Por Mauricio Claver-Carone*

La pandemia ha sido devastadora para los estudiantes de América Latina y el Caribe, donde las escuelas han estado cerradas durante 231 días en promedio, más que cualquier otra región del mundo.

Este desafortunado récord presenta una oportunidad para repensar la educación. Nos está sacando de la inercia que durante demasiados años ha impedido que se realicen importantes reformas educativas. Nuestros países hoy están implementando nuevos métodos de enseñanza, invirtiendo en aprendizaje híbrido y esforzándose por conectar a internet a todos los estudiantes.

Esta pandemia ha hecho que también se escuche la voz de las familias, que se suman a las demandas por una gran reforma educativa. Los educadores piensan que es una oportunidad única para transformar las escuelas y reducir la desigualdad entre jóvenes de diferentes entornos socioeconómicos. Los profesores declaran que el momento es “ahora o nunca” para ayudar a los 168 millones de niños que abandonaron la escuela durante la pandemia.

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Muchos Gobiernos están decididos a aprovechar esta oportunidad y trabajan con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en reformas innovadoras, no solo para que los niños vuelvan a la escuela, sino también para mejorar la educación de las generaciones futuras.

Mauricio Claver-Carone es el actual presidente del BID, organismo que impulsa programas de desarrollo en la región. Foto Archivo Foto: BID

Es cierto que cada país tiene necesidades específicas, pero nuestros estudios muestran tres tipos de reformas que son prioritarias para mejorar el acceso a la educación y los resultados de los estudiantes.

Primero, asegurar la reapertura segura de las escuelas. No parece relevante en países desarrollados, pero en América Latina cuestiones tan simples como el agua potable son fundamentales. También es crítico permitir el acceso a vacunas para estudiantes y profesores, además de protocolos para identificar y aislar a los infectados. Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay han conseguido acelerar la reapertura de las escuelas siguiendo todos estos puntos.

En segundo lugar, las escuelas deben ayudar a los más vulnerables, pueden identificar a quienes tienen más posibilidades de abandonar los estudios y darles incentivos para que no lo hagan. Una buena estrategia es reforzar y ampliar los programas de alimentación escolar, tal y como lo ha hecho Haití. Así ha conseguido retener y conseguir que los estudiantes de bajos ingresos vuelvan a la escuela. Otra estrategia es invertir en programas de protección de las trayectorias educativas. Ecuador viene realizando importantes esfuerzos en ese sentido al incrementar la oferta de nivelación y aceleración pedagógica para disminuir el rezago escolar.

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Los profesores también deben evaluar el nivel de “pérdida de aprendizaje” de cada estudiante y ofrecer planes para ayudarles a recuperar habilidades básicas. Modelos como el de Teaching at the Right Level han demostrado ser eficaces para remediar las pérdidas. El BID está trabajando con Belice para capacitar a los profesores en métodos similares.

Estas reformas deben incluir a los niños de preescolar, ya que debido a la pandemia muchos de ellos no están preparados para pasar al primer grado. En Perú, el BID trabajó con el Ministerio de Educación en un programa de matemáticas llamado MateWasi. Se transmite por radio durante las vacaciones de verano e incluye un seguimiento telefónico para que los padres puedan reforzar conceptos después de las emisiones. Los niños participantes recuperaron lo equivalente a un 25 % de un año de preescolar.

En el nivel secundario, los países deben promover tutorías personalizadas a distancia. Han demostrado ser una de las formas más eficientes, en cuanto al costo, de compensar las pérdidas. A tan solo $ 100 por persona, pueden hacer que los estudiantes recuperen lo equivalente a un año de clases de matemáticas. El BID está apoyando a cinco países a realizar programas piloto.

El Salvador y Uruguay están implementando sistemas para monitorear el progreso de los estudiantes. Si detectan cambios graves, envían alertas a los profesores. El objetivo es prevenir la deserción escolar.

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Por último, los países deberían acelerar la transición hacia sistemas de aprendizaje híbridos que eliminen las desigualdades y preparen a los jóvenes para prosperar, competir e innovar en la era digital. Para ello –y para superar las brechas de conectividad–, los Gobiernos deben forjar alianzas más ambiciosas con el sector privado. Costa Rica, Argentina y Jamaica han conseguido llevar banda ancha a escuelas en zonas de bajos ingresos de forma rápida y asequible con las llamadas políticas de “tasa cero”.

Digitalizar la educación no significa sustituir la interacción en persona, sino de darle más valor, de añadir aprendizaje personalizado para que aumenten la calidad y el compromiso en la relación entre profesores y estudiantes.

Hay abundantes pruebas que demuestran que esta estrategia funciona. La iniciativa uruguaya del Plan Ceibal transformó el sistema educativo al entregar computadoras portátiles a los niños y crear una amplia gama de nuevos servicios educativos, como las bibliotecas en línea. Panamá está adaptando un programa colombiano de recuperación de la alfabetización que utiliza evaluaciones y materiales personalizados para mejorar la lectura y la comprensión. Asimismo, Perú ha ampliado recientemente su plataforma Conecta Ideas, que utiliza la ludificación para mejorar el aprendizaje de las matemáticas.

Los Gobiernos pueden llevar a cabo las reformas de manera más eficiente si establecen alianzas innovadoras con el sector privado. En El Salvador, por ejemplo, el BID está ayudando a diseñar bonos de impacto en el desarrollo, en los que los inversores aportan capital para programas educativos y se les reembolsa en función de los resultados alcanzados.

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Los estudiantes, los profesores y los padres están exigiendo reformas como nunca antes, y el BID está dispuesto a financiarlas.

Los países solo tienen que aprovechar esta oportunidad; si lo hacen, toda la región se beneficiará no solo ahora, sino también en el futuro. (O)

* Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington D. C. y la principal fuente de financiamiento para América Latina y el Caribe.