Por los próximos 24 días, una Comisión Verificadora del Consejo Nacional Electoral (CNE) revisará el cumplimiento de requisitos e inhabilidades de los 191 candidatos que aspiran a ser electos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en los comicios seccionales de febrero del 2023.

Esta actividad, contemplada en el calendario electoral, comenzó el lunes último y se extenderá hasta el 30 de julio, en la que esta Comisión observará que los 191 candidatos inscritos cumplan con los requisitos legales y no estén incursos en inhabilidades.

De forma paralela, esta instancia analizará las pruebas de cargo y descargo de las 162 denuncias que se presentaron en contra de los postulantes.

Activistas sociales, juristas y políticos constan en la nómina de inscritos para ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana

Los informes, tanto de verificación de requisitos como de las denuncias, se enviarán al pleno del CNE para que resuelva si los acoge o no hasta el 30 de julio. Luego, en un plazo de 48 horas, se notificará a los postulantes y a los denunciantes para que puedan impugnar esas resoluciones.

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Para presentar estas impugnaciones se fijó un plazo de cinco días, respecto de si los postulantes fueron inscritos o descalificados por las denuncias planteadas. Ese plazo correrá del 6 al 12 de agosto.

Aquellos que estén inconformes podrán presentar recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que deberá resolverlos hasta el 20 de septiembre.

Finalmente, el CNE publicará el listado oficial de candidatos el 23 de septiembre.

Esta Comisión Verificadora está integrada por diez personas, entre funcionarios operativos del Consejo y cinco delegados de los consejeros.

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Entre ellos están Nathalia Soriano, de la Coordinación Nacional Técnica de Participación Política; de la Coordinación Jurídica se escogió a Erwin Malacatos y de la Dirección de Procesos en el Exterior a Mario Munive.

De la Coordinación de Procesos Electorales está Luis Bonifaz (cercano a la consejera Esthela Acero) y Jessica García, de la Dirección de Seguimiento y de Gestión de la Calidad, que es cercana a la presidenta Diana Atamaint.

Cecilia Miñaca, de la consejería del vicepresidente Enrique Pita; Pablo Rivera, asesor de la consejera Elena Nájera; Lenin Sulca, de la consejería de Esthela Acero; Carlos Espín Armijos, de la consejería de Diana Atamaint; y Maribel Baldeón, en delegación del consejero José Cabrera.

Ellos deben observar que los candidatos cumplan requisitos como tener 18 años y gozar de derechos políticos, que tengan trayectoria en organizaciones sociales enfocadas, sobre todo, en iniciativas de lucha contra la corrupción.

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Deben analizar las certificaciones entregadas por los concursantes, en los que acrediten tener una “conducta intachable a lo largo de su vida” con cartas de emisores que los conozcan diez años atrás.

Por otra parte, se verificará que no estén incursos en 15 prohibiciones legales, entre las que están que no sean afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años, o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso.

No obstante, pueden postularse aquellos que se hayan desempeñado como concejales, vocales de juntas parroquiales y vocales del CPCCS, que busquen la reelección.

Tampoco deben ser miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo o representantes de cultos religiosos, entre otros.

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Candidatos al Consejo de Participación Ciudadana acreditarán una conducta intachable con ‘cartas’ de un emisor que confirme conocerlo diez años

Como parte de la nómina de 191 candidatos, hay decenas de funcionarios del Consejo de Participación que aspiran a ser consejeros, y consejeros que buscan la reelección. Es así como se inscribieron cinco autoridades en funciones: María Fernanda Rivadeneira, David Rosero, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Javier Dávalos.

Por ejemplo, se postuló Patricia Schettini (esposa de Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo, procesado por un presunto delito sexual), adherida al colectivo Coordinadora Nacional por la Revocatoria del Mandato, que impulsa la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso y su vicepresidente, Alfredo Borrero.

También constan juristas cercanos al expresidente de la República Rafael Correa, como Alembert Vera y Eduardo Franco Loor; el expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral Jorge Acosta.

Otros actores políticos como Mauricio Gándara, que fue embajador en Londres y ministro de Gobierno; Zaida Rovira, que remplazó a Freddy Carrión en la Defensoría del Pueblo; Angélica Porras, exintegrante del Consejo de la Judicatura Transitorio; Andrés Fantoni, excoordinador del Registro Civil; y Roberto Gilbert Febres-Cordero, exconcejal de Guayaquil. (I)