De más de dos millones de dólares ha sido la afectación a la minería ilegal en este 2025, que es más del triple del impacto económico contra las mafias dedicadas a esta actividad, en comparación con 2024.
Así lo informó el Gobierno nacional, este jueves 20 de noviembre de 2025. El Ejecutivo precisó que el golpe a la economía de la minería ilegal es el resultado de operaciones tácticas que han desmantelado infraestructura criminal utilizada para la extracción ilícita, incluyendo 41 dragas, 360 retroexcavadoras y 1.344 bocaminas conectadas a redes de financiamiento delictivo.
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Estas acciones, precisó el Gobierno, se concretaron a través de operaciones desplegadas a través del Bloque de Seguridad, “para asfixiar la economía criminal que por años se enriqueció destruyendo nuestro patrimonio natural”.
“La minería ilegal es hoy la segunda amenaza más grave para el Estado ecuatoriano. Destruye territorios, desplaza comunidades, financia a las mafias del crimen organizado y contamina ríos que sostienen la vida de miles de familias”, precisó el Gobierno.
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Asimismo, las autoridades precisaron que entre los operativos más relevantes que se han ejecutado está el de Imbabura, en Buenos Aires, que marcó un punto de inflexión, desmantelando estructuras que dominaban el territorio y controlaban zonas de extracción a gran escala.
De la misma manera, en Azuay, la operación en La Chonta, informó el Ejecutivo, “consolidó uno de los reveses más contundentes contra las mafias mineras del sur”.
“En Carchi se impidió el asentamiento de nuevos campamentos ilegales y se cerraron rutas emergentes utilizadas para transportar material aurífero. En El Oro, las intervenciones permitieron cortar redes que vinculaban extracción ilícita, contrabando fronterizo y lavado de activos. Los golpes también han sido fuertes en Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, Napo y Bolívar, territorios donde estas organizaciones pretendían expandir sus operaciones”, detalló el Bloque de Seguridad.
El régimen aclaró que cada acción ejecutada representa territorios recuperados y fuentes de financiamiento criminal neutralizadas. (I)