El último lunes dio inicio al juicio contra José I., un ciudadano latino en Estados Unidos acusado del asesinato de Laken Hope Riley, estudiante de Enfermería de la Universidad de Augusta, en febrero de este año. El caso ha captado la atención nacional debido a las circunstancias del crimen y a las implicaciones políticas relacionadas con la inmigración.
Riley, de 22 años, desapareció mientras corría en un parque cercano al campus universitario. Fue encontrada sin vida horas después, con signos de violencia que incluyeron golpes con un objeto contundente. La investigación llevó a la detención del inmigrante, quien había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2022. Según los fiscales, el hombre de 26 años habría actuado de forma premeditada y oportunista, siendo identificado por pruebas forenses y videos de cámaras de seguridad.
Publicidad
Según Michelle DiMarco, médica forense asociada en la Oficina de Investigación de Georgia, la causa de la muerte de la estudiante de Enfermería Laken Riley fue el efecto combinado de un traumatismo craneal contundente y asfixia, y la modalidad de la muerte fue homicidio.
La asfixia, que se refiere a la falta de oxígeno, puede incluir ahorcamiento, estrangulamiento manual o compresión física. Sin embargo, DiMarco no pudo determinar el tipo específico de asfixia en el caso de Riley. Tampoco se evidenciaron signos de agresión sexual.
Publicidad
El acusado llegó a Georgia después de pedir un vuelo “humanitario” desde el Hotel Roosevelt en Nueva York, que había sido habilitado como centro para inmigrantes.
José I. pertenecía al Tren de Aragua, grupo delincuencial que se ha extendido a lo largo de toda Latinoamérica en los últimos años, y su arresto fue realizado por la Policía de la Universidad de Georgia alrededor de las 23:00 del viernes 23 de febrero, luego de ser considerado el principal sospechoso de la muerte de la estudiante.
Este caso ha generado polémica debido al estatus migratorio del acusado lo que ha reavivado el debate sobre las políticas fronterizas, con figuras públicas como Donald Trump señalando al gobierno de Joe Biden como responsable indirecto. Además, el asesinato impulsó la aprobación de una ley en Georgia que endurece los procedimientos de verificación migratoria para personas detenidas.
Durante el juicio, la defensa ha argumentado que la evidencia es circunstancial y busca que el juez, en su doble rol como jurado debido a la renuncia de este derecho, considere una pena menor a cadena perpetua sin libertad condicional. Los fiscales, por su parte, presentan un caso basado en pruebas de ADN, registros telefónicos y testigos que lo vinculan directamente con el crimen.
La familia de Riley, presente en el tribunal, ha descrito su pérdida como devastadora. Amigos y allegados recuerdan a Riley como una joven amable y dedicada, miembro activa de su comunidad universitaria y de la hermandad Alpha Chi Omega. El juicio, que se cree que será breve debido a la contundencia de las pruebas, podría culminar con una sentencia que marque un precedente legal en el estado. (I)