La situación política en Nicaragua es una preocupación para varios países.

La Policía de Nicaragua, que dirige un consuegro del mandatario Ortega, Francisco Díaz, mantiene bajo arresto a cuatro aspirantes presidenciales por la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.

El viernes, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pidió al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, que libere a los cuatro precandidatos opositores detenidos recientemente bajo cargos de alentar la “injerencia extranjera”, cuando faltan cinco meses para las presidenciales.

“Me gustaría referirme directamente al presidente Daniel Ortega: juegue limpio, libere a los opositores”, dijo Sánchez durante una conferencia de prensa tras reunirse en Costa Rica con el presidente Carlos Alvarado.

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Alvarado también se refirió al tema: “La única ruta viable y aceptable que hay es la liberación de los presos políticos, de los señores candidatos y la señora candidata. Esa es la única ruta aceptable desde un punto de vista de la comunidad internacional e incluso está en el mayor interés del pueblo nicaragüense”.

Un día antes, tras una cumbre presidencial del Sistema de Integración Centroamericana y España, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, también instó a Nicaragua a liberar a los opositores detenidos y se mostró preocupado de que la situación genere una oleada migratoria para la cual Costa Rica, y en general la región, no está preparada.

Ese mismo día, los cancilleres de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá, República Dominicana y España emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su “profunda preocupación” e instaron “a la inmediata liberación (de los detenidos) y a la restitución de sus derechos políticos”.

También al extitular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, al exvicecanciller José Pallais, a la activista opositora Violeta Granera y a dos excolaboradores de una oenegé, que han sido detenidos en la última semana bajo la acusación de diversos delitos.

Ante todo esto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido suspender del organismo a Nicaragua por “ruptura del orden democrático”.

La situación también se ve como una prueba política regional para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió defender la democracia en América Latina con un enfoque diferente al de Donald Trump, pero hasta ahora ha mantenido en gran medida las políticas de su predecesor.

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Una ofensiva así no se ve desde las dictaduras militares de los años 1970 y 1980 en América Latina, señalaron analistas.

Washington respondió sancionando a cuatro funcionarios nicaragüenses, incluida una hija del presidente. El Departamento de Estado dijo que consideraba a Ortega “un dictador” y prometió ejercer más presión.

Pero Trump también impuso sanciones a Nicaragua, así como medidas punitivas contra Venezuela, donde otro izquierdista, Nicolás Maduro, que gobierna desde 2013, ha visto intensificarse la presión estadounidense luego de asumir un segundo mandato hace dos años tras una cuestionada reelección.

Nicaragua es el segundo país más pobre de América después de Haití, por lo que Biden seguramente rechazará cualquier medida que pueda desencadenar una mayor migración al norte, máxime cuando la Casa Blanca ya enfrenta críticas por el flujo de solicitantes de asilo de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Martha Lorena Castañeda, una nicaragüense-estadounidense radicada desde 1984 en Washington, advirtió que su país natal podría convertirse en una nueva Cuba o Venezuela si Ortega es reelegido.

“Sería fantástico que Estados Unidos interviniera para ayudar, por ejemplo, enviando observadores para evitar corrupción en las elecciones. Muchos países deberían unirse para ayudar, y Estados Unidos debería tomar la iniciativa”, dijo.

Pasado y estrategia

Estados Unidos tiene un pasado difícil con Nicaragua: la Casa Blanca de Ronald Reagan financió clandestinamente a los rebeldes de la Contra en la década de 1980, que lucharon sin éxito para derrocar al Gobierno sandinista de izquierda de Ortega.

Washington trabajó a regañadientes con Ortega después de que el exguerrillero fue elegido para volver al poder en 2007 y se reformuló acercándose a los empresarios a pesar de su retórica marxista.

Ryan Berg, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), dijo que, más allá de las sanciones, es hora de tratar de romper los lazos de Ortega con “la clase empresarial rica de dos caras”.

“El mayor garrote es la suspensión de Nicaragua del CAFTA-DR (el pacto de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana) sobre la base de la cláusula democrática”, afirmó. “Esto haría que la gente del Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) sintiera que su pan está en juego”.

Según los expertos, otros líderes con tácticas de mano dura, como Nayib Bukele de El Salvador y Juan Orlando Hernández en Honduras, estarán prestando mucha atención a los pasos que dé Washington.

“Si no se intenta encontrar una solución a los déficits democráticos en Nicaragua, podría haber una especie de efecto dominó en otros aspirantes a autócratas de la región”, dijo Berg. “Sería un gran golpe para Biden, que promueve la democracia, dejar que esto suceda tan cerca de casa”.

El reto no es menor. “No hay combinaciones mágicas de zanahorias y garrotes que puedan desalojar fácilmente a los regímenes autoritarios arraigados en la cuenca del Caribe”, dijo Richard Feinberg, profesor de la Universidad de California en San Diego, en alusión a los “casos problemáticos de Nicaragua, Venezuela y Cuba”. (I)