Al menos 56 muertos y más de 900 heridos se contabilizan hasta el momento por las protestas que tienen lugar en Perú, según información de la Defensoría del Pueblo. El primer ministro peruano, Alberto Otárola, declaró este lunes en una investigación preliminar fiscal por “genocidio” al respecto de las víctimas, que en su mayoría son civiles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la violencia de las manifestaciones, como denuncias por ciudadanos con disparos en la cabeza y el tórax, e instó la semana pasada al gobierno de Perú a realizar una investigación imparcial.

Desalojo y detención de cientos de universitarios en protestas en diferentes ciudades peruanas contra la presidenta Boluarte

Esta indagación estará a cargo de la fiscal general Patricia Benavides, quien apuntará al el exprimer ministro Pedro Angulo y otros exministros.

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La presidenta Dina Boluarte también será investigada por su rol en las protestas. La mandataria ascendió al puesto luego del intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

Desde entonces, grupos sociales exigen la renuncia de Boluarte, la llamar a elecciones anticipadas y crear una Asamblea Constituyente. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a un paro nacional el 19 de enero, lo que causó que miles de peruanos se movilizaran a la capital.

“El pueblo nacional viene desarrollando las luchas democráticas cívicas, pacíficas”, dijo el Secretario General de la CGTP, Gerónimo López

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“Estamos viviendo uno de los niveles de violencia más alto de todos los últimos tiempos, después de los años 80, sin embargo, creo que las capacidades que está mostrando nuestra policía ha sido espectacular”, argumentó el ministro del Interior, Vicente Romero, a la televisora estatal TV Perú.

“Las protestas sociales aún van a seguir, estamos trabajando intensamente con el ministro de Defensa cómo solucionarlos”, declaró Romero. (I)