En su primer mes de trabajo, la Asamblea Nacional ha aprobado cinco leyes, las comisiones han discutido diferentes proyectos de ley que se quedaron de la anterior y en materia de fiscalización, los pedidos de juicios políticos también se han procesado y algunos hasta ya se archivaron.

El Legislativo, que estará en funciones hasta mayo de 2025, se instaló el 17 de noviembre y la elección de sus autoridades y la conformación de las comisiones especializadas confirmó el acuerdo entre las tres fuerzas políticas que terminó aglutinando a 91 legisladores: 51 de la Revolución Ciudadana, 18 del Partido Social Cristiano y 22 del oficialismo, la Alianza Acción Democrática Nacional.

Este acuerdo ha sobrevivido el primer mes de labores de esta nueva Asamblea y dicen analistas y exlegisladores que su permanencia en el tiempo dependerá de que cada bancada anteponga las necesidades del país y no sus agendas políticas, si no consideran que tendrá los días contados y no habrá gobernabilidad. La agenda de fiscalización de cada bancada más que la misma aprobación de leyes del Ejecutivo la ven como el punto donde pueden surgir los primeros choques.

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César Litardo, expresidente de la Asamblea entre 2017 y 2021, comenta que este primer mes ha sido intenso para el Parlamento y que cuando comenzó el trabajo en sus roles de fiscalización y legislación se comenzaron a evidenciar intereses y posiciones de cada grupo político, como ocurre siempre.

“El gran reto que tienen las bancadas y las autoridades de la Asamblea es que esas diferencias que son políticamente normales permitan encontrar cuáles son las prioridades para el país y definir una agenda clara de legislación y fiscalización y lo que no es prioridad que se lo relegue como debe ser”, dice.

Para Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Asamblea en este primer mes ha actuado de forma responsable con el país en términos generales y dice que se evidencia que pretenden avanzar tanto en legislación como en fiscalización.

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“No vemos intentos de nuevas leyes sino de proyectos pendientes que se están retomando y es lo que se esperaba desde varios sectores”, dice.

Espinel cree que la permanencia del acuerdo entre fuerzas políticas no está garantizada y que será algo que se verá sobre la marcha.

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“Fue un acuerdo para la designación de autoridades no a largo plazo y esto hay que seguirlo viendo con el pasar del tiempo”, menciona y dice que es muy probable que los puntos de choque que se pueden presentar sean en materia de fiscalización.

Sesión 876 del pleno de la Asamblea Nacional. Foto: Alfredo Cárdenas.

Juicios políticos en trámite

Los juicios políticos que están en trámite actualmente en la Asamblea Nacional son en contra de Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social; Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura; Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas; Juan Zapata, exministro de Interior y por último el de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, los cuales deberán ser tratados en el orden de prelación de acuerdo con lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Litardo refiere que por más que los juicios políticos entren en el rol fiscalizador de la Asamblea, hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante.

“Urgente, entre comillas, decían que era que se complete el proceso de juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, pero no era urgente ni una prioridad para Ecuador con toda la situación que se vive y tomar en cuenta esa urgencia es lo único que permitirá que los acuerdos tengan éxito”, dice.

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Asimismo, dice que pese a que en la Asamblea la situación siempre será incierta teniendo en cuenta que la política es contextual, el juicio a la fiscal Salazar no contará los votos necesarios.

“El juicio a la fiscal empezó caído desde que inició, hay otras prioridades y si un grupo político quiere lavar su nombre a través de esto no es el camino correcto y al Ecuador le interesa más tener en claro qué pasó con los apagones, quiénes son los responsables y qué va a pasar con esto”, opina.

La Comisión de Fiscalización sesionó la tarde del 13 de diciembre para analizar los seis pedidos de juicios políticos que quedaron pendientes de la Asamblea Nacional disuelta por la muerte cruzada. Foto: @FiscalizacionAN.

Por su parte, Espinel comenta que en los últimos días se vio en la Comisión de Fiscalización a asambleístas con posturas distintas sobre archivar o no los procesos de fiscalización.

“El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la bancada oficialista, la bancada del PSC tienen una postura respecto al enjuiciamiento a la fiscal y esos puntos de choque los veremos justo en estos temas de fiscalización más que hasta en la misma aprobación de leyes como la que envió el presidente Noboa”, comenta y dice que es una Asamblea con tan corto tiempo en funciones que exige una atención permanente a sus acciones ya las mayorías medias que se pueden ir formando.

¿Qué leyes aprobó la Asamblea Nacional en su primer mes en funciones?

En tanto, en este primer mes la Asamblea ha logrado aprobar cinco proyectos de ley que quedaron pendientes en el Legislativo anterior.

El más reciente es la Ley de Salud Mental que promueve, regula y garantiza el pleno ejercicio del derecho a la salud mental de las personas en todo su ciclo de vida, bajo un modelo de atención integral y comunitario.

Los legisladores también aprobaron la reforma a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que tiene como objetivo mejorar la efectividad de los servicios públicos hacia la ciudadanía, cumpliendo el dictamen de la Corte Constitucional, sobre el cumplimiento de los derechos referentes a la identidad personal. Con estos cambios se viabiliza el cambio de sexo en la cédula de identidad, unir los nombres o rectificarlos, corregir los apellidos, entre otras modificaciones.

Otras dos nuevas leyes que contribuyen a la seguridad de los ecuatorianos también se aprobaron. Se trata del proyecto que crea herramientas para enfrentar los riesgos de desastres y el que regula el servicio de seguridad privada en el país.

La Ley de Vigilancia y Seguridad privada está encaminada a combatir la inseguridad, crea y regula el Sistema de Vigilancia y Seguridad Privada; la prestación de servicios de vigilancia para la protección de personas, bienes muebles e inmuebles y valores; formación y capacitación para los integrantes de este sector; y licencias para portar armas para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada.

En cuanto a la Ley de Gestión Integral del Riesgo de Desastres servirá para fortalecer las políticas de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación. También regula el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres para garantizar la seguridad y protección de las personas, las colectividades y la naturaleza, frente a las amenazas de origen natural y antrópico, con el objetivo de reducir el riesgo de desastres.

Y la primera ley que aprobó este nuevo Legislativo fue la de Equidad Salarial entre Hombres y Mujeres, con el objeto de garantizar la igualdad de remuneración y cualquier forma de retribución económica entre hombres y mujeres en su desempeño laboral o para un trabajo de igual valor. Así como erradicar las prácticas discriminatorias y «reducir la brecha por motivos de género.

La Asamblea Nacional aún tiene un un poco más de año y cinco meses para seguir legislando y fiscalizando. (I)