Mientras este viernes se esperaba que al final de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se decida si se adoptaba un proyecto de resolución sobre Nicaragua tras las polémicas elecciones en las que Daniel Ortega salió reelegido, organizaciones criticaba el accionar de dicho régimen durante la jornada electoral.

Desde que el proyecto de resolución fue impulsado el miércoles por ocho países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) se ha hecho más evidente la separación entre los que defienden que la OEA endurezca su posición y los que piden que no se entrometa, recuerda AFP.

El principal punto de la resolución propuesta es declarar que esos comicios no tienen legitimidad democrática.

El proyecto de resolución, que puede adoptarse por mayoría simple de 18 votos, pide al Consejo Permanente de la OEA que haga “una evaluación colectiva inmediata (...) a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”.

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En cualquier caso, el texto no pide abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados.

En tanto, de acuerdo con los observatorios Urnas Abiertas y Monitoreo Azul y Blanco, 35 personas fueron capturadas por la Policía Nacional de Nicaragua en el marco del contexto electoral, la mayoría en la víspera de las elecciones generales del domingo pasado, en las que el presidente Ortega fue reelegido para un quinto mandato, pero no reconocidas por varios países de la región.

Estos observatorios, dedicados a registrar incidentes violentos en el contexto de las elecciones y a investigar sobre detenciones por temas políticos, indicó que esos 35 son opositores al Gobierno y 23 de ellos fueron capturados un día antes de las votaciones, recoge EFE.

Entre los detenidos está la activista Nidia Barbosa, de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte del Ejecutivo en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018.

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Los observatorios indicaron que las capturas fueron ejecutadas desde cuatro días antes de las elecciones y durante la propia jornada electoral, en 10 de las 17 jurisdicciones de Nicaragua.

Hasta ayer las fuentes habían contado la liberación de nueve detenidos, incluyendo el periodista Elvin Daniel Martínez, capturado con la reportera Mileydi Trujillo el día de las elecciones.

Tras las últimas indagaciones, los observatorios establecieron en 26 el número de nuevos “presos políticos” en Nicaragua, que se agregan a otros 159 identificados hasta el 29 de octubre pasado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al que pertenece Monitoreo Azul y Blanco, cuyos datos cuentan con el respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La ola de arrestos contra opositores de la semana pasada es la más reciente en Nicaragua desde la ejecutada desde finales de mayo a octubre pasados, y en la que fueron llevados a la cárcel siete aspirantes a la Presidencia por la oposición, así como periodistas, empresarios, profesionales independientes, funcionarios de antiguos Gobiernos, entre otros, casi todos críticos de Ortega.

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El exguerrillero sandinista ganó las elecciones de Nicaragua con el 75,87 % de los votos, correspondientes al 65,26 % de los 4,4 millones de nicaragüenses aptos para votar, según las cifras del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Urnas Abiertas informó que la participación “real” de la población fue del 18,5 %.

Debido al encarcelamiento de los aspirantes presidenciales opositores, la eliminación de tres partidos políticos de oposición, la derogación de la observación electoral y la falta de garantías de unas elecciones “limpias, justas y transparentes”, la disidencia nicaragüense y la mayoría de la comunidad internacional desconocieron ese proceso.

El caso de Nicaragua es analizado en la 51.ª Asamblea General de la OEA, que se desarrolla en Guatemala. (I)