Tras un mes de protestas, la crisis más delicada de la historia reciente de Colombia sigue sin que se vislumbre una solución para los bloqueos y la inestabilidad política que impiden el normal funcionamiento del país, y mucho menos para problemas crónicos como la pobreza y la desigualdad.

Las manifestaciones contra el presidente Iván Duque, que se propagaron por todo el país en las primeras jornadas, aunque luego perdieron fuerza al tiempo que crecían las acciones vandálicas, dejan al menos 43 muertos, una cifra que varía según la fuente, 129 desaparecidos y cuantiosas pérdidas a la economía, desde empresas hasta campesinos y comerciantes.

Además, esta ola de protestas ha expuesto la falta de liderazgo de las partes no solo para calmar las aguas, sino también para abrir una negociación que conduzca a un acuerdo que tenga en cuenta las demandas de los jóvenes, convertidos en motor de las movilizaciones, y permita retornar a la normalidad a un país ya afectado por la pandemia.

Todo esto ha hecho que Colombia se encuentre en un limbo en el que, por un lado, el Gobierno, que juega con el tiempo a su favor, condiciona la apertura de una negociación al cese de los bloqueos en carreteras y ciudades, mientras que el Comité Nacional de Paro (CNP) se mantiene en sus trece de que la obstrucción de vías es una forma de protesta. Al mismo tiempo surgen dudas sobre la capacidad del CNP para influir sobre un movimiento de masas tan heterogéneo como el que participa en las protestas.

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“Yo veo el país estancado, porque no hay claridad sobre la capacidad real que tienen los dirigentes del paro nacional para cesar, con una orden, las manifestaciones que ocupan el espacio público en el país”, dijo a EFE el analista Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia.

Libreros señala que además está claro “que las voces de los dirigentes del paro nacional no tienen la conducción ni el liderazgo de los actos vandálicos y violentos”, y por lo tanto, un llamamiento a suspenderlos puede ser como un disparo al agua.

En tanto, el Gobierno del presidente Iván Duque, que no vio venir la tormenta del descontento popular, erró en el cálculo del coste político que tendría el proyecto de reforma tributaria que detonó esta crisis y sigue sin encontrar caminos para apaciguarlo.

“La respuesta del Gobierno nacional es lenta, no es asertiva, no es capaz ni siquiera de asumir la responsabilidad política por los abusos policiales, no encuentra un mecanismo que le permita dar respuestas inmediatas”, opina el analista.

Eso se debe, por un lado, a la oposición encarnizada que Duque tiene de un sector de la izquierda desde el inicio de su mandato y que es muy activa en las redes sociales, y por el otro, a la debilidad de su Administración, que a diferencia de otras crisis enfrentadas por presidentes colombianos no ha logrado atraer el apoyo de sectores políticos que podrían ayudarle a construir acuerdos y consensos.

Para Libreros, es evidente que “falta voluntad política del Gobierno” para liderar la mesa de negociación, que en dos semanas no ha pasado de la fase de diálogo preliminar, pues “fue vacilante sobre la necesidad de encontrar un mecanismo para acompasar las diferentes visiones que existen sobre la crisis en el país”.

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Por otro lado, considera que los dirigentes del paro están “envalentonados” porque con su convocatoria inicial de la protesta del 28 de abril “lograron concitar la atención de muchas personas”, y aunque hay un desgaste y cansancio de un amplio sector de la sociedad, principalmente con los bloqueos, las manifestaciones pusieron sobre la mesa el malestar social de buena parte del país.

Ese malestar sí ha llegado a los oídos de dirigentes como el concejal de Bogotá y exsenador Carlos Fernando Galán, del Partido Liberal, que hizo un mea culpa como miembro de la clase política “que no ha logrado un país suficiente para todos” y de un Estado que no actuó “con una contundencia capaz de evitar la bomba social que nos estalló en la cara”.

“Las situaciones complejas jamás van a cambiar de un día para otro, pero las situaciones complejas a veces necesitan de actos muy simples para abrir espacios que permitan por lo menos empezar a hablar. Hoy siento una negación muy fuerte de la tragedia que vive el país, en particular de quienes hemos estado del lado fuerte de la institucionalidad, del poder, del statu quo, como lo quieran llamar”, manifestó.

Sin embargo, los 30 días de violencia e incertidumbre parecen no ser suficientes para las partes, que se resisten a la negociación para resolver una protesta social que, todo indica, está lejos de terminar, dada también la proximidad de un año electoral como es el 2022, que tiene a muchos políticos haciendo cuentas sobre la conveniencia de sus movimientos. (I)