Enero empezó con la muerte de tres periodistas en México, una cifra que recuerda la grave crisis de seguridad y violencia que vive el país norteamericano desde hace varios años y en particular quienes practican esta profesión, pues corren un peligro permanente.

Los tres comunicadores asesinados (entre el 10 y 23 de enero) se suman a los entre siete y diez del año anterior y a los entre 146 y 148 en los últimos 20 años, según datos de organizaciones como Artículo 19 y Propuesta Cívica.

“Desde el año 2000 a la fecha a los periodistas se les violenta... la escalada que presentamos es muy fuerte... Artículo 19 ha ido registrando que en el país se violenta de una u otra forma cada doce horas a un periodista. Es decir, dos al día son hostigados, violentados física o verbalmente y esto genera una situación complicada, primero porque el grueso de las agresiones provienen de figuras del Estado (federal y regional o incluso de las fuerzas de seguridad)... el 84 %... y en un segundo nivel vienen los ataques del crimen organizado”, comenta Darwin Franco, académico y director del medio independiente mexicano Zona Docs, de Guadalajara.

Él critica la situación actual, en la que además de los riesgos de las bandas criminales está la mala posición que tienen muchos políticos contra los periodistas como si fueran enemigos del Estado y eso genera que incluso gobernadores como los de su estado afrenten el trabajo periodístico.

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José Ibarra, profesor de Periodismo de la Universidad Iberoamericana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, menciona que el asesinato de Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez en Tijuana, y de José Gamboa en Veracruz en lo que va de 2022, son una lamentable muestra de que en el país es tan o más difícil ejercer esta profesión que en un país en guerra.

Un hombre se acerca al féretro durante el funeral de la periodista Lourdes Maldonado, en Baja California. Foto: EFE

Ibarra ejerció por quince años el periodismo antes de pasar a la enseñanza, y conocía a Maldonado y Martínez. Cuenta que la primera fue por un largo tiempo uno de los rostros más conocidos del periodismo en televisión en Baja California y el segundo tenía una larga trayectoria como fotoperiodista de notas policiacas.

Él comenta que Maldonado había pedido ayuda hasta al presidente Andrés Manuel López Obrador porque tenía un pleito laboral contra una empresa de un exgobernador de Baja California y su muerte (el pasado domingo) impactó en el colectivo de periodistas del país y provocó que luego de varios años se organizaran marchas en una treintena de ciudades del país el pasado martes.

Reporteros Sin Frontera ha considerado a México por tres años seguidos como el “país más mortífero para la prensa”, al registrar diez periodistas asesinados en 2019, ocho en 2020 y siete en 2021, además de tres desaparecidos. Y contabiliza a cerca de 40 periodistas desplazados de regiones con violencia, donde cada vez es más difícil informar.

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Periodistas de diferentes medios de comunicación protestan en el centro de la ciudad de Coatzacoalcos, estado de Veracruz. Foto: EFE

“Estamos ante un asesinato sistemático de periodistas a lo largo de 22 años en México... lo primero que vemos es la falla del Estado para garantizar el ejercicio de la libre expresión... Hacer periodismo en México es como estar entre la espada y pared. Estar en medio de una guerra de carteles y sin la protección del Estado. Hay una tercera parte, que son las condiciones laborales, que salen en el caso de Lourdes porque ella va a denunciar condiciones laborales que en la generalidad no hay respaldo por parte de las empresas de tener prestaciones, buenos salarios y brindar las herramientas de trabajo -especialmente fuera de Ciudad de México-”, apunta Ibarra.

En general, el tema de violencia en el país sigue siendo muy fuerte y ha habido una escalada en los últimos meses. A inicios de enero en Zacatecas hubo una matanza en donde se dejaron diez cuerpos frente a la Gobernación. Mientras, Michoacán vive un enfrentamiento entre carteles.

Ibarra comenta que solo en su ciudad, Tijuana, en 2021 hubo casi 2.000 homicidios.

“La violencia que vivimos no ha menguado a pesar de que hemos cambiado de partido en el poder. Lo que ahora vemos es que han incrementado dos delitos que son muy fuertes: por un lado las desapariciones, vivimos en un país con 95.000 personas desaparecidas... también se habla del incremento de los homicidios dolosos, que de 2006 a la fecha suman más de 350.000 personas asesinadas”, apunta Franco, quien añade que también hay otros problemas como tener trece feminicidios al día y miles de personas desplazadas por la violencia, lo que muestra una “crisis generalizada en materia de derechos humanos”.

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El ejército sigue en las calles para ayudar a la policía, la cual es acusada de tener nexos con grupos criminales en ciertas zonas, pero esto no ha cambiado mucho la situación y a veces hasta se piensa que lo que se hace es favorecer a algunas bandas más que a otras, según Franco, quien explica que el tema se ha erosionado tanto que en el país hay territorios en disputa por células del crimen organizado y el Estado en vez de reconocer el fracaso de la estrategia de militarización ha mantenido el discurso de que la violencia va a la baja y eso no es así.

Las autoridades han identificado 19 carteles en todo el país, pero el que se ha vuelto muy fuerte en los últimos años es el Jalisco Nueva Generación, que tiene presencia casi en todo el territorio. De ahí hay otros que se mantienen en zonas, como el de Sinaloa.

Especialistas han dicho que además de la respuesta de seguridad, para enfrentar el escenario se debería trabajar con los afectados y atender situaciones como la disparidad social, la precariedad laboral, cosas de las que se aprovecha el crimen organizado.

La representante en el país de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Balbina Flores, advirtió a EFE esta semana que “uno de los principales afectados” por esta violencia es la sociedad mexicana, porque ya hay “zonas de silencio que se han ido generando a lo largo de los años y que en este sexenio no ha sido distinto. Es decir, zonas donde ya los periodistas no pueden ejercer su trabajo periodístico”. (I)