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Imagen de la cárcel de Tocorón, el búnker del temido Tren de Aragua en Venezuela. GETTY IMAGES Foto: BBC Mundo

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Las autoridades venezolanas intervinieron el año pasado siete prisiones a través de amplios operativos militares y policiales, durante los que desmantelaron ocho “mafias carcelarias”, entre ellas la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde Tocorón, uno de los centros penitenciarios tomados por el Gobierno.

El pasado jueves, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de amplia mayoría oficialista, informó que unas 54.000 personas fueron excarceladas en Venezuela desde junio de 2021, cuando el Gobierno creó una comisión con el objetivo de hacer una “revolución judicial”.

Cada preso fue entrevistado

El primer vicepresidente de la Comisión de Política Interior, Julio García, citado en una nota de prensa de la AN, explicó que diputados y un “equipo multidisciplinario del sistema judicial” revisaron “cada expediente” y entrevistaron “personalmente” a los detenidos, que se encontraban en un total de 543 centros de reclusión.

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Esta “Comisión Especial para la Revolución Judicial” fue creada por el mandatario Nicolás Maduro para solucionar el hacinamiento en centros de detención y optimizar los procesos en materia procesal.

En noviembre pasado, varias instituciones acordaron acelerar los procesos judiciales de los privados de libertad, cuyas causas, según organizaciones no gubernamentales, acumulan retrasos de meses o años.

Penitenciarías sin armas ni droga

García aseguró que, tras las excarcelaciones, no han aumentado los índices de delincuencia, que “se mantuvieron en mínimo, gracias al apoyo de los organismos de seguridad”, mientras que los centros penitenciarios están controlados en su totalidad, sin “distribución de droga ni armas”.

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Los funcionarios incautaron 605 armas de fuego, 862 armas blancas y 399.587 municiones, de acuerdo con el balance oficial, que da cuenta también de la recuperación de 4.015 espacios dentro de estos centros y del traslado de más de 8.000 privados de libertad a otras prisiones.

Tras esta operación, organizaciones no gubernamentales alertaron de un aumento del hacinamiento debido a estos traslados. (I)

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