Más de 700 organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua fueron clausuradas por las autoridades de Nicaragua, 487 de ellas en el último mes, alertó un grupo de expertos de Naciones Unidas en un comunicado.

En una carta dirigida al Gobierno nicaragüense los expertos de la ONU aseguraron que la cancelación de la personalidad jurídica de cientos de asociaciones “representa un claro patrón de represión del espacio cívico.”

Añadieron que la limitación del derecho a la libre expresión en Nicaragua observada desde la crisis política de 2018 se ha acelerado con la aplicación de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro que entró en vigor recientemente.

En particular, esta segunda ley impone serios obstáculos para este tipo de asociaciones y limita significativamente el financiamiento externo.

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“Lamentamos observar, nuevamente, el uso indebido de leyes anti-terroristas y antilavado de dinero para restringir innecesaria y desproporcionadamente las actividades de la sociedad civil y las libertades fundamentales”, dijeron los expertos.

Entre los firmantes figuran el relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi, y la relatora especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Mary Lawlor.

Los cierres afectaron a organizaciones de derechos humanos, incluyendo a aquellas que trabajan para los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, además de algunas que proveen ayuda humanitaria y servicios médicos.

“Esta situación tendrá consecuencias aún más devastadoras sobre personas y grupos en situación de marginalización, que dependen de estos servicios para su supervivencia”, concluyeron los expertos. (I)