Expertos y activistas participantes en las negociaciones que tienen lugar en Nairobi sobre el borrador para un acuerdo global sobre la biodiversidad afirmaron hoy que los pueblos indígenas deben tener “acceso directo” a los fondos dedicados a la protección de la diversidad biológica.

“Los pueblos indígenas deberían tener acceso directo a estos fondos sin los niveles actuales de burocracia”, dijo este miércoles en una rueda de prensa en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en la capital keniana Brian O’Donnell, director de la organización Campaign for Nature.

Nairobi acoge esta semana la última y cuarta ronda de negociaciones sobre el borrador del Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior al año 2020, que debería ser aprobado en la segunda parte de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica de la ONU (COP15), prevista para el próximo mes de diciembre en Montreal (Canadá).

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El reconocimiento de los derechos de los “pueblos indígenas y comunidades locales” es uno de los objetivos que menciona el borrador del acuerdo, donde la mayoría de puntos deben aún ser consensuados por las partes.

“Cualquier solución tiene que respetar la propiedad y el uso tradicional (de la tierra). No estamos hablando de expropiación ni enajenación de tierras”, subrayó Stephen Woodley, experto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN en inglés).

En este sentido, los expertos argumentaron que los pueblos indígenas son los mejores garantes de la protección de la naturaleza ya que, aunque la biodiversidad está disminuyendo en todo el mundo, en sus territorios “está disminuyendo a un ritmo mucho menor” gracias a sus estilos de vida tradicionales, según Jennifer Corpuz, del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB).

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Los expertos también llamaron a los países ricos a comprometerse a financiar las medidas necesarias para proteger la biodiversidad, otro de los puntos que las partes deben abordar en la reunión de Nairobi, después de que en la tercera ronda de negociaciones celebrada en marzo en Ginebra quedara clara “la brecha entre las promesas que se habían hecho y lo que se necesita”, señaló O’Donnell.

Las principales organizaciones defensoras del medio ambiente piden a los países ricos -incluyendo a la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Canadá y otros- que usen un mínimo de 60.000 millones de dólares para proteger la biodiversidad.

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El acuerdo marco busca establecer mecanismos para proteger la biodiversidad de sus principales amenazas, como el cambio climático, la contaminación, las especies invasivas y los organismos genéticamente modificados, la explotación insostenible y el uso inadecuado de la tierra y las aguas.

Uno de los puntos que incluye el borrador es la protección de al menos un 30 % del total de tierras y aguas del planeta para 2030.

En la actualidad, sin embargo, solo alrededor del 17 % de las áreas terrestres y aguas continentales y cerca del 8 % de las aguas costeras y de los océanos han sido declaradas como zonas protegidas, según dijo el PNUMA en mayo de 2021.

Organizaciones y activistas han criticado el borrador al considerarlo insuficiente y exigen un pacto más ambicioso y parecido al Acuerdo de París sobre el clima firmado en 2015.

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Estas negociaciones se realizan en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CBD), en vigor desde 1993, que cuenta con 196 países firmantes y que ahora busca adaptarse con nuevos documentos vinculantes a los retos actuales, incluido el cambio climático.

Esta convención cuenta con dos acuerdos suplementarios de importancia: el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, que intenta responder a los desafíos y posibles peligros de la biotecnología, y el Protocolo de Nagoya, que fomenta la cooperación en investigación genética en este campo. (I)