Nulo aporte legislativo en la construcción de leyes y aprobación de reformas para acuerdos entre Gobierno y organizaciones sociales e indígenas

El aporte legislativo de la Asamblea Nacional a los acuerdos entre el Gobierno nacional y las organizaciones sociales e indígenas, suscritos hace cinco meses, es nulo.De la suscripción de los acuerdos de octubre de 2022, en las diez mesas de diálogo, surgió la necesidad y el compromiso de impulsar la creación de cinco nuevas leyes y reformar al menos cinco normas que están vigentes, pero ninguna ha sido tramitada y tampoco ingresó a trámite.Tanto el Gobierno como el sector indígena tienen a sus representantes en la Asamblea Nacional, pero ninguno de esos dos sectores impulsó, en los últimos cinco meses, reformas que podrían contribuir al cumplimiento de los acuerdos.Hay que hacer un mea culpa, señala el representante de Imbabura por Pachakutik, Mario Ruiz, porque desde la bancada de Pachakutik no se motivó la aprobación de las leyes acordadas.Añade que últimamente surgió desde la bancada un nuevo grupo de asambleístas que se dicen representar a Pachakutik-Conaie, pero ni ellos han presentado proyectos sobre los acuerdos, porque hoy “están concentrados en ver cómo botan al presidente de la República y así ajustarse a la agenda de los correístas”.A nivel de Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos, asegura Ruiz Jácome, está listo para primer debate el proyecto de Código para la Protección de Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, en el que se aborda el derecho a la consulta previa, libre e informada para la explotación de recursos naturales en las tierras y territorios ancestrales, pero ese documento no surgió de las mesas, aunque se podría agregar en el segundo debate algunos aspectos que se acordaron entre el Gobierno y las organizaciones sociales, señala el legislador de Pachakutik. Estado de trámite A nivel de Gobierno se señala que los acuerdos que dependen del Ejecutivo tienen un avance importante, pero hay temas en que existe un estancamiento y en su mayoría se refiere a las reformas mineras que demandan una consulta prelegislativa y que a nivel del Parlamento se encuentra paralizado desde noviembre de 2022.Existen al menos seis proyectos de ley referentes a reformas a la ley de minería y que deben ser sometidas a consulta prelegislativa, pero para llegar a ese proceso se necesita hacer las visitas a las provincias, cantones, comunidades y pueblos.La comisión de Biodiversidad tenía listo un plan de consulta prelegislativa para ejecutarlo en el último trimestre de 2022, pero no pudo hacerlo por falta de presupuesto. Hoy nuevamente tiene un cronograma de visitas que aspira a empezar el 17 de junio en la provincia de Bolívar, y se estima que se extenderá hasta junio próximo, donde la última provincia en visitar será Carchi.Henry Llanes, uno de los delegados de la Fenocin a las mesas de diálogo, destacó que hasta el momento “ni una vocal” se ha puesto en los proyectos de ley que debían estructurarse. Lo más importante de todas estas reformas son las relacionadas a hidrocarburos, Petroecuador y minería, añade el dirigente.Describe que estas tres leyes deben ser cambiadas para proteger los ingresos del Estado producto de la explotación de los recursos naturales y que estos no deben ser menores al 50 % de la participación en la producción. Además, el Estado no debe recibir menos, en cuanto a utilidades y beneficios, de lo que recibe la empresa privada.Llanes señala que han pasado cinco meses y no existen resultados prácticos sobre la estructuración de los proyectos donde el Ejecutivo debió tomar la iniciativa y establecer un cronograma, y a nivel del Legislativo tampoco ha existido un interés por participar en la formulación de los textos a fin de facilitar la aprobación; aunque también reconoció que el sector indígena pretende abandonar las mesas.El representante de la Fenocin ante las mesas plantea que las organizaciones abran un espacio de diálogo y hagan esfuerzos para llegar a acuerdos sólidos, y superar los conflictos, las contradicciones. Luego hacer una correcta evaluación del trabajo.Pero que si no se llega a acuerdos, añade Llanes, las organizaciones sociales e indígenas podrían impulsar las reformas mediante iniciativa popular normativa; es decir, recoger alrededor de 33.000 firmas, donde no requerirán del Ejecutivo para la formulación de los textos y presentarlos a la Asamblea Nacional. (I)

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