Ley en Nicaragua, de solo dos artículos, facilita detenciones de aspirantes presidenciales y otros opositores

En Nicaragua los opositores políticos del presidente Daniel Ortega están siendo detenidos e investigados de cara al inicio del proceso electoral por realizar presuntos actos que pasaron a considerarse ilegales cuando entró en vigencia la Ley 1055, denominada ‘Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz’, la que ha recibido el calificativo de ‘Ley Traición’ y que ha puesto tras las rejas a tres de los cuatro precandidatos presidenciales detenidos hasta ahora y a dos líderes sociales.

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La Ley, compuesta por solo dos artículos y aprobada en diciembre, establece en el primero que los nicaragüenses podrán ser calificados como “traidores a la Patria” y no podrán optar a cargos de elección popular si encabezan o financian un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas.

Considera también ilegal los actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación del país y los que que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización. Según la Policía Nacional bajo estos cargos se han realizado tres de las detenciones.

El sábado, la detención del exdiplomático Arturo Cruz, cuando regresaba de EE. UU. y el martes, las de Juan Sebastián Chamorro García, de 50 años, -primo de otra precandidata arrestada, Cristiana Chamorro Barrios-, y la del precandidato Félix Maradiaga.

En el caso de Cruz, de 67 años, un tribunal le ordenó prisión preventiva por 90 días en respuesta a una solicitud de la Fiscalía, que requirió más tiempo para investigarlo por el “delito de provocación, proposición y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Chamorro García, de 50 años, fue detenido en su residencia, en el sur de Managua, que también fue allanada por la policía. El precandidato presidencial por la Alianza Ciudadanos por la Libertad estaba citado este miércoles a una entrevista al Ministerio Público en su calidad de representante de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, que dirigió del 2014 al 2019.

Por su parte, Maradiaga, de 44 años, fue detenido en el trayecto a su casa después de abandonar la sede de la fiscalía, donde por casi tres horas fue interrogado por “un rosario de acusaciones” sobre sus actividades dentro y fuera del país, según dijo a periodistas.

Bajo los mismos cargos que se les imputan a los tres precandidatos, la policía procedió con las detenciones del dirigente empresarial José Aguerri y de la líder de la sociedad civil Violeta Granera.

No obstante, en el caso de Maradiaga, la Fiscalía investiga también otra causa: incumplir “gravemente” y “haber desvirtuado” los fines y objetivos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP). ONG cerrada a finales de 2018 por el Parlamento, junto a otras organizaciones críticas con el Gobierno.

Otros actos que la Ley considerada ilegales también son el que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones y que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra Nicaragua y sus ciudadanos.

Además de la detención de los precandidatos, lo que según las leyes locales los dejaría fuera de las elecciones, el tribunal electoral eliminó al Partido de Restauración Democrática (PRD-Evangélico) y al Partido Conservador (PC-derecha), el más antiguo del país.

En tanto, la ofensiva contra los opositores comenzó hace una semana contra Chamorro Barrios, en arresto domiciliar y quien no pertenece a ningún partido, aunque sondeos de opinión le daban el mayor respaldo ciudadano después del presidente Ortega, quien según sus adversarios buscará un cuarto mandato sucesivo en noviembre, aunque no lo ha oficializado.

La opositora es acusada de lavado de activos a través de la fundación que lleva el nombre su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Las detenciones ocurren a cinco meses de las votaciones del 7 de noviembre y en medio del rechazo internacional, que exige la liberación inmediata de los detenidos.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este martes a través de Twitter la liberación de Chamorro García “y de todos los demás presos políticos”.

E instó a Managua “a que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega”.

El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno, alejado de la coyuntura mediática desde que dejó el cargo, se mostró activo en el tema.

“En Nicaragua buscan descalificar la candidatura de unidad de Cristiana Chamorro a las presidenciales, con un inventado proceso que terminó con su arresto. Esto evidencia temor a unas elecciones libres y transparentes. Mi solidaridad con Cristiana Chamorro. ¡Vivamos en democracia!”, tuiteó Moreno el 3 de junio pasado y este miércoles, volvió a referirse a la situación e instó a Almagro a proteger los derechos democráticos en la nación centroamericana.

Lenín Moreno, activo en sus redes ante la situación política en Nicaragua

“En siete días detienen a cuatro candidatos a la Presidencia de Nicaragua. Anulan la opción democrática con el uso y abuso de otras funciones del Estado para impedir elecciones libres. Las acciones urgentes de Luis Almagro son decisivas para la protección de los derechos democráticos”, sostuvo el exprimer mandatario ecuatoriano.

También el Departamento de Estado de Estados Unidos había dicho -tras la detención de Maradiaga- que el arresto “arbitrario” de un tercer opositor en Nicaragua demostraba que Ortega es un “dictador”.

“La comunidad internacional no tiene más opción que tratarle como tal”, dijo en Twitter la jefa de la diplomacia estadounidense para las Américas, Julie Chung.

La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, advirtió en una alocución a medios afines al Gobierno -sin referirse a los casos penales contra los opositores- que “la justicia llega tarde, pero llega”, tras mencionar que los avances de su gobierno fueron “violentados” por personas egoístas, haciendo alusión a las protestas de 2018 que se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (I)