Alembert Vera: ‘Jamás podré compartir el criterio por el cual la Corte Constitucional blindó las acciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio con el único afán de protegerlas’

Un pedido de medidas cautelares a organismos internacionales para evitar una posible destitución que resuelva la Corte Constitucional (CC) prepara Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .Dentro de seis días, los siete vocales del CPCCS deben comparecer ante el pleno de la Corte Constitucional para explicar qué acciones tomaron para dar cumplimiento a un dictamen interpretativo de mayo del 2019 que protegió las actuaciones de cese y elección de autoridades de control del Estado que hizo el Consejo de Participación Transitorio.La diligencia está convocada para el 25 de septiembre desde las 10:00.Esto, luego de que en la institución se conformó una veeduría ciudadana para evaluar el cese de exjueces y la designación de los actuales magistrados de la misma Corte Constitucional.La reacción del máximo organismo de control constitucional del país tiene en expectativa al presidente del Consejo, Alembert Vera, quien este 19 de septiembre de 2023 convocó a la prensa para reprochar a los jueces por la activación de la fase de seguimiento de su sentencia.A opinión de Vera, se está inventando una acusación en su contra con el “deseo de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana”, y aseguró que el pleno “no ha tomado ninguna decisión” para crear esta veeduría.Al contrario, precisó que departamentos del organismo solo dieron cumplimiento a un fallo judicial de Leiver Quimis, juez de Montecristi (Manabí), quien aceptó una acción de protección y ordenó crear esta mencionada veeduría ciudadana para que diagnostique y evalúe el cese y designación de los actuales jueces de la Corte, realizada por el Consejo de Transición.“Existe contradicción entre la sentencia del juez y el dictamen interpretativo, y es a la Corte a la que le corresponde resolver el dilema. Lo que se busca es poner en tela de duda el alcance del poder ciudadano”, dijo Vera, y reconoció su discrepancia con el blindaje a las actuaciones del Transitorio.“Como profesional del derecho, jamás podré compartir el criterio jurídico por el cual se determinó la decisión de que la Corte Constitucional blindará las acciones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio con el único afán de protegerlas, situación que hasta el día de hoy sufre el Ecuador”, manifestó a la prensa este martes.Insistió en que en el Consejo “nadie está desobedeciendo o incumpliendo nada; lo que se ha puesto en el debate público, por la fase de seguimiento iniciada por la Corte, es la capacidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho de fiscalizar al Estado”.Criticó también que se está mezclando el seguimiento del dictamen interpretativo por la creación de la veeduría con la actuación del colectivo Acción Jurídica Popular , que acusó a la titular de la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, de presunto plagio de su tesis universitaria para obtener su título de tercer nivel.De este proceso de audiencia pública que se realizó en junio pasado, los consejeros Vera, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Yadira Saltos aprobaron un informe de investigación, incluso con indicios penales, para que se investigue a la fiscal Salazar, quien puso en conocimiento de la CC que estos hechos podrían afectar su dictamen constitucional.“Si este fuese un acto ilegal, ¿también se quiere evitar la lucha contra la corrupción? Si la actual fiscal general engañó al Consejo de Participación Transitorio con trabajos plagiados, ¿acaso esto no puede ser conocido por la ciudadanía?”, increpó Vera.Recalcó que este procedimiento de seguimiento de su dictamen activado por la Corte “no es jurídico, sino político y tan solo un nuevo intento de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana”.Para Vera, una posible destitución de sus funciones sería una “aberración”, pues es una autoridad electa por el voto popular, y advirtió que “sería una clara violación a los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.Por ello, informó que está preparando un escrito de pedido de medidas cautelares y demandas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que lo representa en una primera instancia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (I)

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