En las recientes semanas la tensión política ha crecido en Nicaragua por acciones en contra de la oposición, llevando a otros países y organismos a poner sanciones y pedir cambios.

La ONU ha llegado a pedir que se libere a líderes opositores. El secretario general, Antonio Guterres, cree que lo sucedido “puede minar seriamente la confianza en el proceso democrático de cara a las elecciones generales de noviembre”.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue más allá y ha presentado a la presidencia del Consejo Permanente una petición de reunión urgente para tratar lo sucedido en el país centroamericano e incluso considerarse la “activación de los mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”, que establece que un país puede ser suspendido de la OEA si dos tercios de los Estados miembros deciden que se ha producido la “ruptura del orden democrático” y “las gestiones diplomáticas han sido infructuosas”.

Para Almagro, el gobierno del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, “se ha embarcado en los últimos días en una arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección pública, líderes sociales y empresariales, encarcelándolos sin ninguna garantía de sus derechos ni procesos judiciales”.

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El Departamento de Estado (cancillería) de los Estados Unidos puso sanciones a funcionarios nicaragüenses “por apoyar los esfuerzos de Ortega orientados a socavar la democracia, los derechos humanos y la economía”.

Las personas sancionadas son Camila Antonia Ortega Murillo, coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa e hija del presidente Daniel Ortega; Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN); Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua (ANN); y Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada del Ejército nicaragüense y director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).

Lo de Reyes Ramírez se debe a que “colidera la implementación de la nueva Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que podría obligar a las instituciones financieras nicaragüenses a realizar operaciones con personas designadas en Nicaragua exponiéndose al riesgo de facilitar transacciones pasibles de sanciones”.

Además, Reyes es una pieza clave dentro del gabinete económico de Ortega y un puente con organismos financieros internacionales. Por ello, expertos dijeron al diario nicaragüense La Prensa que va a ser un impacto severo en el régimen, incluso puede crear inconvenientes para recibir desembolsos ya acordados con organismos como el FMI, Banco Mundial y BID.

En el caso de Castro y Rodríguez, al primero EE. UU. acusa de que al ser miembro de comisión especial de Asuntos Electorales del Parlamento no acató “la resolución que emitió en octubre de 2020 la OEA, en la cual se instó a realizar las reformas electorales necesarias para que se lleven a cabo elecciones libres, justas y transparentes” en noviembre de 2021. Al segundo, por ser general de brigada del Ejército que ayudó a que se den “abusos de derechos humanos y ataques contra manifestantes, lo cual provocó la muerte de más de 300 personas y graves daños físicos y psicológicos”.

Ahora suman 28 las personas sancionadas por Estados Unidos, entre familiares, allegados y funcionarios; además de tres entidades, entre esas la Policía Nacional, señalada de violar derechos de los nicaragüenses, según AFP.

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La Asamblea Nacional de Nicaragua respondió condenando “enérgicamente” las sanciones, pero desde la comunidad internacional, especialmente en la región, van creciendo las voces de mayores acciones.

“El triángulo Nicaragua, Cuba y Venezuela no puede convertirse en una especie de un nuevo triángulo de las Bermudas de las Américas, donde desaparezcan por completo los DD. HH., la libertad y la democracia para siempre. La comunidad internacional debe actuar con contundencia”, dijo la dirigente opositora venezolana Olivia Lozano en Twitter.

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla también se pronunció y señaló que la comunidad internacional debe hacer más para enfrentar lo que pasa en Nicaragua.

“No es suficiente, porque de otra manera no estaríamos viendo a un régimen actuando como si nada pasara, es decir, intensificando (la presión) en lugar de acatar más bien los compromisos que habían impuesto a través de resoluciones, como la última (hecha por la OEA) de octubre del año pasado, en el sentido de que tenían que crear las condiciones para avanzar hacia unas elecciones libres, justas y competitivas”, dijo Chinchilla en una entrevista en CNN.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Oacnudh), entre otros, también han condenado los arrestos de los opositores y demandaron su libertad inmediata.

Las causas del problema

Quienes se oponen a Ortega están siendo detenidos e investigados de cara al inicio del proceso electoral por realizar presuntos actos que pasaron a considerarse ilegales cuando entró en vigencia la Ley 1055, denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, llamada también Ley Traición y que ha sido usada para detener a tres de los cuatro precandidatos presidenciales y a dos líderes sociales.

Los candidatos detenidos son el exdiplomático Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro García y Félix Maradiaga.

Además hay una ofensiva contra la candidata Cristiana Chamorro Barrios, quien está en arresto domiciliario acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997). Ella es la opositora que más apoyo popular tiene.

La organización local Monitoreo Azul y Blanco indica que entre noviembre de 2020 y abril de 2021 se han registrado 1.150 incidencias y hostigamientos contra opositores. El 90% de estos han sido realizados por miembros del oficialismo (FSLN), sus seguidores e incluso la fuerza pública.

La mayor parte se ha dado justamente en abril, con 384 casos.

Los medios de comunicación también han sido atacados. Varios periodistas y columnistas han sido llamado a dar declaraciones por publicaciones. (I)