El impacto de la violencia en la economía de los países de Latinoamérica supera el 4 % del producto interior bruto (PIB), lo que afecta a la inversión y la productividad, según la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).

Enfrentar la violencia es la condición básica para recuperar el rumbo del crecimiento regional”, incidió este miércoles María José Chaguaceda, analista de Cesce Riesgo País.

Añadió que la seguridad es un tema imprescindible para que el crecimiento económico de Latinoamérica, que este año se prevé del 2,2 %, pueda ser mucho mayor.

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Chaguaceda, que intervino en la sesión ‘Riesgo País: Una mirada al Sur Global’, matizó que el impacto de la violencia en el crecimiento del subcontinente varía por países.

Latinoamérica, que concentra el 8 % de la población del mundo, sufre el 33 % de los homicidios, lo que supone 130.000 al año. Por cada 100.000 habitantes hay 25 homicidios, más del triple de la media mundial, que es de siete, según los datos comentados por la analista.

Dentro de esa violencia, el narcotráfico es un factor fundamental: Latinoamérica es el origen del 90 % de la cocaína mundial, concentrándose la producción de hoja de coca en Colombia, Perú y Bolivia, según la especialista de Cesce.

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Indicó que el Banco Iberoamericano de Desarrollo (BID) estima el coste directo que tiene la violencia en Latinoamérica en el 1,08 % del PIB por el gasto estatal en seguridad; y en el 1,6 % por gasto privado en autoprotección, con un impacto en capital humano del 0,76 %.

Además, un 30 % de los inversores ve la violencia como el principal impedimento para entrar en países de la zona, entre los que hay grandes diferencias.

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UE-Mercosur, una oportunidad “tremenda”

Sobre el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, opinó que es una oportunidad “tremenda”, al crear un mercado de 700 millones de consumidores en un área que supone el 40 % del PIB mundial, la zona de libre comercio “más grande del mundo”.

Sobre los recelos de sectores determinados de la UE sobre Mercosur, como el agropecuario, manifestó “no es un acuerdo sin red”, sino que está muy bien articulado “para hacer frente a esas sensibilidades con diferentes mecanismos”, como cuotas, salvaguardas, un tribunal para dirimir diferencias o medidas temporales por la llegada masiva de un determinado producto.

La UE y el Mercosur firmaron el acuerdo de libre comercio en Asunción el pasado 17 de enero, tras 26 años de negociaciones.

No obstante, el 21 de enero el Parlamento Europeo decidió remitirlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que revise si es compatible con los tratados comunitarios, lo cual paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen. (I)

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