Venezuela vive una crisis política, económica y social desde hace varios años y el régimen de Nicolás Maduro ha sido acusado de atentar contra los derechos humanos, llegando la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una investigación.

Rafael Uzcátegui, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones locales con más reconocimiento en estos temas, habla de lo que representa para su país la nueva etapa que empezó la CPI.

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¿Qué significa para el país lo acordado?

Esto es una decisión que abre una ventana de justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Una ventana que no existía, porque precisamente estos mecanismos internacionales se activan cuando la justicia interna no da respuesta a las denuncias y las organizaciones de derechos humanos, junto con las víctimas, hemos ido acudiendo a todos los organismos internacionales de protección que tienen responsabilidad sobre derechos humanos en Venezuela y ellos han ido escalando los mecanismos de presión ante el deterioro de la situación... En primer lugar, es una oportunidad de justicia. En segundo lugar, es un logro agridulce porque hemos estado durante casi dos años haciendo muchos esfuerzos para llegar a este punto, pero que Venezuela tenga el triste honor de ser el primer país de América Latina que tiene una investigación formal en la CPI es muy lamentable... es lo que nos toca debido a la situación general de impunidad que existe.

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¿Qué ocurrirá inicialmente en el proceso?

Venezuela estaba en lo que se llamaba un examen preliminar por parte de la Fiscalía de la CPI y en este se aclaraban dos situaciones. La primera de ellas es si habían ocurrido crímenes en Venezuela que fueran de la competencia de la CPI, hecho grave que pudiera ser calificado como crímenes contra la humanidad y que fueran objeto de una investigación por parte de la CPI. En segundo lugar, luego que se haya constatado que habían ocurrido los crímenes contra la humanidad. Entonces ahora pasamos a una investigación formal en donde lo que se intenta es que de todas las situaciones que han sido denunciadas, que constituyen crímenes contra la humanidad, se abra uno o varios casos concretos para determinar responsabilidad.

Es decir, para hacer la metáfora judicial, hubo un muerto y ese asesinato no había sido correctamente investigado y ahora avanzamos a la fase de quién es el responsable de esa situación... también las autoridades venezolanas se comprometieron con la Fiscalía de CPI a cumplir sus compromisos derivados del Estatuto de Roma para intentar que los casos sean sancionados o sean procesados por la justicia interna. Pero eso es un compromiso que todavía estaría por demostrarse, apelando a la llamada complementariedad en el marco de las relaciones del Estado con la CPI... para las víctimas es una doble oportunidad, porque si no hay justicia interna, si no se hacen reformas, si no se abren los procedimientos, estaría entonces la actuación de la CPI.

¿La firma por parte del régimen busca un lavado de cara?

El Gobierno lo que intenta es tener la oportunidad de hacer los procesos judiciales dentro de Venezuela y evitar que que la Fiscalía finalmente abra las investigaciones, porque va a demostrar supuestamente una voluntad genuina de investigar y sancionar. Entonces esto tiene una trascendencia muy importante para los venezolanos, porque bueno, es que es muy fácil decir u opinar que esto es solamente un intento de ganar tiempo y lavar el rostro, que pudiera serlo, sino que el Estado venezolano tiene la obligación de transformar el sistema de administración de justicia para que los procedimientos judiciales sean considerados como genuinos, según los estándares de la CPI.

Y cuando se habla de reformar el sistema de administración de justicia, lo tiene que hacer mediante un acuerdo plural en donde participen los diferentes sectores de la sociedad para diseñar una política pública que garantice el acceso a la justicia... ahora (el Estado) está obligado a promover reformas reales al sistema de administración de justicia si quiere que la CPI finalmente no abra los casos sobre nuestro país.

¿Qué viene ahora con la CPI, hay un tiempo estimado para tener resultados?

No hay un plazo estimado porque ahora lo que se inicia por parte de la CPI es decidir cuáles son los casos que finalmente van a ser llevados a un procedimiento judicial. Nosotros esperamos y confiamos en que cuando se abran esos casos concretos, la Fiscalía cuente con todos los elementos probatorios de la responsabilidad de los autores materiales, intelectuales.

