Ante ‘crisis sin precedentes’, el presidente de la Corte Nacional solicita nuevamente que se declare el estado de emergencia para la Función Judicial

La falta de seguridad y el incremento del crimen organizado dirigido hacia los servidores judiciales del país son uno de los puntos críticos que obligan al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, a solicitar nuevamente la declaratoria de estado de emergencia para la Función Judicial al presidente de la República, Guillermo Lasso, y al presidente temporal del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo.En los cuatro últimos meses, este es el segundo pedido de este tipo que hace Saquicela a las mismas autoridades. A finales de mayo pasado fue presentado el primero, en el contexto de reclamos de las autoridades y la ciudadanía sobre la lentitud del sistema de justicia, el proceder de ciertos jueces que habían tomado decisiones que generaban cuestionamientos y por las que se pedían sanciones.En el documento de mayo se indicaba que existen funciones claramente definidas tanto para el CJ como para el órgano jurisdiccional: la Corte Nacional, por lo que se calificaba de “inverosímil” que se pretenda atribuir a la CNJ la responsabilidad que debe cumplir el CJ.También se hablaba del retraso en el proceso de evaluación dentro de la Función Judicial y de un posible incumplimiento en la función de dirigir los procesos de selección, lo cual, se apuntó en la carta, “ha provocado que no se cuente con el personal suficiente para el normal desarrollo de las funciones que cada órgano de la Función Judicial está obligado a cumplir en beneficio de la colectividad en general”.“La CNJ considera de trascendental importancia que se declare la emergencia nacional en la Función Judicial, siendo importante para ello que el CJ se encuentre integrado de legal forma como lo disponen nuestra Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, evitando en todo momento la injerencia o participación de otras instituciones del Estado”, concluía para ese momento Saquicela. No se conoce de la respuesta que se dio a esa primera solicitud.Ahora el nuevo pedido para que se declare en emergencia a la Función Judicial llega días después de que el fiscal de Personas y Garantías del Guayas Édgar Escobar fue asesinado por sicarios al pie del edificio de la Fiscalía General en Guayaquil; y horas más tarde fue atacado a tiros el vehículo en el que viajaba el juez multicompetente del cantón Shushufindi (Sucumbíos) Víctor G.“Como es de su conocimiento, señor presidente Lasso, la Función Judicial del Ecuador atraviesa en la actualidad por una crisis sin precedentes, siendo uno de los puntos críticos de la misma la falta de seguridad e incremento del crimen organizado dirigido hacia los servidores judiciales del país”, refirió Saquicela en la carta enviada el 19 de septiembre pasado al primer mandatario y al presidente Murillo.Se resaltaba como ejemplo de la inseguridad existente que en lo que va de este último trimestre se han producido por lo menos seis muertes violentas contra fiscales y jueces que conocían de “causas sensibles” o procesos penales.Saquicela indicaba que como presidente de la CNJ y representante del Poder Judicial, en conjunto con los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia, presentaba por segunda ocasión el pedido para que se declare en estado de emergencia a la Función Judicial. La idea es que se efectúen las acciones correspondientes a favor de la seguridad de quienes forman parte de ese poder del Estado, se priorice la lucha contra el crimen organizado y principalmente se dote de las seguridades necesarias para cumplir el trabajo.Inmediatamente registrada la muerte del fiscal Escobar, la fiscal general, Diana Salazar; la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y la propia Corte Nacional exigieron a las autoridades con competencia en la materia de seguridad que adopten medidas urgentes para que se garantice que los funcionarios judiciales puedan realizar sus actividades profesionales sin riesgos. La respuesta fue una reunión en el Consejo de la Judicatura, en Quito. Para tratar temas relacionados con la situación de seguridad de los servidores judiciales del país y de alguna forma delinear una hoja de ruta se juntaron Murillo; el ministro del Interior, general (sp) Patricio Carrillo; el comandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas ; la delegada de la Fiscalía Anahí Briceño, entre otros funcionarios de la Judicatura.De forma inmediata se resolvió la instalación de una mesa técnica interinstitucional entre el CJ, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, para desarrollar y estructurar un sistema de seguridad nacional para la Función Judicial desde una perspectiva técnica y de inteligencia, en función de la determinación del riesgo por las amenazas vinculadas directamente con el narcotráfico y el crimen organizado.Otro de los acuerdos fue que la Policía Nacional priorizará la atención de los requerimientos de protección y seguridad de los servidores judiciales cuya labor tiene mayor exposición al riesgo.Además, se estructurará la Unidad de Protección Judicial para fortalecer los esquemas de seguridad de los servidores judiciales y usuarios del servicio de justicia , se realizará un estudio de las infraestructuras de justicia, para determinar su situación actual y establecer protocolos y procedimientos de seguridad actualizados, y finalmente se analizó la posibilidad de generar acciones para fortalecer, en el mediano y largo plazo, las capacidades físicas, tecnológicas y humanas de protección que requiere la infraestructura usada por los servidores judiciales.Hasta el momento no ha existido ninguna respuesta formal desde el Consejo de la Judicatura o desde el Gobierno central en relación con el pedido hecho por Saquicela. (I)

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