomisión que se designó, sino por el asesor de la presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño (PK), y el exministro correísta Carlos de la Torre.Que la gestión del gobierno de Lenín Moreno no puede ser juzgada sin analizar los efectos perniciosos de los diez años del gobierno previo: tendencia decreciente en la evolución del PIB; el incremento desmedido de deuda pública en tasas de interés onerosas; aumento insostenible del gasto fiscal; inexistencia de fondos de ahorro y contingencias; deterioro del mercado laboral; despilfarro y corrupción sin precedentes; y, debilitamiento moral y funcional de la institucionalidad.Ordóñez afirma que un análisis objetivo y responsable no puede tener la retaliación política como motivación. La oportunidad de elaborar un juicio a la gestión del gobierno de Moreno debe servir para mostrar lo inadecuado y destructivo, en términos de crecimiento sostenido y sostenible del PIB, empleo y oportunidades, del modelo estatista de gasto y deuda que caracterizó a los últimos 14 años de la historia económica y social de este país.En el informe presentado por el exmandatario, según la Comisión de Régimen Económico, no se encontró ninguna redacción que permita contextualizar la información cualitativa y cuantitativa expuesta en el marco de la realidad económica, social y política del país, como elemento de base para que pueda realizarse una evaluación adecuada de la gestión del Gobierno anterior.Que el endeudamiento externo aparece en el informe como el mayor logro económico, cuando el incremento neto del endeudamiento externo significa un retroceso a cifras similares a las del año 2001, que no vino acompañado de mejoras en el crecimiento, en los indicadores de pobreza ni en una mejora significativa de las reservas internacionales del país.El documento del exmandatario señala que al cierre del periodo gubernamental las decisiones han permitido que en cuatro años se reviertan positivamente varios indicadores y pongan al Ecuador nuevamente en el camino del progreso y el desarrollo, sin especificar el indicador. Pero que de la revisión de información económica realizada se concluye que ninguno de los indicadores relacionados a actividad económica, empleo, desigualdad o pobreza muestran tal reversión positiva, lo que abona en la percepción de que se procura generar una imagen tergiversada de lo que fue en realidad la gestión del Gobierno anterior en materia económica.En lo social, el informe no presenta datos específicos respecto a la ejecución presupuestaria desagregada por programa o tipo de atención vinculados a la Red de Protección Social; es un informe declarativo, no cuenta con fuentes de referencia, datos o estadísticas que lo confirmen.Además, los datos relacionados a beneficiarios y presupuestos ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social difieren de manera relevante con los datos proporcionados en el informe de gestión presidencial.El informe presentado no evidencia las estrategias de reducción del gasto corriente para atender la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, ni del impacto en el presupuesto relacionado a la protección social.Las cifras sobre vacunación, señaladas en el informe de Moreno, de un 70 % de la población ecuatoriana vacunada, corresponden a 12.425.893 personas, cifra que no concuerdan con lo señalado en el mismo documento en que se indica que se han aplicado 1,6 millones de dosis y hasta fines de mayo 401.335 personas cuentan con su segunda dosis de vacunas.Las cifras de educación presentadas en el informe del exmandatario no corresponden con las cifras de la propia cartera de Estado y las de otros órganos oficiales, en las que se evidencian avances menores a los reportados.En torno a seguridad, se concluye que el informe adolece de vaguedad, no muestra las cifras de ejecución presupuestaria necesarias para identificar el uso de los recursos asignados en los objetivos que señala en su plan de periodo. Por lo tanto, no es posible establecer la ejecución presupuestaria específica del periodo 2017- 2021, lo cual impide completamente hacer una evaluación en términos del uso de recursos.El informe del exmandatario no presenta una estructura ordenada para la exposición de la información, lo que dificulta su evaluación y contraste, a lo que se suman inconsistencias en las cifras cuando una misma variable se presenta más de una ocasión.Muchas de las cifras, en cuanto a supuestos logros en materia económica, social, de seguridad y de vivienda, están sobredimensionadas y no corresponden a los datos oficiales, muchos de ellos públicos.En el informe no se encontró ninguna redacción que permita contextualizar la información cualitativa y cuantitativa expuesta en el marco de la realidad económica, social y política del país, como elemento de base para que pueda realizarse una evaluación adecuada de la gestión del Gobierno anterior.Rechazar el informe de gestión del expresidente de la República Lenín Moreno Garcés, por haber cumplido solo 11,4 % de las metas de su propio Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, resaltando también que este documento fue entregado fuera de tiempo y en su elaboración no ha habido orden ni rigurosidad en el manejo de la información, presentándose cifras inconsistentes en el mismo documento, así como datos que discrepan de las estadísticas oficiales, además de que incluye afirmaciones sin los sustentos adecuados.Solicitar que la secretaria general de la Asamblea Nacional remita copias de la resolución adoptada por el pleno y el expediente elaborado por la Comisión de Régimen Económico, y del informe de gestión del expresidente a la Contraloría General del Estado, para que inicie los exámenes y auditorías de administración, gestión y las demás que correspondan por el incumplimiento notorio tanto de metas en lo económico y social, así como de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, sumado a una evidente falta de atención y de provisión de los recursos mínimos necesarios para atender las necesidades de los ecuatorianos en el marco de la pandemia COVID-19.Que se evidencia que el informe del exmandatario está incurso en falsedad ideológica. Precisamente porque son afirmaciones que carecen de veracidad; además de ello, son falsas las ideas en las que se quiere afirmar como verdaderas; en tal virtud, el pleno de la Asamblea Nacional debe remitir este informe a la Fiscalía General del Estado para el inicio de una investigación fiscal y a la Comisión de Fiscalización para el inicio del juicio político. (I)

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