Y si bien queremos que eso sea lo más pronto posible, queremos que los casos estén suficientemente documentados, que tengan todos los elementos para poder generar precedentes importantes en materia de justicia. Entonces, si las reformas que el Gobierno promueva dentro del sistema de justicia o los juicios que realice contra violadores de derechos humanos no son genuinos, no son adecuados al debido proceso... entonces las organizaciones y las víctimas vamos a denunciar ante la CPI que no es genuina la voluntad del Gobierno y que, por tanto, es absolutamente imprescindible la actuación de este tribunal internacional. Es decir, que se demuestra la necesaria complementariedad de la CPI con respecto a las limitaciones de la justicia en Venezuela.

Esa es una “espada de Damocles” para el Gobierno, que ahora está obligado por todos los temores que le genera, por toda la expectativa de que altos funcionario pudiera verse involucrados en una investigación de esta, a promover reformas, por lo menos en la justicia, y esto sería un paso importante para un proceso de reinstitucionalización democrática en Venezuela, porque si no hay una justicia que funcione de manera independiente y adecuada, no hay democracia. Y si no hay democracia, tampoco hay garantías para los derechos humanos.

¿La decisión de la CPI tendrá alguna influencia en la posible participación de la oposición en las elecciones de este noviembre?

Había dudas de si se abría una investigación de la CPI eso iba a debilitar el diálogo y nosotros siempre pensamos que lo iba a reforzar porque obliga al Gobierno a generar espacios... porque en temas de derechos humanos cualquier política pública que quiera ser sustentable y legítima tiene que contar con el más amplio consenso... además para los candidatos opositores pudiera ser parte de su narrativa de campaña el decir que representan el cambio a un Gobierno que ha permitido crímenes contra la humanidad, que es la acusación más grave que se puede hacer en temas de derechos humanos. Esto puede entusiasmar a la ciudadanía en que es posible comenzar un proceso de reinstitucionalización de los poderes públicos, empezando por el de justicia. Una esperanza de que por este acompañamiento internacional pudiera comenzarse a generar condiciones para una salida política que hasta ahora no existía.

La sociedad civil ha hecho un esfuerzo importante en presionar para generar condiciones de participación electoral. Hay que recordar que dos de los rectores del CNE son activistas muy conocidos y eso ha generado un nivel de expectativa y además habría que vincularlo a la presencia de la misión de observación electoral de la Unión Europea que está en este momento desplegada en casi todo el territorio nacional... Aquí hay un sector importante de la oposición que ha abandonado la estrategia abstencionista de los anteriores procesos y creen que hay un camino, largo, para presionar para que haya condiciones para la operación del voto como mecanismo ciudadano de cambio.

Para nosotros como organización de derechos humanos, es una oportunidad de generar una salida menos traumática y pacífica al conflicto. Ojalá que esta presión de la CPI haga que haya sectores dentro del Gobierno que estén preocupados por ese golpe a la imagen internacional y también permitan condiciones para una transición a la democracia para evitar que estos organismos internacionales sean los que impartan justicia dentro del país.

Como organización de DD. HH., ¿qué quieren que conozca el mundo sobre la situación venezolana?

Esta es la peor situación de pobreza que ha sido diagnosticada por Provea en sus más de tres décadas. No contamos con cifras oficiales para medir las diferentes situaciones. Sin embargo, hay una encuesta de condiciones de vida realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, que afirma que la pobreza ya supera en Venezuela más del 70 %. (Estas personas) no ganan ni un dólar al día, porque de hecho el salario mínimo en Venezuela es alrededor de 3 a 5 dólares al mes.

Esto explica la crisis de migración forzada que experimentan los venezolanos, no solamente porque hay problemas políticos, sino especialmente porque hay una situación de pobreza muy aguda y además una situación de carestía social que ha sido agravada por el impacto de la pandemia en nuestro país, donde tampoco conocemos cifras reales de enfermos o fallecidos.

Además, la situación de los hospitales públicos para atender la enfermedad es muy precaria... y permanentemente tenemos cortes de los servicios eléctricos, de agua, de gas doméstico, que hacen muy difícil que una persona pueda mantener la políticas de restricción en su hogar. Bueno, es una crisis de múltiples dimensiones, de aumento de la pobreza, ausencia de instituciones democráticas, represión a la disidencia, a la expresión libre, y donde las organizaciones de derechos humanos y los trabajadores humanitarios trabajamos en un contexto de mucha amenaza a nuestra labor. (I)