Indígenas de Perú advierten de “movilización permanente”

Representantes de cinco grandes organizaciones indígenas de Perú se reunieron para denunciar “la opresión” que, según dijeron, ejercen varias leyes sobre sus derechos y advirtieron que iniciarán una “movilización permanente” si no son atendidas, tras una marcha pacífica que planea llegar este viernes hasta el Congreso en Lima.

“Es una advertencia de lo que se viene”, señaló el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Jorge Pérez Rubio, antes de indicar que comenzarán “una movilización nacional permanente frente al atropello y la vulneración de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas”.

La reunión, celebrada en la sede de Aidesep, contó con la asistencia de representantes de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), la Confederación Campesina de Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA), y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap).

Tras asegurar que “siempre” han estado “en un sitial de abandono de parte del Estado”, Pérez Rubio dijo que “en los últimos años (este tema) se ha vuelto más complejo”, debido al avance del crimen organizado, una situación que, según consideró, se ha propiciado “por descuido del Estado”, al que también acusó de “complicidad” y de dar “las leyes que lo propician”.

Entre las denuncias, se expuso el rechazo a una nueva ley que denominaron “antiforestal”, porque aseguraron que propicia el empleo de terreno otorgado para cualquier fin, sin necesidad de requerir un cambio de uso de suelo, algo que aseguraron que busca “favorecer a los grupos de palma aceitera, contribuyendo a la invasión de los territorios indígenas”.

Además, criticaron la modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que ahora establece que toda acción de una organización social con fondos de la cooperación internacional tendrá que ser previamente aprobada por el Estado.

Los dirigentes también exigieron que se derogue la Ley 32293, que declara de “necesidad nacional e interés social” el deslinde y la titulación de territorio de las comunidades campesinas para incorporar en el proceso de formalización a pobladores que posean construcciones informales, con fines de vivienda, ejecutadas entre 2004 y 2015.

“En las comunidades no debe haber posesiones informales”, remarcó la presidenta de Onamiap, Ketty Marcelo, antes de explicar que esta es “una tenencia colectiva, una forma de resistencia indígena” para oponerse a que se formalicen construcciones de este tipo sobre territorio comunal.

Las organizaciones rechazaron, asimismo, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el proyecto de ley que se plantea para reemplazarlo, conocido como Ley Mape, así como la Ley de Amnistía que fue aprobada en agosto pasado para militares y policías investigados o procesados por violaciones a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno de Perú (1980-2000).

Los líderes indígenas criticaron, además, las políticas de la Comisión Multisectorial de los Piaci (Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial) de la Amazonía, que rechazó la categorización de la zona de Yavarí Mirim, en la región selvática de Loreto, como una “reserva natura”, a pesar de que en ella existen esos pueblos.

Al respecto, la presidenta de la Fenmucarinap, Lourdes Huanca, dijo que esta medida “atenta”, no solo contra la vida de las poblaciones Piaci, que son comunidades itinerantes en situación de aislamiento, sino “también contra la biodiversidad y los recursos existentes que ayudan a las comunidades colindantes”.

“Esta ley es un atentado, un ecocidio y etnocidio, prácticamente, para la población y los territorios amazónicos”, enfatizó la dirigente. (I)