Esta semana Luiz Inácio Lula da Silva vio como las sentencias en su contra eran anuladas por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, y le permitían recuperar sus derechos políticos.

La voz del expresidente (2003-2010) siempre ha sido valorada dentro de la izquierda mundial y ahora con sus procesos legales dando un giro de 180° se inicia la incertidumbre sobre qué pasará con él en la víspera de un año electoral.

“Mi cabeza no tiene tiempo de pensar en 2022, en si seré candidato del PT (Partido de los Trabajadores) o de un frente amplio”, dijo Lula, dando a entender que luchará para que el presidente Jair Bolsonaro (extrema derecha) deje el poder ante un criticado manejo de la pandemia que hace de Brasil el tercer país con más casos de coronavirus (más de 11,3 millones) y el segundo con más muertes (273.000).

Lula había sido condenado por dos casos relacionados con la supuesta entrega, mediante testaferros, de un departamento de lujo (tríplex) por la constructora en Sao Paulo, y una casa de campo en Atibaia.

La anulación también incluye otros dos casos sin ser juzgados aún en la Corte Federal de Paraná. En una se lo acusaba de recibir un terreno de parte de Odebrecht para construir la sede del Instituto Lula en Sao Paulo, y sobre donaciones al instituto en 2013 y 2014, “para presuntamente pagar sobornos por contratos fraudulentos de Petrobras”, dice BBC.

Estos últimos casos tendrán que empezar desde cero. Mientras, los dos primeros casos tendrán otra línea a seguir, ya que lo que hizo Fachin fue aceptar la posición de la defensa de que las causas no eran competencia del juez del Lava Jato, Sergio Moro, y no por cómo se llevó el proceso.

Con esta decisión será una corte de Brasilia la que decidirá si el caso vuelve a primera instancia o comienza desde cero. Es decir, tendrían que volver a denunciar a Lula. Las mismas pruebas presentadas antes podrían volver a utilizarse.

Esto abre la puerta a una candidatura sin problemas, porque para impedirla debería haber una nueva condena de segunda instancia de un tribunal federal antes de las inscripciones de candidatos.

Sin embargo, la Fiscalía apeló la anulación, por lo que esta primero deberá ser juzgada por el pleno del Supremo Tribunal, formado por once magistrados, según medios internacionales como Télam y DW. (I)